Hemorroides, neumonía bacteriana, renuncias de abogados, recusaciones, cambios de Tribunal y una inasistencia en plena etapa de defensa. Esos son algunos de los episodios que han acompañado el proceso penal del caso Triple A desde la fase de vinculación hasta el juicio que hoy entra en su recta final. La sucesión de incidentes postergó durante seis meses la instalación de la audiencia y aun después de iniciado el juzgamiento ha seguido marcando el desarrollo de la causa.
El episodio más reciente ocurrió este sábado, 18 de julio, durante la reinstalación de la audiencia de juicio. La ausencia de César Emilio Bravo, representante legal de Fuelcorp, una de las seis empresas procesadas, obligó al Tribunal Anticorrupción a deliberar durante casi una hora antes de resolver que la compañía continuaría siendo juzgada y dar paso a la presentación de las pruebas de las defensas.
La audiencia entró así en una nueva etapa, luego que la Fiscalía concluyera la presentación de su carga probatoria para sustentar su teoría del caso sobre un presunto perjuicio económico al Estado de $ 61,5 millones por presuntas irregularidades en la comercialización y distribución de combustibles.
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La cadena de incidentes comenzó en marzo de 2025, durante la audiencia de vinculación.
El 3 de marzo, el abogado Emilio Santacruz renunció a la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, alegando amenazas contra él y su familia. Un día después fue designado Geovanny Patricio Vásquez Barros como nuevo defensor.
La audiencia prevista para el 5 de marzo no pudo instalarse. Horas antes, la defensa solicitó su diferimiento y presentó un certificado médico privado en el que se señalaba que el nuevo abogado sufría un cuadro de hemorroides con complicaciones posteriores a una trombectomía. El juez aceptó el pedido y reprogramó la diligencia.
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Superada esa etapa, el proceso continuó con la audiencia preparatoria de juicio y, en julio de 2025, se dictó el auto de llamamiento a juicio contra los 22 procesados: 16 personas naturales y 6 personas jurídicas.
Cuando el Tribunal intentó instalar el juicio, volvió a producirse otro episodio.
El 24 de diciembre de 2025 no comparecieron dos abogados defensores. Eric Mayorga, defensor de Fuelcorp, justificó su ausencia con un certificado médico por afecciones inflamatorias de los maxilares, mientras que José Roberto Navarrete, abogado de Jessenia Monserrate Vélez Orellana, presentó un documento por insuficiencia respiratoria aguda causada por neumonía bacteriana.
Ante esas justificaciones, el Tribunal dispuso que el Ministerio de Salud Pública verificara la autenticidad de la documentación.
Según consta en el expediente judicial, la revisión determinó que uno de los abogados no registraba atención médica en el centro de salud que emitió el certificado y que, en el otro caso, la historia clínica presentaba inconsistencias. Con esos antecedentes, los jueces ordenaron remitir copias certificadas a la Fiscalía General del Estado para que investigue un presunto delito relacionado con el uso de esos documentos, y al Consejo de la Judicatura para el análisis correspondiente.
Seis meses hasta instalar el juicio
Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 el proceso también atravesó recusaciones contra jueces, cambios en la conformación del Tribunal y varias convocatorias fallidas antes de que la audiencia pudiera instalarse de forma definitiva el 14 de marzo de 2026.
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El Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado a la continuación del juicio del caso Triple A finalmente quedó integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Víctor Barahona.
Desde entonces, la Fiscalía presentó durante varias jornadas sus pruebas de cargo para sostener la acusación por el presunto delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
Las demoras en el desarrollo del juicio ya habían sido advertidas por la acusación particular. En una entrevista concedida a este Diario en mayo pasado, el director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Christian Puente, sostuvo que el Código Orgánico Integral Penal establece que la prisión preventiva para delitos cuya pena es de uno a cinco años puede mantenerse hasta seis meses, por lo que una prolongación del juicio podría incidir en esa medida cautelar.
El funcionario también afirmó que, a criterio de la acusación particular, durante las jornadas de juicio se habían observado actuaciones que podían extender innecesariamente la práctica de los testimonios. Como ejemplo mencionó la formulación reiterada de preguntas que, según dijo, eran objetadas por la Fiscalía y la acusación particular por no ajustarse a las reglas del interrogatorio, obligando al Tribunal a intervenir y resolver constantemente las incidencias dentro de las audiencias.
Las defensas, por su parte, se han mantenido en que han ejercido recursos, solicitudes y mecanismos previstos en la normativa procesal para la representación de sus clientes.
Ahora, con el juicio en su etapa final, el Tribunal tiene previsto recibir las pruebas restantes de las defensas, entre ellas el testimonio de Alvarez.
Antes de esa diligencia, su defensa solicitó que el alcalde compareciera de manera presencial en Quito este fin de semana y no por videoconferencia desde la Unidad Judicial de Santa Elena para garantizar un mejor ejercicio de su derecho a la defensa. Sin embargo, se rechazó el pedido y se dispuso que la declaración se realice de forma telemática.
(I)