Entidades sociales, respaldadas por los partidos de izquierdas en la ciudad, se movilizan en apoyo de las personas que viven en el poblado chabolista de la Fórmula 1 de València. La plataforma en Solidaridad con los residentes en el antiguo circuito convocó una protesta-guardia ante un posible desalojo del casi millar de personas que habitan esta zona en condiciones de gran vulnerabilidad. Sobre estos terrenos se construirá el PAI del Grao, miles de viviendas a cargo de la firma Atitlan, y las plataformas sociales temen un gran desalojo que agrave la situación de estas personas, la mayoría de ellos migrantes.
La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, y el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Borja Sanjuan, han participado junto a sus concejales en un acto “ante la amenaza de un desalojo” en este asentamiento. Desde hace días circula información sobre un hipotético desalojo para este jueves, un extremo que fuentes de la delegación del Gobierno y de la Policía Local de València han negado. Estas fuentes recuerdan que para que se produzca un desalojo debe llegar una orden judicial.
La portavoz de València és Refugi, Ana Isabel Martínez, entidad que se encarga de velar por estas personas sinhogar, ha explicado que se trata de una extensión de 24 hectáreas donde hay unas 400 chabolas y viven 800 personas, algunas de ellas que han sufrido desalojos, “muchas españolas” y familias con menores, así como personas que están trabajando y han tenido que decidir entre “pagar techo o comida”.
Oltra cuestiona el modelo de ciudad de la alcaldesa María José Catalá, que “solo atiende a la especulación y a los intereses de los más ricos, y que abandona a su suerte a su gente”. Un modelo de ciudad, ha criticado, “que no cuida a la gente”.
La dirigente de Compromís ha reclamado una solución habitacional para estas personas en condiciones dignas, y ha lamentado que hay personas que trabajan y tienen que volver al terminar a sus chabolas porque las políticas de alquiler y de vivienda están orientadas “a que algunos ganen mucho dinero”, pues en el PAI proyectado la vivienda más barata costará 320.000 euros, una cantidad que no puede asumir un trabajador que gana el salario mínimo. En este sentido, Oltra ha criticado que el PP y Vox no apliquen la ley de vivienda de 2023 y se promueva un PAI que “hará que las viviendas se las queden fondos de inversión extranjeros y personas ricas”.
Por su parte, el portavoz socialista ha exigido respeto a las garantías judiciales de cualquier persona que resida en la ciudad y ha dicho que el Ayuntamiento distingue entre “personas, y personas sin hogar”. Sobre el PAI, Sanjuan reclama que se retrase su ejecución hasta encontrar una salida digna. Catalá tiene que paralizar el PAI del Grao hasta garantizar una alternativa a quienes viven en el asentamiento, señala el PSPV.
Catalá culpa a las políticas migratorias del Gobierno
La alcaldesa de València, María José Catalá, reprocha al Gobierno central sus políticas migratorias y lo vincula a la crisis de Ceuta. “En todas las grandes ciudades estamos pagando una política de descontrol y lo vamos a seguir pagando”. “La situación de Ceuta no es una situación aislada. Es una situación lamentable donde evidentemente se ha evidenciado que todo el aparato del Estado advirtió de lo que estaba por venir, que el presidente del gobierno no tomó acciones”, ha señalado en un comunicado.
En referencia al asentamiento, la alcaldesa ha afirmado que “lo tenemos absolutamente monitorizado por el Ayuntamiento”. “Los servicios sociales acuden dos veces a la semana. No ahora porque se ha puesto de moda, porque va la izquierda y hacen concentraciones en base a bulos y a desalojos ‘fake’. Llevamos ya muchos meses yendo dos veces a la semana y analizando quién está allí y por qué está allí”, ha dicho antes de confirmar que “no hay ni un solo menor”. “Porque cuando ha aparecido un menor, los servicios sociales del Ayuntamiento han procurado darle el recurso”, ha asegurado.
Catalá también ha confirmado que “hay una mayoría de saharauis y de argelinos marroquíes”. “Y los saharauis son, en este momento, apátridas por culpa de Pedro Sánchez. No se pueden regularizar y los tienen absolutamente abandonados. Hay claras dificultades para trabajar con ellos porque tienen una situación de indefensión jurídica evidente por culpa del Gobierno de España”, ha agregado.