Juan Pablo Franco, director general de Aviación Civil, destaca el contenido del proyecto de nueva Ley de Aviación Civil, cuya aprobación en segundo debate, por parte de la Asamblea Nacional, está prevista para este jueves 24 de septiembre de 2026.
Franco señala que la nueva normativa busca contribuir a que los aeropuertos del país sean rentables y sostiene que el mercado ecuatoriano resulta atractivo para inversionistas de Chile, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. Para ello, la ley contempla modelos de gestión, como las empresas de economía mixta.
El proyecto también incluye un capítulo específico para regular la operación de drones en Ecuador, con disposiciones orientadas a ordenar y controlar su uso.
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¿Cuál es el aporte que hace esta nueva ley de Aviación Civil que se tramita en la Asamblea Nacional?
Esta es una ley que busca acercar al ciudadano a la aviación. Además, nosotros respondemos a auditorías internacionales, como las de la Organización de Aviación Civil Internacional y la FAA, que es la entidad que regula el transporte aéreo en los Estados Unidos. Ya tuvimos una auditoría en 2023 y, en lo relacionado con la ley, obtuvimos una calificación de cero sobre 100.
¿Entonces ya existe una alerta roja?
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No, no es una alerta roja, porque nos dan cinco años para reestructurarnos y que vuelvan a reauditarnos.
¿Qué es lo que falta, por qué esta calificación?
Es una normativa obsoleta, en la que no están debidamente detalladas las obligaciones y atribuciones que tienen tanto el director como la Dirección General y los inspectores. Sobre todo, existe una gran alerta: nosotros hacemos las veces de juez y parte.
¿Por qué?
Porque la Dirección General de Aviación Civil en la actualidad es el órgano de control, regulación, vigilancia y a la misma vez es quien provee los servicios de aeronáuticos y los servicios aeroportuarios.
¿Qué es lo que se hace con la nueva ley?
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Se distribuye la responsabilidad. Con esto no queremos decir que la aviación civil como órgano de control y regulación, se debilita, más vale se fortalece, porque vamos a hacer fiscalizaciones más objetivas, más transparentes y obviamente esto se traduce en seguridad para el ciudadano.
Ahora, ¿quién va a fiscalizar?
La Dirección General de Aviación Civil. Y vamos a crear mediante las nuevas modalidades de contratación una Empresa Pública (EP) o podemos crear empresas de economía mixta para que se hagan cargo de los aeropuertos y de los servicios aeronáuticos.
¿Cuántos aeropuertos tenemos y cuál es su situación?
En la actualidad tenemos alrededor de 22 aeropuertos, de los cuales cuatro son concesionados: Guayaquil, Quito, Cuenca, de una manera híbrida, y Baltra, en las islas Galápagos. El resto son manejados por la Dirección General de Aviación Civil.
Tenemos actividad en Manta, Coca y Lago Agrio. Sin embargo, tenemos un aeropuerto de lujo, como el de Latacunga, que no posee actividad. También hay muchos otros aeropuertos que están siendo subutilizados o no son utilizados para nada, como los de Tulcán y Esmeraldas, este último utilizado únicamente para actividades de escuelas aeronáuticas. El aeropuerto de Salinas está prácticamente militarizado.
¿Esta ley cómo contribuye para mejorar la operación de los aeropuertos?
Contribuye en el sentido de que la norma se vuelve más flexible. En la actualidad, la Ley Aeronáutica lo único que establece es la posibilidad de entregarle los aeropuertos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados mediante un decreto ejecutivo o mediante una orden presidencial. Nosotros contemplamos más modelos de gestión, como las empresas de economía mixta, como el tema de las empresas públicas y otras metodologías más que están consideradas en el proyecto.
¿Es decir, va a permitir el ingreso de inversionistas para que se hagan cargo de los aeropuertos?
Así es, va a permitir el ingreso de inversionistas porque en el pasado inclusive podíamos hacerlo mediante la Ley de Alianzas Pública y Privada, pero es una ley muy compleja, pero lo que buscamos es simplificar los procesos, sin que esto signifique que la Dirección General de Aviación Civil va a vulnerar de los derechos de los ciudadanos o va a obviar procesos legales que están debidamente escritos en las normas técnicas jurídicas del país.
¿Hay interesados en venir a operar?
Si lo hay. Parecería una panacea, el simple hecho de que nuestra ley se vaya a modernizar y que vaya a ser un precedente en la región, ya hay interesados tanto en aerolíneas como operadores de aeropuertos en entrar al Ecuador.
Por ejemplo, ¿de qué países hay interés?
Chile y Argentina en cuanto tema de aeropuertos. Para temas de vuelos internos tenemos a Chile, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia.
¿Esto permitirá abaratar costos?
Eso es lo que buscamos crear: un ecosistema donde las cosas sean más simples y, por lo tanto, resulte atractivo para que un extranjero venga a invertir en Ecuador. Esto también se llevará de la mano con el trabajo que realizan el Ministerio de Infraestructura y Transporte y el Ministerio de Relaciones Exteriores para firmar los debidos acuerdos bilaterales con los países que estén interesados en ingresar al país.
Esto no significa simplemente que Ecuador tomó la decisión de abrir sus cielos y modificar sus modalidades de contrato y que, por eso, puede venir quien quiera. No es así. Nosotros somos responsables y nuestra responsabilidad es garantizar la seguridad aeronáutica.
Si hay este interés del exterior de venir a operar los aeropuertos ¿qué le garantiza esta ley para poder invertir en nuestro país?
Esta ley garantiza que, dentro de la Dirección General de Aviación Civil, los trámites sean ágiles y que tengamos la opción de trabajar con nuevos modelos de gestión. Pero también tenemos otras leyes, como las relacionadas con el tema tributario, que contemplan beneficios a los que ellos pueden acceder. Está también el tema laboral, cuando se contribuye mediante la contratación de personal joven. Todos estos son beneficios a los que pueden optar.
