Los espacios destinados al embarque y desembarque de pasajeros en el centro de Guayaquil son ocupados por vehículos estacionados en doble y hasta triple columna.
En algunos tramos, los conductores de los automotores incluso invaden las ciclovías, según constató este Diario durante un recorrido por la zona.
Una de las calles donde se evidencia esta problemática es 10 de Agosto, desde García Avilés hasta Boyacá y desde esta última intersección hasta Chimborazo.
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En el primer tramo, los vehículos estacionados en doble fila dejan prácticamente habilitada solo la ciclovía para la circulación.
Mientras que, entre Boyacá y Chimborazo, se observan automotores a ambos lados de la calzada: a la izquierda, donde sí está permitido estacionar, y a la derecha, sobre la ciclovía, lo que reduce el paso vehicular al carril central.
En estos puntos también se identificó la presencia de cuidadores informales que utilizan sillas para establecerse en las calles y conos para delimitar los espacios donde se estacionan carros y motos.
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Esta situación se repite en el pasaje comercial El Correo, ubicado en las calles Pedro Carbo y Clemente Ballén, donde se forman hasta tres filas de vehículos.
La ocupación de estas zonas afecta directamente a quienes necesitan detenerse brevemente para dejar o recoger pasajeros.
En lugar de utilizar los espacios habilitados para esa actividad, algunos conductores terminan parando en medio de la vía, lo que genera obstáculos para el tránsito.
John Correa, taxista que trabaja en el centro de la ciudad, sostuvo que la presencia de cuidadores impide incluso detenerse por unos instantes mientras se espera a un pasajero.
Según Correa, estos grupos reclaman el espacio y exigen pagos por estacionar, incluso cuando se trata de una parada breve.
“Tú ya no puedes ni siquiera esperar a alguien ahí cerca porque los cuidadores no te dejan. Dicen que les quitas tiempo y espacio”, comentó Correa, quien aseguró que las tarifas pueden llegar a $ 5.
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El taxista afirmó que, de lunes a viernes, los espacios ya están ocupados desde las 08:00. También cuestionó que los propios conductores contribuyan a mantener este sistema al aceptar pagar por estacionarse.
A su criterio, si los usuarios dejaran de entregar dinero a los cuidadores, estos perderían el incentivo para permanecer en esos lugares.
La problemática también afecta a los taxistas que necesitan dejar a sus pasajeros cerca de sus destinos.
Francisco Cabrera, otro conductor que trabaja en el centro, señaló que la ocupación de las zonas de desembarque los obliga a detenerse en plena calle. “El problema es que usted no tiene cómo dejar al pasajero y tiene que dejarlo en media calle”, manifestó Cabrera.
Añadió que los cuidadores colocan sus propios conos para impedir que otros vehículos utilicen esos espacios, incluso durante paradas breves.
El conductor también cuestionó los controles de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), pues consideró que las sanciones se concentran en los automotores que circulan o se detienen en lugares indebidos, sin atender la ocupación irregular de las zonas destinadas a los pasajeros.
Como alternativa, propuso implementar parquímetros que permitan regular el estacionamiento y establecer tarifas. A su juicio, el sistema debería contemplar que quienes cobren por el uso de los espacios también se encarguen de vigilar los automotores.
La propuesta coincide con el proceso de implementación de estacionamientos tarifados que impulsa el Municipio de Guayaquil en el centro de la ciudad.
La ordenanza aprobada en segundo y definitivo debate por el Concejo Cantonal establece la regulación y el control de estos espacios, con una tarifa de $ 1 por hora, un límite de cuatro horas y cinco minutos de tolerancia.
Andrés Palacios, conductor que trabaja en el centro y suele detenerse para realizar trámites, consideró que el modelo podría ayudar a ordenar el estacionamiento.
Como referencia, mencionó una experiencia que observó durante una visita a Santo Domingo, hace aproximadamente 15 días, donde -según el conductor- personal vinculado al Municipio cobra mediante dispositivos electrónicos y entrega comprobantes con el tiempo autorizado.
Según Palacios, el costo que recuerda era de 50 centavos por hora y el personal también vigilaba los vehículos.
El conductor explicó que el comprobante permite demostrar que el estacionamiento fue pagado si un agente de tránsito llega a verificar el lugar.
Por ello, planteó que una modalidad similar se aplique en Guayaquil y que se consideren experiencias de otras ciudades para mejorar la organización del espacio público.
La ordenanza municipal contempla la habilitación de 1.320 estacionamientos tarifados en un polígono que se extiende desde la calle Loja hasta Colón.
El primer perímetro identificado para la instalación comprende las calles Loja, Olmedo, Malecón y Boyacá.
La ATM prevé comenzar con aproximadamente 1.500 espacios y analizar posteriormente otros sectores mediante nuevos informes técnicos.
La medida responde, entre otros factores, a la elevada demanda de estacionamientos en el casco central. Un estudio determinó que alrededor de 149.000 vehículos se movilizan hacia esta zona.
En las calles Boyacá se registran cerca de 43.000 automotores; en Malecón, unos 41.000, y en Piedrahíta, aproximadamente 9.500.
En el área analizada se identificaron 1.912 plazas de estacionamiento, con una ocupación promedio del 93,60 % y una rotación de 2,62.
El estudio también detectó vehículos que permanecen estacionados durante más de seis horas, lo que reduce la disponibilidad de espacios para otros usuarios.
El sistema contempla pagos mediante una aplicación móvil o en efectivo con monedas. Además, la normativa reduce la multa por incumplimiento del 15 % al 7 % del salario básico unificado y establece un descuento del 25 % para quienes cancelen la sanción dentro de los primeros 20 días.
Sin embargo, la operación no será inmediata. El proceso contempla la sanción y publicación de la ordenanza, la socialización del estudio técnico y la selección de una empresa privada mediante un concurso de alianza estratégica.
Esta compañía asumirá la inversión y el riesgo del proyecto, a cambio de un porcentaje de los ingresos, cuya distribución todavía no está definida.
En cuanto a los cuidadores informales y comerciantes que trabajan en las zonas intervenidas, la ATM prevé realizar un censo para identificarlos e incorporar sus posibles funciones en las condiciones de operación del sistema. Las tareas que podrían desempeñar aún no están determinadas. (I)