Continúa causando controversia la información según la cual en las reuniones de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro con ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), efectuadas en Valledupar (Cesar), se habría pedido declaraciones contra personajes de oposición, entre ellos el hoy presidente Abelardo de la Espriella.
Una de ellas es la de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, que entrevista concedida a El Tiempo se refirió al alcance legal de estos encuentros, efectuados entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, que a su juicio carecían de soporte jurídico. A juicio de la extitular de cartera, había un vacío que impedía avanzar hacia un denominado cierre.
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Según explicó Buitrago, estas reuniones carecían de Justicia y Paz como marco jurídico y no podían abrir una negociación con personas cuyos casos ya estaban bajo control judicial. La Fiscalía indaga si incluyeron presiones para obtener acusaciones contra políticos, como lo reveló recientemente la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez.
“Eso no es una mesa de negociación, ni puede haber mesa de negociación con los casos que ya han sido asumidos por la justicia”, dijo Buitrago, al referirse a la situación judicial de los antiguos comandantes que asistieron a Valledupar al encuentro con Rodríguez, el entonces ministro Armando Benedetti y el asesor Víctor de Currea-Lugo.
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Estos encuentros, hoy conocidos como el ‘Pacto de Valledupar’, ameritan desde el 31 de agosto una investigación penal por parte de la Fiscalía, pues el ente acusador abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema y compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara para que se examine el papel de Petro.
La exfuncionaria había renunciado al Ministerio de Justicia el 15 de mayo de 2025, tras denunciar presiones desde Palacio. En diálogo con el referido diario, afirmó que nunca recibió una propuesta para intervenir en un acercamiento de esa naturaleza y que no participó en las reuniones que se adelantaron en la capital del Cesar.
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De hecho, durante los encuentros, el ministro de Justicia era el exfiscal Eduardo Montealegre Lynnet, que presentó su renuncia irrevocable al cargo el 24 de octubre. Tres días después, el Gobierno designó a Augusto Ocampo Camacho como ministro encargado, en una transición que generó ciertos interrogantes en materia jurídica.
“No tuve nada que ver con ese encuentro. Desde el principio, cuando se conoció sobre ese evento en medios y cuando me entrevistaron sobre ese tema, dije que no me parecía porque ellos ya habían pagado todo en Justicia y Paz, y por lo tanto no había nada que negociar, porque ellos estaban bajo la égida de los jueces”, señaló Buitrago.
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Y es que en el concepto de la exfuncionaria, los participantes de esta especie de cónclave habían sido judicializados dentro del sistema de justicia transicional creado por el Gobierno de Álvaro Uribe y, además, tampoco estaban cobijados por la Ley 2272 de 2022, que dio vida a la política de Paz Total promovida por el expresidente Petro.
“Lo que tenían que hacer claramente era mirar qué camino era, y el camino era Justicia y Paz”, remarcó la exministra, que ante las denuncias sobre solicitudes de testimonios contra terceros, situó el caso en el terreno penal. “Proponer que alguien diga mentiras o involucre a una persona en un proceso sin ser cierto, es un delito”, dijo Buitrago.
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Al respecto, el Ministerio Público abrió una actuación disciplinaria contra el exministro del Interior Benedetti y Rodríguez, en su rol de exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, por su participación en los acercamientos. Por su parte, la Fiscalía avanza en la indagación penal con este caso.
Como se mencionaba, en las reuniones también participó De Currea-Lugo y, del mismo modo, Jorge Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las autoridades deben establecer el alcance de la intervención de Lemus y si conocía las solicitudes que habrían sido formuladas a los excomandantes de las AUC.
Entre los antiguos integrantes de las autodefensas estuvieron Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Carlos Mario Jiménez, más conocido como “Macaco”; Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, y Edward Cobos Téllez, llamado “Diego Vecino”; entre otros, pues fueron al menos 11 exmiembros de estas estructuras al margen de la ley.
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En sus denuncias, Rodríguez expresó que el propósito de los encuentros habría excedido el cierre del proceso iniciado durante la administración de Álvaro Uribe. Según su versión, se buscaban declaraciones contra el líder del Centro Democrático, el entonces candidato De la Espriella y el ya fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Mancuso respaldó esa versión al sostener que delegados como De Currea-Lugo pidieron señalamientos contra esas figuras políticas. El ex jefe paramilitar afirmó que los asistentes rechazaron la propuesta y que los acercamientos no continuaron; en un pronunciamiento que confirmó su abogado, Juan Carlos Villamizar.
Tras las reuniones, el 24 de octubre de 2025 se emitió la Declaración de Valledupar por el cierre del proceso de paz con las extintas autodefensas. El texto recogió compromisos sobre la actualización de planes de trabajo de los excomandantes, pero también los obstáculos en la desmovilización y acompañamiento de organismos internacionales.
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“La verdad de la participación de las Autodefensas en el conflicto armado ya ha sido ampliamente dicha y corresponde a la Mesa Técnica la organización, sistematización y divulgación de la información ya disponible”, se indicó en el documento, que buscaba, según Petro, avanzar en el cierre del proceso con los acuerdos de Santa Fe de Ralito.