El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a instalar el debate sobre el acceso a la vivienda y los mecanismos de desalojo en Argentina. Desde la Asociación de Inquilinos Córdoba expresaron su rechazo a la iniciativa y consideraron que la propuesta pone el foco en acelerar los desalojos sin atender las causas económicas que dificultan el pago de los alquileres.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el presidente de la entidad, Maxi Vittar, aseguró que el proyecto debe analizarse de manera integral y no únicamente por el capítulo referido a los desalojos. “Es difícil analizar de manera parcial este proyecto. Tiene distintas partes que están relacionadas entre sí y responden a una misma lógica”, sostuvo.
Vittar explicó que la iniciativa incluye aspectos vinculados a la propiedad de la tierra, los desalojos y otras modificaciones que, a su entender, forman parte de una misma política sobre el uso del suelo.
En ese marco, remarcó que la discusión no debe enfrentarse entre propietarios e inquilinos. “El problema no es el propietario. El problema es la ausencia del Estado. Hay propietarios que también la están pasando mal, pero cuando una familia no puede pagar el alquiler la única respuesta no puede ser desalojarla más rápido“, afirmó.
Según explicó, muchas personas llegan a una situación de mora como consecuencia del deterioro económico, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral.
El endeudamiento antes que dejar de pagar el alquiler
Uno de los puntos que destacó el dirigente fue que muchas familias continúan pagando el alquiler, aunque para hacerlo recurren al endeudamiento o dejan de afrontar otras obligaciones.
En ese sentido, habló de una “mora invisible”, que no siempre aparece en las estadísticas. “Muchas familias siguen pagando el alquiler, pero dejan de pagar la tarjeta, refinancian préstamos o resignan otros consumos para no perder el techo”, explicó.
Para Vittar, esa situación demuestra que el retraso en los alquileres no responde, en la mayoría de los casos, a una decisión deliberada de incumplir, sino a las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares.
Críticas a la desregulación del mercado
El titular de la Asociación de Inquilinos también cuestionó las políticas implementadas tras la derogación de la Ley de Alquileres. A su entender, si bien aumentó la oferta de inmuebles, esa mayor disponibilidad no se tradujo en una baja de los precios ni en un acceso más sencillo a la vivienda.
“Nos dijeron que con más oferta iban a bajar los precios y que sería más fácil alquilar. Eso no está sucediendo”, señaló.
Asimismo, sostuvo que muchas personas quedan excluidas del mercado formal porque trabajan como monotributistas o no cuentan con recibos de sueldo suficientes para cumplir con los requisitos exigidos por los propietarios.
“Los desalojos son la consecuencia de la crisis”
Vittar insistió en que acelerar los procesos judiciales no resolverá el problema habitacional si no existen políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda.
En ese sentido, consideró que el debate debe contemplar tanto el derecho de propiedad como el derecho constitucional a una vivienda digna.
“Los desalojos son la consecuencia de la crisis, no la causa. Si solo discutimos cómo hacerlos más rápidos, estamos renunciando a discutir por qué cada vez más familias llegan a esa situación”, manifestó.
Para la entidad, el crecimiento de las dificultades para alquilar, el aumento del endeudamiento de los hogares y la falta de políticas habitacionales exigen un debate más amplio sobre el acceso a la vivienda y el rol del Estado para garantizar tanto el derecho de propiedad como el derecho a una vivienda digna.