El fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, señaló que el presupuesto elaborado por Hacienda para su unidad, en la práctica, tendría consecuencias respecto a los ingresos programados de personal.
A seis meses desde que asumió el mencionado cargo en el Ministerio Público, Orellana afirmó en conversación con Mesa Central de Canal 13 que “uno de los grandes desafíos (de la Supraterritorial) tenía que ver con hacernos visibles. Somos una orgánica que no existía y que, por otra parte, genera ciertas tensiones, porque tiene una competencia a nivel de todo el país y eso es inédito, además de que muchas veces nos superponemos en los esfuerzos investigativos”.
En esa línea, recalcó que el desafío recae en la coordinación que se debió realizar con las fiscalías regionales. “La Fiscalía Superterritorial no viene a reemplazar a las fiscalías regionales, más bien viene a complementar y coordinar”, remarcó.
Presupuesto del Ministerio Público
Este pasado viernes 16 de octubre llegaron hasta La Moneda Orellana, el fiscal nacional Ángel Valencia y fiscales regionales, para conversar con el biministro del Interior y la Segpres, Claudio Alvarado, acerca del presupuesto del Ministerio Público.
Sobre este asunto, el persecutor Supraterritorial comentó que “hay dos temas bien importantes”. El primero de ellos es la Ley de Presupuesto y “el impacto que puede tener la autonomía constitucional del Ministerio Público. Esto tiene que ver específicamente con la posibilidad que tiene el fiscal nacional, como jefe de servicio, de decidir en definitiva cómo se dispone de los fondos públicos”.
Orellana mencionó que se trata de una innovación inédita, sin precedentes. “Lo que se hace es establecer una serie de mecanismos que restringen la autonomía de la Fiscalía. Le hacen autorizaciones de la Dirección de Presupuestos para redestinar, reorientar y priorizar los recursos que ya están en la Ley de Presupuesto”.
Respecto a la Fiscalía Supraterritorial, el persecutor afirmó que se le concederá “un poquito más de 5.000 millones de pesos, que básicamente son 3.300 millones de pesos inferiores a los recursos que el informe financiero en el que basa la ley que crea la Fiscalía Superterritorial para el año dos, tenía dispuesto y 2.000 menos que los que el Ministerio Público había planteado como una contrapropuesta”.
En ese sentido, el fiscal señaló que “para poder hacer estas rebajas, hay un retraso en los momentos de ingreso del personal, que es el activo más importante de la Fiscalía Superterritorial”. Con el presupuesto original, de acuerdo con Orellana, podrían realizar ese ingreso en enero, mientras que, con los montos que están en la ley, ocurrirían en junio y en diciembre, con este último mes concentrando el 70% del personal. “Es como un gran paréntesis. Es grave y naturalmente tiene consecuencias la operación de la Fiscalía Superterritorial”.
Crimen organizado
Durante la instancia, el persecutor planteó que el crimen organizado es una realidad eminentemente transnacional, con manifestaciones en diferentes territorios. “No respeta fronteras, básicamente. No está limitado a los delitos que nosotros consideramos como parasitarios o expresiones del crimen organizado como homicidios, secuestros o extorsiones, tiene mucho más que ver con finanzas, con recursos” dijo.
Así, mencionó que “el crimen organizado es la enfermedad. El ajuste de cuentas de la noche en Colina, Pudahuel o en La Granja es la expresión. Siempre es una cuestión financiera. No del evento, no del delito específico, pero sí la motivación, el motor que está detrás de la actividad”.
En ese sentido, señaló que se trata de una industria, extendida en el norte, el sur, el centro y en paraísos fiscales, todo con las finanzas como elemento común. “Las asociaciones criminales ya no funcionan en lógica de la criminalidad italiana, aquí hay contratos, igual como funcionan casi todas las empresas en lo lícito”, añadió.
Sobre ese contexto, el fiscal comentó que la discusión del secreto bancario “es muy importante” para la persecución del flujo financiero. “Nosotros podemos trabajar con las actuales normativas, con las herramientas que tenemos. Podemos arar con los bueyes que hay”, expresó, además de manifestar que podrían mejorar estos “bueyes”.
“Hoy en día hay una serie de elementos normativos que tienen que ver con la oportunidad de la operación que nos ponen en jaque, de alguna manera, como Ministerio Público (...) El punto respecto del secreto bancario es que tenemos una serie de restricciones”, dijo.
Dentro de estos límites nombró el hecho de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público tienen la obligación de pedir autorización judicial para levantar el secreto bancario de empresas públicas compuestas por fondos públicos. “No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la garantía (...), no hay un interés individual ni una garantía fundamental que pueda haberse puesto en tela de juicio por el hecho de levantar esa información administrativamente”, declaró.
Así, también indicó que se podría simplificar el hecho de que “la UAF requiere levantar el secreto bancario, por ejemplo, judicialmente, respecto de casos de sujetos que ya han sido reportados por las mismas instituciones bancarias. Que es algo que también parece contraintuitivo”.
El fiscal, asimismo, apuntó a que “hay otros temas más prácticos de la persecución penal que son importantes. Nosotros tenemos que estar siempre solicitando autorización judicial de aquella información financiera que la UAF ya levantó con una autorización judicial. Eso no tiene ningún sentido. Debiera cambiarse”.
“Por otra parte, tenemos la posibilidad de pedir solamente cuenta a cuenta. Podría haber una posibilidad de levantar información un poco más integrada respecto de las operaciones financieras”, agregó.
Por último, Orellana planteó que sería más sencillo explicitar en una ley la posibilidad de monitorear las cuentas bancarias y los productos financieros en lugar de hacer una reconstrucción, decisión que depende del juez.
“El juez es autónomo de sus decisiones, entonces sería muy interesante explicitarlo. No quiero decir que no se puede porque sería injusto con alguna judicatura”, dijo.
