La escena es tan absurda como inquietante: un hombre muerto que, para el Estado, seguía yendo a trabajar y cobrando por eso. Es lo que la Justicia intenta desentrañar en torno a José Luis Caro, que murió a fines de 2024 y aun así permaneció anotado en los registros laborales de la Municipalidad de San Isidro.
Caro perdió la vida el 8 de diciembre de 2024, tras un accidente en la vía pública en San Miguel. La denuncia que ahora sacude a la comuna la impulsó su madre, Olga Rafaelli, después de descubrir que el nombre de su hijo no había desaparecido de ningún lado.
Un trámite frenado que destapó todo
El primer indicio de que algo no cerraba llegó de la mano de Yamila Benítez, pareja del joven. Cuando intentó tramitar un beneficio social tras la muerte de Caro, el sistema se lo negó: figuraba que su pareja estaba empleada y percibiendo un sueldo. Por ese mismo motivo perdió la asignación familiar que cobraba, ya que en ANSES le respondieron que el hombre "trabajaba en blanco" en la Municipalidad.
El problema, claro, era que Caro estaba muerto.
Benítez se acercó entonces a la delegación de ANSES Hurlingham y, según consta en la denuncia, ahí le ratificaron lo mismo: su pareja seguía dado de alta como trabajador activo y el empleador que figuraba era la Municipalidad de San Isidro. El organismo le entregó la documentación de ese vínculo laboral, papeles que ya están en manos de la Justicia.
"Nunca trabajó para ninguna administración pública"
La palabra de la madre suma un condimento todavía más pesado. Rafaelli sostiene que su hijo jamás tuvo un empleo estatal: "nunca trabajó en el partido de San Isidro ni tampoco para ninguna administración pública", afirmó. Según su relato, Caro se rebuscaba por su cuenta como vendedor de teléfonos celulares.
Si esa versión se confirma, las preguntas se multiplican solas. ¿Quién lo anotó como empleado municipal? ¿Se le abrió un legajo? ¿Cuánto tiempo estuvo en la nómina? ¿Se liquidaron sueldos a su nombre? Y si esa plata salió, ¿a qué cuenta fue a parar y quién la terminó embolsando?
El foco, ahora sobre la comuna
La presentación judicial apunta a esclarecer si todo se explica por un error de sistema, por una negligencia dentro de la estructura municipal o si hubo una maniobra deliberada alrededor de esa supuesta contratación y del dinero que pudo haberse liquidado.
La muerte de Caro ya tenía su propio expediente, con intervención de la UFI N° 19 del Departamento Judicial de San Martín. Pero el hallazgo abrió un frente nuevo, que apunta directo a los registros de personal de San Isidro.
Ahí la documentación puede volverse decisiva. Cada alta, recibo, aporte o transferencia deja un rastro, y ese rastro debería permitir reconstruir quién metió al joven en el sistema y quién cobró por él.
La Justicia tendrá la última palabra. Pero hay una explicación que la Municipalidad de San Isidro está obligada a dar: cómo una persona que -según su propia familia- jamás trabajó para la comuna terminó figurando como empleado municipal y siguió apareciendo como trabajador activo incluso después de muerto.
Si fue un error, habrá que determinar cómo ocurrió. Si hubo pagos, habrá que seguir el dinero. Y si detrás del supuesto "empleado fantasma" hubo una maniobra, habrá que establecer quién la armó y quién se benefició.
Porque cuando un muerto aparece cobrando -o, al menos, registrado como si todavía trabajara-, ya no alcanza con echarle la culpa a una computadora.