La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su gobierno ha interpuesto más de 160 sanciones a ferroviarias por falta de infraestructura en sus vías, esto luego de que un tren de la empresa Ferromex tuviera un descarrilamiento que provocó el derrame de hidrosulfuro de sodio en Sonora.
“En lo que va entre 2025 y 2026 también, son más de ciento sesenta sanciones que se han puesto a las ferroviarias por motivos de fallas de infraestructura”, afirmó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este miércoles 23 de septiembre.
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El funcionario informó que más de 160 sanciones fueron impuestas a empresas ferroviarias en el periodo referido, ante una pregunta por el descarrilamiento y derrame de hidrosulfuro de sodio en Nico, Sonora.
Lajous Loaeza señaló que la ARTF cuenta con dos programas de verificación de la infraestructura ferroviaria. Explicó que uno forma parte del procedimiento regular de inspección de las vías.
El titular de la Agencia indicó que la autoridad amplió esas revisiones en los tramos ferroviarios que se encuentran junto al derecho de vía. “Se está haciendo una revisión mucho más profunda a la que se hacía tradicionalmente”, declaró.
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La respuesta se dio luego de que surgiera el cuestionamiento de si el Gobierno de México revisaba las vías de los concesionarios ferroviarios tras el accidente registrado el mes anterior en Nico. El cuestionamiento aludió a la presencia de sustancias peligrosas en el sitio y mencionó a Ferromex, empresa de Grupo México.
El derrame ocurrió tras el descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex en el municipio de Naco, Sonora. El percance movilizó a autoridades ambientales, de protección civil y de agua.
De acuerdo con la información reportada, el tren transportaba sustancias químicas y cobre. El accidente provoca el derrame de casi 60,000 litros de hidrosulfuro de sodio, una solución que puede representar riesgos ambientales si alcanza cuerpos de agua o se infiltra en el subsuelo.
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Parte del material derramado llegó a un arroyo temporal cercano a la zona donde descarrilaron los vagones. Ferromex realizó labores iniciales de contención y recoge el cobre que se dispersó tras el accidente.
La empresa también inició el trasvase de 1,700 litros de hidrosulfuro de sodio que permanecían en uno de los carros tanque. La medida buscaba reducir el riesgo mientras continúan las operaciones de limpieza y seguridad en el sitio.
La Profepa clausuró de manera temporal la zona del accidente el 29 de julio para restringir el acceso y facilitar las inspecciones. Semarnat señaló que la clausura seguirá vigente mientras se revisa que no existan riesgos posteriores.
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Las autoridades realizaron un sobrevuelo de cinco kilómetros sobre el cauce cercano, incluido el poblado de El Sauz, ubicado a 3.7 kilómetros del lugar. Aunque no detectaron evidencia visible de la solución derramada, especialistas del IMTA y del INECC analizaron si las lluvias posteriores al accidente pudieron arrastrar contaminantes o favorecer su filtración hacia el manto acuífero.