Estados Unidos, Colombia, bases, operativas y narcotráfico quedaron en el centro de una propuesta presentada por un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano, que abrió la posibilidad de instalar esos espacios en territorio colombiano para reforzar la acción contra organizaciones armadas ilegales en regiones de difícil acceso, en medio de la nueva etapa de cooperación en seguridad que buscan la administración de Donald Trump y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
La iniciativa no se refiere, según la explicación oficial, a bases militares en sentido estricto. El esquema bajo análisis apunta a puntos operativos en zonas donde la presencia del Estado colombiano es limitada, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Policía Antinarcóticos frente a estructuras dedicadas al tráfico de drogas y a grupos señalados como terroristas.
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Según El País de Cali, la propuesta fue expuesta por el director de la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estado, Cartwright Weiland, durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre el futuro de la relación bilateral. Allí sostuvo que Washington contempla establecer esos espacios en áreas rurales y apartadas, donde operan muchas de esas organizaciones.
Weiland lo describió en estos términos: “Podríamos establecer bases operativas en territorios de difícil acceso que, en la actualidad, son esencialmente zonas sin control estatal; es algo en lo que nosotros en la INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) tenemos experiencia, y bien sabe usted que es precisamente en las zonas rurales donde operan muchos de estos grupos armados”.
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Las sanciones estadounidenses sobre el presidente colombiano Gustavo Petro y miembros de su entorno han reconfigurado el eje del diálogo bilateral, en vísperas del cambio de mando en Colombia. El Departamento de Estado estadounidense ratificó la vigencia de estas restricciones y condicionó cualquier revisión a acciones concretas por parte del mandatario saliente.
La inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton —la Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)— afecta también a figuras cercanas: su esposa Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
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El subsecretario adjunto para América del Sur, Luis Mendez, precisó durante una audiencia del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental que estas sanciones responden directamente a la gestión del mandatario.
La razón principal de las sanciones, según el Departamento de Estado, radica en que “Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, indicaron en su momento desde la autoridad estadounidense.
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Estados Unidos ha mantenido las restricciones sobre Gustavo Petro, incluyendo la revocación de su visa y la inclusión en la Lista Clinton, debido a la evaluación negativa sobre sus políticas antidrogas. Washington argumenta que su administración promovió el aumento del cultivo de coca y la producción de cocaína, lo que agravó el tráfico ilícito hacia territorio estadounidense y otros países.
De cara al término de la presidencia de Petro, previsto para el 7 de agosto de 2026, Mendez señaló que la expectativa de la administración estadounidense es que el presidente saliente “remedie las acciones que incomodaron” al gobierno norteamericano y que motivaron su inclusión en la lista de sancionados.
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El funcionario destacó que “las políticas que implementó durante su administración, que está próxima a culminar, sirvieron para aumentar los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína, que se exporta ilícitamente a Estados Unidos y otros países del mundo”.
En la audiencia, el subsecretario adjunto subrayó: “Lo que puedo decir es que el origen de esa designación se debió a sus políticas fallidas de lucha contra el narcotráfico, que impulsaron el cultivo y la producción de coca, y provocaron que la cocaína llegara a Estados Unidos y causara la muerte de ciudadanos estadounidenses. Por eso era necesario tomar medidas, y el presidente actuó de manera decidida. Ahora, en cuanto a cuál será nuestra política respecto a las sanciones de la Ofac contra Petro, esperamos que tome medidas para remediar las acciones previas”.
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De momento, no se encuentra en discusión el levantamiento de las sanciones. “No en este momento”, respondió Mendez cuando la congresista María Elvira Salazar lo interrogó sobre la posibilidad de que la Casa Blanca ordene reconsiderar la posición del Departamento de Estado frente a Petro.