La exsenadora María José Pizarro y el exsecretario jurídico de presidencia Augusto Ocampo radicaron un derecho de petición dirigido al mandatario Abelardo de la Espriella, en el que exigieron información “completa, verificable y documentada” sobre las decisiones de política exterior y eventuales operaciones militares extranjeras en el país que, según señalaron, podrían comprometer la soberanía y la seguridad nacional.
En el documento, los firmantes pidieron explicaciones sobre al menos tres asuntos: el eventual retiro de Colombia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, el cambio en la posición frente a Israel y el reconocimiento de los Altos del Golán, al igual que Marruecos y el Sáhara Occidental, y los anuncios de autoridades extranjeras sobre operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en territorio colombiano.
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La petición, en la que también se relacionó la vinculación de Colombia a la llamada Coalición contra los Cárteles de las Américas, invocó el artículo 23 de la Constitución y la Ley 1755 de 2015. Allí, Pizarro y Ocampo afirmaron que actúan “en nombre propio” y como ciudadanos con derecho a participar en el control del poder político, acceder a documentos públicos y exigir transparencia en la actuación de las autoridades.
Los dos firmantes, que hacen parte del proyecto político del expresidente Gustavo Petro, plantearon que el eje del reclamo no es partidista.
“No formulamos esta petición como un ejercicio retórico ni como una confrontación partidista. La presentamos como ciudadanos. Como colombianos”, escribieron tanto la excongresista, que fue precandidata a la presidencia por el Pacto, como el mencionado jurista.
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En el documento, los peticionarios reiteraron la exigencia de conocer “quién decide sobre su territorio, su soberanía, sus relaciones internacionales y la eventual presencia y actuación de fuerzas militares extranjeras dentro de sus fronteras”. Con ello buscan establecer si se registraron determinaciones que, en su concepto, puedan poner en riesgo la soberanía de Colombia y sus instituciones en el próximo cuatrienio.
“Si esas informaciones son inexactas, el país tiene derecho a que usted las desmienta. Si son ciertas, Colombia tiene derecho a conocerlas en su totalidad”, señalaron Pizarro y Ocampo, que enumeraron las informaciones que se conocieron de forma en los últimos días, relacionadas con los asuntos abordados en la misiva, y reprocharon el hecho de que los ciudadanos no tengan una fuente oficial frente a estos asuntos.
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Y es que a juicio de ambos, no es aceptable que los colombianos se enteren “por declaraciones realizadas fuera del país, por funcionarios extranjeros o a través de medios de comunicación” de decisiones capaces de modificar de forma profunda la política exterior del país, que bajo la administración de De la Espriella no solo reactivó el canal diplomático con Israel y Estados Unidos, sino que además tomó decisiones.
En el derecho de petición radicado en el despacho presidencial, se hizo una diferencia entre cooperación y subordinación. “Cooperar internacionalmente es legítimo y, en muchos ámbitos, necesario. Cooperar no significa subordinarse”, escribieron en su reclamo tanto la exsenadora del Pacto Histórico, que renunció a aspirar a un nuevo periodo, como el abogado, del ala del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
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Para ambos, es claro que “mantener alianzas no significa renunciar a la autonomía” y, en el caso concreto de la lucha que libra el país contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, es claro que no puede existir una “autorización abierta” para que una potencia extranjera ejerza en Colombia facultades que la Constitución reserva solo al Estado colombiano, en una especie de advertencia al Ejecutivo.
Así pues, Pizarro y Ocampo pidieron al presidente Abelardo de la Espriella que responda de fondo sobre eventuales operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en Colombia, además de establecer qué otros compromisos internacionales recientes han sido suscritos y los cambios en la política exterior; en un reclamo que sostiene que, si esas decisiones existieron, su alcance debe conocerse de inmediato.
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En el documento, una de las expresiones más contundentes de los reclamantes apareció cuando afirmaron que “Colombia no es una colonia”, por lo que conminaron al jefe de Estado a responder ante los anuncios de otros Estados sobre operaciones o decisiones dentro del territorio nacional sin consulta a sus ciudadanos e instituciones, como el Congreso de la República en el caso del Escudo de las Américas con Estados Unidos.
“No lo fue después de conquistar su independencia y no puede convertirse ahora en un territorio sobre el cual otros Estados anuncian operaciones, establezcan objetivos o comuniquen decisiones adoptadas sin la consulta ni los propios colombianos”, expresaron los peticionarios, que insistieron en que “Colombia no abandonó un virreinato para someterse a otro” y que, en consecuencia, “la Constitución no se negocia”.
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