(BUENOS AIRES).- “No existe cumplimiento total”, sostuvo el juez Martín Cormick al intimar al Ejecutivo. El Gobierno Nacional apeló la orden de la Justicia que le daba cinco días para completar la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación fue realizada el viernes ante Martín Cormick, magistrado a cargo de la causa en el fuero Contencioso Administrativo Federal. El Estado interpuso un recurso de revocatoria ante el propio juez y dejó planteada una apelación en subsidio por si la intimación se mantiene. El expediente todavía no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El juez Martín Cormick dictó el 22 de septiembre una resolución en la que sostuvo que “no existe cumplimiento total” e intimó al Ejecutivo a completar la cautelar en cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada jornada de demora. La defensa oficial cuestionó que el magistrado no precisara qué obligación permanecía incumplida y sostuvo que el Ejecutivo ya había detallado el 21 de septiembre las medidas adoptadas. Desde el Poder Ejecutivo Nacional afirmaron: “Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento”.
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario establece las obligaciones alcanzadas por la medida cautelar. El artículo 5 dispone la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, con negociaciones paritarias periódicas, mientras que el artículo 6 ordena recomponer los programas de becas estudiantiles. El Poder Ejecutivo sostiene ante la Justicia que los aumentos salariales otorgados desde diciembre de 2023 acumularon 226,8%, por encima del 226,46% de variación del IPC que considera aplicable entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
El Gobierno insiste con su postura
El Ministerio de Capital Humano presentó documentación sobre la actualización del Programa de Becas Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado este año a $187.495. El Gobierno también incorporó a su planteo una recomposición salarial otorgada en junio y la convocatoria a paritarias realizada en septiembre, con una propuesta adicional del 3%. Los gremios universitarios rechazaron el cálculo oficial y sostienen que todavía existe una recomposición pendiente, mientras el Estado mantiene una interpretación restrictiva sobre los demás programas alcanzados por la cautelar.
La cautelar de la Ley de Financiamiento Universitario que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 fue dictada en diciembre de 2025, confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara en junio el recurso extraordinario presentado por el Estado. La defensa oficial sostiene que no corresponde imponer astreintes u otras sanciones económicas contra el Estado Nacional y pidió revocar tanto la intimación como el apercibimiento de multas. El Gobierno Nacional solicitó que, si Cormick rechaza la revocatoria, la apelación subsidiaria tenga efecto suspensivo para frenar la ejecución de la orden mientras la Cámara analiza el caso.
La discusión del Presupuesto 2027 mantiene abierto el conflicto entre el Gobierno, las universidades y los gremios: la propuesta oficial asigna 33% menos de lo que reclaman las instituciones. El Ejecutivo busca sostener la negociación con rectores y sindicatos para alcanzar un acuerdo sobre fondos y salarios, mientras sus voceros afirmaron: “No vamos a ceder. Queremos negociar y desestimar el fondo judicial, pero no vamos a entregar cualquier cosa”. El próximo paso depende de Cormick: puede aceptar la revocatoria o rechazarla y resolver si concede la apelación con efecto suspensivo.