La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $226.718 millones contra la liquidada entidad promotora de salud Medimás EPS, la institución prestadora de servicios Estudios e Inversiones Médicas (Esimed) y seis exdirectivos.
La determinación se produjo tras comprobar un conjunto de irregularidades en el manejo de los recursos públicos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La decisión administrativa fue adoptada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción del organismo de control. La entidad demostró la existencia de un detrimento patrimonial derivado de decisiones financieras e irregularidades administrativas ejecutadas durante la operación de ambas compañías en el sector sanitario nacional.
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La investigación fiscal determinó que el detrimento de los recursos públicos se habría generado por cinco irregularidades. Entre ellas están los anticipos sin legalizar y los pagos de servicios médicos que superaron los valores establecidos en los contratos.
También se identificaron compras de medicamentos por encima de los precios autorizados, desembolsos superiores a los montos facturados y pagos de cuentas que aún tenían objeciones o glosas pendientes.
El mayor porcentaje del dinero comprometido corresponde a los anticipos girados a terceros que nunca fueron amortizados ni justificados.
Según el documento emitido por el organismo de control, esta práctica provocó un detrimento patrimonial indexado de $205.808 millones de pesos; esta suma representa cerca del 91% del valor total del fallo fiscal notificado por la entidad.
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A la cifra principal de los anticipos no legalizados se suman $12.679 millones de pesos derivados del pago de servicios asistenciales que superaron los montos pactados en los contratos iniciales. La auditoría determinó que la diferencia entre el valor contratado y el dinero entregado constituyó un uso indebido de los fondos del sistema de salud.
Asimismo, la Contraloría contabilizó $4.223 millones por la adquisición de medicamentos a precios superiores a los techos máximos regulados por la normativa colombiana.
De igual forma, el informe técnico incluyó $3.758 millones correspondientes al pago de facturas glosadas que mantenían objeciones sin resolver antes de su cancelación, y $248 millones por giros en exceso que superaron el costo real facturado.
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La resolución emitida por la Contraloría establece una responsabilidad solidaria que vincula directamente a Medimás EPS y Esimed junto con seis personas que ejercieron cargos de dirección.
La medida cobija a dos expresidentes de la entidad y a exfuncionarios de las áreas administrativa, financiera, jurídica y de tesorería; entre los vinculados figuran antiguos vicepresidentes de cada área técnica y la exgerente de tesorería.
Esta determinación se suma a otra sanción fiscal proferida en 2024 contra Medimás por $89.828 millones. En esa ocasión, el proceso identificó la aprobación de anticipos no legalizados, el pago de multas y desembolsos por servicios médicos prestados a personas fallecidas con dinero público del sistema de salud.
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La Contraloría General reportó que, durante la actual gestión administrativa, profirió 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por un valor conjunto de $3,37 billones.
La entidad informó además la recuperación efectiva de $4,41 billones que retornaron a las arcas del Estado mediante procesos de cobro coactivo, indagaciones preliminares y actuaciones en procesos penales.
En la actualidad, la entidad adelanta 3.029 procesos de cobro coactivo para recuperar obligaciones fiscales por un valor de $12,8 billones. Por su parte, la Unidad Especial Anticorrupción tramita 290 actuaciones por más de $15 billones y logró 43 fallos fiscales en casos de alto impacto nacional como Bioenergy, Cafesalud, Saludcoop, Aerocafé y el proyecto Centros Poblados.
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