El Real Decreto 416/2026 transforma desde este viernes las reglas de la jubilación flexible en España: los pensionistas que vuelvan al mercado laboral al menos seis meses después de haberse retirado podrán recibir un complemento de hasta el 25% sobre la pensión compatible con el empleo, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de mayo y publicada en el BOE ese mismo día, entra en vigor hoy tras un periodo de adaptación de tres meses. Sustituye a la regulación anterior, vigente desde 2002, y amplía las condiciones bajo las que un jubilado puede compatibilizar el cobro de su prestación con una actividad laboral.
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El importe del complemento depende de la jornada realizada. Cuando el trabajo a tiempo parcial se sitúe entre el 55% y el 80% de una jornada completa comparable, el pensionista recibirá un 25% adicional calculado sobre la pensión que percibía antes de acceder a la jubilación flexible. Si la jornada se encuentra entre el 33% y menos del 55%, el incremento será del 15%. Un pensionista con la prestación media de jubilación (1.572 euros brutos mensuales) que trabaje al 60% vería su pensión base ajustada a 943 euros; con el complemento del 25%, pasaría a percibir unos 1.179 euros mensuales, a los que se sumaría el salario del nuevo empleo.
La horquilla de jornada también se modifica. La normativa anterior permitía trabajar entre el 25% y el 75% de una jornada ordinaria; la nueva regulación eleva el límite máximo al 80% y fija el mínimo en el 33%. El complemento tiene carácter temporal: cuando cese la actividad laboral compatible, la pensión se restablece en su totalidad desde el primer día del mes siguiente al cese.
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Una de las novedades más comentadas del decreto es la extensión de la jubilación flexible a los trabajadores por cuenta propia, una posibilidad que hasta ahora quedaba vedada. Los pensionistas que compatibilicen su prestación con una actividad como autónomos percibirán el 25% de la pensión mientras mantengan esa actividad.
Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.
Para acceder a esta vía, deberán acreditar que no estuvieron dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la jubilación, un requisito con el que el Gobierno busca garantizar una interrupción efectiva de la actividad profesional. A cierre de junio de 2026, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registraba alrededor de 3,5 millones de afiliados al RETA.
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El decreto establece una excepción para quienes accedieron a la jubilación anticipada por causas ajenas a su voluntad, como despidos colectivos, despidos objetivos o concursos de acreedores. En estos casos, las cotizaciones realizadas durante la jubilación flexible podrán emplearse para recalcular la base reguladora y el porcentaje aplicable a la pensión, lo que permitirá reducir o incluso eliminar los coeficientes reductores que se les aplicaron al anticipar el retiro.
La norma también precisa quiénes quedan fuera de su ámbito de aplicación: los funcionarios civiles del Estado, el personal de las Fuerzas Armadas y los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia, que se rigen por sus propios regímenes especiales. Las jubilaciones flexibles ya iniciadas antes del 28 de agosto continuarán bajo la normativa anterior, de acuerdo con el régimen transitorio establecido en el decreto.
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La reforma se produce en un momento en que el sistema de pensiones afronta una presión creciente derivada del envejecimiento de la población. Según datos de la Seguridad Social, el número de jubilados en España pasó de 4,6 millones en 2005 a 6,5 millones en 2025, un incremento del 41,3%. En los cinco primeros meses de 2026, el gasto en pensiones de jubilación superó los 50.600 millones de euros.
Las nuevas altas de jubilación también registran máximos históricos. En 2025 se contabilizaron 375.324 nuevos retiros, la cifra más elevada desde 2005, frente a las 368.065 registradas en 2024 y las 326.949 de 2023. A ello se suma que España tiene una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), supera los 84 años, con 86,5 años para las mujeres y 81,4 para los hombres.
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El propio Gobierno reconoce en el texto del decreto que la jubilación flexible, regulada por primera vez en 2002, no había alcanzado los resultados esperados y que existían dificultades reales para el retorno al empleo de las personas jubiladas. La pensión media por jubilación se sitúa en 2026 en 1.572 euros brutos mensuales, mientras que la máxima ronda los 3.360 euros en 14 pagas.