El caso judicial relacionado con la desaparecida Comisión Permanente del Congreso Nacional tendrá nuevos avances esta semana, con la comparecencia de personas señaladas y las órdenes de captura contra el expresidente del Legislativo, Luis Redondo, y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Antonio Moncada.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Anny Ochoa, quien actúa como jueza natural del expediente, confirmó que se convocará a audiencia de declaración de imputado a las personas que ya designaron a sus representantes legales. La diligencia forma parte del proceso iniciado por el Ministerio Público por presuntos delitos relacionados con las actuaciones de la Comisión Permanente.
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La audiencia está prevista para esta semana, mientras las autoridades judiciales avanzan con las actuaciones correspondientes para quienes todavía no se han presentado voluntariamente. La fecha y la hora deben confirmarse con la convocatoria oficial de la CSJ.
El expediente cobró relevancia tras conocerse las órdenes de captura contra Redondo y Moncada, dos de los principales señalados en la investigación, que busca establecer posibles responsabilidades penales por decisiones y actuaciones vinculadas al funcionamiento de las instituciones públicas.
A Redondo se le atribuyen los presuntos delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
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En el caso de Moncada, la acusación comprende tres presuntos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, de acuerdo con la información divulgada sobre el requerimiento fiscal.
Las medidas forman parte del procedimiento judicial en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad. Corresponderá a las autoridades competentes examinar los señalamientos y determinar las responsabilidades individuales conforme avance el proceso.
La magistrada Ochoa explicó que se ha garantizado el derecho a la defensa de las personas que comparecieron y nombraron abogados. Por ello, las actuaciones de esta semana permitirán continuar con el trámite judicial de quienes están en condiciones de presentarse ante la autoridad.
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Respecto a las personas que no han comparecido voluntariamente, Ochoa indicó que se actuó conforme a la normativa penal ante el posible riesgo de fuga.
La declaración de imputado constituye una etapa procesal y no debe confundirse con un juicio definitivo sobre los hechos. Durante el procedimiento, las defensas podrán ejercer los derechos que les reconoce la legislación hondureña.
Entre las personas incluidas en el requerimiento fiscal figura también la diputada Luz Angélica Smith, a quien se le atribuyen presuntos delitos de falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
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El expediente incluye además a Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga, señalados por el presunto delito de usurpación de funciones.
Los delitos atribuidos varían según cada persona, por lo que las responsabilidades deberán analizarse de manera individual. La presentación del requerimiento fiscal constituye el planteamiento de la acusación por parte del Ministerio Público y no implica que los hechos hayan sido probados judicialmente.
El expediente se mantiene bajo reserva por petición del Ministerio Público. Según explicó Ochoa, la medida busca evitar filtraciones que puedan comprometer las pruebas o afectar el desarrollo de la investigación.
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La magistrada aseguró que los representantes legales de las personas que ya se presentaron fueron notificados de la resolución.
La reserva limita la información que puede divulgarse públicamente sobre las actuaciones judiciales. Algunos detalles de la investigación y de las diligencias pendientes permanecen sin divulgar mientras el proceso continúa bajo las disposiciones de la autoridad competente.