Human Rights Watch pidió al gobierno de Abelardo de la Espriella adoptar una política integral de seguridad y justicia para enfrentar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia. La organización hizo el llamado en un informe de 124 páginas en el que analiza el aumento de estos casos, los factores que ponen a los menores en riesgo y las deficiencias de la respuesta estatal.
Según un análisis de datos de la Defensoría del Pueblo realizado por Human Rights Watch, al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados desde 2021. La organización aclaró que no cuenta con datos exhaustivos sobre todos los casos, pero señaló que las cifras oficiales disponibles muestran un fuerte aumento desde 2023.
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Los grupos armados disidentes de las desmovilizadas FARC están detrás de la mayoría de los casos denunciados. Más de la mitad se concentran en Cauca, de acuerdo con el informe.
Los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de los casos documentados por la organización, pese a que los pueblos indígenas constituyen alrededor del 4% de la población de Colombia. Además, más del 30% de los menores identificados tenían entre 10 y 14 años, edad cuyo reclutamiento podría considerarse un crimen de guerra según el derecho internacional.
Human Rights Watch señaló que el gobierno debe adoptar una política integral de seguridad y justicia para poner fin a estas violaciones de derechos humanos.
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En particular, la organización pidió que las instituciones encargadas de prevenir y responder al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente a nivel municipal, cuenten con suficientes recursos y personal para desarrollar sus funciones.
El planteamiento está relacionado con las deficiencias que Human Rights Watch encontró en las políticas y estrategias existentes para prevenir el reclutamiento, proteger a los menores, rescatarlos de los grupos armados, apoyar su recuperación y reintegración y llevar a los responsables ante la justicia.
La organización señaló que Colombia cuenta desde 2018 con una Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados.
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Sin embargo, Human Rights Watch considera que esta política está desactualizada y que carece de un plan de acción claro y de un presupuesto específico.
También cuestionó la capacidad de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), organismo encargado de coordinar la respuesta del Gobierno. Según el informe, esta comisión no cuenta con la capacidad de ejecución ni con los recursos necesarios para implementar la política en el ámbito local.
A esto se suman, según la organización, las limitaciones presupuestales y de capacidad que enfrentan las autoridades departamentales y municipales y que dejan a algunos niños y niñas sin protección.
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Otro de los pedidos incluidos en el informe es que el gobierno de Abelardo de la Espriella apoye y colabore con las organizaciones indígenas y otros líderes comunitarios para proteger a los niños y niñas en todo el país.
Human Rights Watch señaló que, ante la falta de mecanismos estatales eficaces, organizaciones comunitarias como las guardias indígenas han asumido un papel importante en la protección y apoyo a los menores, incluido el rescate de niños y niñas de grupos armados.
La organización también advirtió que esta labor expone a sus integrantes a graves riesgos y que algunos de ellos han sido asesinados en represalia.
El informe también plantea la necesidad de mejorar la respuesta dirigida a los niños y niñas que son desvinculados de los grupos armados.
Human Rights Watch encontró que los esfuerzos del Gobierno para su recuperación y reintegración no se han adaptado a las nuevas realidades de la violencia en Colombia y que los menores reciben un tratamiento diferente dependiendo de la naturaleza del grupo que los haya victimizado.
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Los niños y niñas reclutados por grupos considerados partes del conflicto armado ingresan a un programa especializado y tienen derecho a recibir reparaciones. En cambio, quienes son utilizados por grupos delictivos organizados que no son partes del conflicto armado pueden ser procesados penalmente o enviados a un programa común para todos los niños y niñas víctimas de cualquier forma de abuso.
La organización incluyó estas diferencias entre las deficiencias que encontró en la respuesta estatal frente al reclutamiento y utilización de menores.
La respuesta de la justicia es otro de los aspectos señalados por Human Rights Watch.
De acuerdo con el informe, en la última década aproximadamente el 1% de las denuncias por reclutamiento ha dado lugar a una investigación penal y solo el 0,2% ha resultado en una condena.
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La organización indicó que, en su mayoría, las condenas corresponden a autores materiales y no a los máximos responsables.
Por esta razón, el llamado al gobierno entrante incluye una política integral de seguridad y justicia que permita responder a estas graves violaciones de derechos humanos.