La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, tomó una decisión que cambia el rumbo del proceso judicial contra 11 presuntos integrantes de la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (BPP), organización señalada por las autoridades de estar detrás de al menos 15 ataques con explosivos y otros hechos violentos ocurridos en Bogotá entre 2024 y 2025.
Mediante la Resolución 0171 del 16 de junio de 2026, la jefa del ente acusador reasignó el expediente que adelantaba la Fiscalía 107 Delegada ante jueces penales especializados de Bogotá a un grupo de fiscales creado recientemente para investigar hechos de violencia relacionados con la protesta social desde un enfoque de justicia restaurativa.
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La decisión dejó en suspenso la audiencia de acusación que había sido programada para el 17 de junio y que representaba el paso previo al inicio del juicio contra los procesados.
El caso quedó ahora en manos de los fiscales Daniela Escallón y Sebastián Sierra, integrantes de la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa y del Grupo de Tareas Especiales creado por la Fiscalía para revisar investigaciones relacionadas con violencia ocurrida en el contexto de movilizaciones sociales.
En la resolución, Camargo explicó que la nueva asignación permitirá realizar un análisis integral del expediente para determinar si las conductas atribuidas a los procesados corresponden a los delitos por los que fueron acusados o si existe la posibilidad de acudir a mecanismos como acuerdos, principio de oportunidad, justicia restaurativa o terminación anticipada del proceso, siempre que ello tenga respaldo jurídico.
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La medida también tiene implicaciones sobre los tiempos procesales. Tras la imputación realizada en diciembre de 2025, la Fiscalía cumplió con la presentación del escrito de acusación, pero una vez radicado ese documento comienza a correr un plazo de 120 días para instalar el juicio. Si ese término vence sin que se inicie la audiencia, los procesados podrían solicitar la libertad por vencimiento de términos.
Antes de la reasignación, la Fiscalía 107 ya había estructurado una acusación por ocho delitos: concierto para delinquir agravado, terrorismo, incendio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, perturbación del transporte público, daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público agravada.
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En ese documento, el ente investigador sostuvo que la organización desarrolló durante aproximadamente un año y medio una actividad criminal permanente, coordinando ataques con explosivos y elementos incendiarios en diferentes puntos de Bogotá.
La investigación atribuye a la BPP por lo menos 15 acciones violentas. Entre ellas figura un atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional el 15 de marzo de 2024, que dejó herido a un uniformado; la quema de una motocicleta dentro de una universidad días después y la incineración de un bus del Sitp con pasajeros a bordo el 25 de abril de ese mismo año.
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Según el expediente, los presuntos integrantes de la estructura ingresaban a universidades públicas utilizando carnés falsificados. Una vez dentro de los campus, cambiaban su vestimenta y salían utilizando overoles, capuchas y máscaras para ejecutar los ataques. Posteriormente regresaban a esos espacios para ocultarse y, según la investigación, fabricar papas bomba y bombas molotov.
El expediente señala a Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, como presunto cabecilla de la organización. También identifica a Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima, como el supuesto responsable de suministrar materiales explosivos y enviar pólvora desde Medellín mediante empresas de encomiendas. Otros procesados habrían tenido funciones relacionadas con el transporte de combustible e insumos utilizados para fabricar los artefactos.
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Desde la Alcaldía de Bogotá también hubo reacciones. El alcalde Carlos Fernando Galán recordó que dos jueces ya habían respaldado la investigación adelantada por la Fiscalía, mientras que el secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que las acciones atribuidas a la organización pusieron en riesgo la vida de decenas de ciudadanos y habrían contado con apoyo logístico desde Medellín.
Con la nueva asignación, serán los fiscales Daniela Escallón y Sebastián Sierra quienes determinen si la acusación por terrorismo y los demás delitos se mantiene para llevar el caso a juicio o si, tras la revisión del expediente, consideran procedente acudir a mecanismos alternativos de resolución penal.
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La decisión marcará el futuro de una de las investigaciones más relevantes sobre ataques con explosivos registrados en Bogotá durante los últimos años.