Por lo tanto, no se trata únicamente de la Ley de Aviación Civil, sino de la articulación con las demás normas jurídicas del país. Esto permite que Ecuador, como tal, evolucione en su mercado y cree un ecosistema realmente atractivo para la inversión extranjera.
¿El actual estado de los aeropuertos permiten que se vuelvan atractivos para los inversionistas a más de Quito, Guayaquil y Cuenca?
Ciertos a aeropuertos, no todos. Sin embargo, estamos manejando proyectos para la repotenciación de varios aeropuertos donde realmente tenemos operación y hay que mejorarlo, por ejemplo, El Coca, Catamayo y Santa Rosa.
¿Qué pasa con el aeropuerto de Latacunga puede servir para una operación regional?
Sí, definitivamente sirve. Sin embargo, en el tema particular de Latacunga tenemos que hacer las gestiones respectivas, porque en un ecosistema aeronáutico no solamente se involucra la Dirección General de Aviación Civil, tenemos que articular con más organismos de control, por ejemplo, aduana, migración, antinarcóticos.
¿Qué dice la ley sobre la seguridad operacional?
La ley es 100 % seguridad operacional, y ahí es donde actualizamos todas las atribuciones de la Dirección General de Aviación Civil, de sus inspectores, así como las capacidades y herramientas que nos proporciona esta ley para poder trabajar.
Esto responde realmente a las observaciones que recibimos durante la auditoría. Nos señalaron que los inspectores no tienen las competencias suficientes y que el director tampoco cuenta con las competencias necesarias.
A más de la Dirección de Aviación Civil, ¿cuál es el otro organismo que crea la ley?
Lo que estamos buscando nosotros es la creación de una empresa pública. La empresa pública se va a encargar estrictamente de la provisión de servicios.
¿Qué hay sobre el tema de la seguridad de nuestro país, tomando en cuenta que el Ecuador es uno de los países de tránsito de narcotráfico?
Ese es un tema que se contempla en la Ley Orgánica del Espacio Aéreo y que corresponde al área militar. No es una atribución de la Dirección General de Aviación Civil. Está mal concebido que nosotros tengamos esa competencia. Si existe una avioneta ilegal y nosotros nos damos cuenta, tenemos la obligación de reportarlo al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, que son los encargados y tienen la competencia jurídica para actuar en estos casos.
Sin embargo, nosotros sí tenemos la obligación de regular a las personas y actividades relacionadas con el sector aeronáutico en el país, como pistas, aeropuertos y licencias de pilotos, además de invitar a quienes utilizan drones a que los registren, para poder llevar un control.
En el tema de los drones, ¿cómo será la regulación que establece la ley?
Quiero aclarar que la regulación ya existe. Lo único que estamos haciendo es darle fuerza de ley. En 2025 expedimos la R-DAC-101, que es la normativa que regula a todos los drones. Lo que buscamos con esta ley es que ya no se sigan importando de manera libre, sino que se puedan regular y controlar, de manera que esta actividad no represente un peligro para la ciudadanía.
¿Cómo se localiza cuál es el dron legal o ilegal que está operando?
Lamentablemente ahí es donde tenemos que crear la conciencia con la ciudadanía de que ellos sean responsables y que se certifiquen y que se registren, porque realmente no es complicado hacerlo. Tenemos 2000 drones ya registrados, pero imagínese cuántos nos faltan.
¿Pero los 2.000 drones registrados son para que tipo de operaciones?
Para varias operaciones. Los drones hacen lo mismo que una aeronave: fumigación aérea, aerofotografía, levantamientos planimétricos y de obstáculos. Es decir, esto va a simplificar la vida en algún momento, pero no queremos caer en el tema de prohibirlos porque no tenemos un control. Lo que queremos es una aviación segura y responsable, por eso los invitamos a registrarse. Les decimos que se registren y, con la ley, los obligamos a hacerlo.
Vamos a articular acciones con el Consejo de Comercio Exterior y con el Servicio Nacional de Aduanas para saber quiénes son los que importan estos equipos.
¿Qué es lo que se regula en el tema de los drones?
El piloto del dron, el aparato que utilizará y el servicio que brindará. Los drones que pesan 250 gramos o menos no tienen que ser registrados porque están considerados como juguetes. Los drones que pesan sobre los 250 gramos son los que ya pueden realizar trabajos aéreos.
En otros países ya se utilizan para transportar carga y realizar entregas. Esto va a suceder aquí pronto. Lo que queremos es, simplemente, que sea una actividad ordenada.
¿Cómo van a tener el control de la operación de los drones?
Solamente con el registro. Cuando se vayan a dedicar a actividades profesionales, deben obtener un permiso y estar debidamente certificados. El punto es que la ciudadanía tome conciencia de que esto no es un juguete, sino una aeronave. Así lo establece la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo de la ONU.
¿Es decir, tiene que haber un enlace entre la importación del dron y la inscripción en la Dirección de Aviación Civil?
Eso es lo que se busca con esta ley, de que haya una trazabilidad de quién es el consumidor final de este dron por cualquier eventualidad que pueda suceder.
¿Cómo es la inscripción, tiene costo?
El costo es muy bajo, si no me equivoco, son $ 10. Usted, en línea, envía la marca y el modelo del equipo; la Dirección General de Aviación Civil recibe la información, crea un registro y una ficha de registro, y le envía un código QR. Este código QR debe pegarse en el dron. En caso de que exista alguna eventualidad, el personal de la Dirección General de Aviación Civil toma una fotografía y puede saber a quién pertenece. Esto aplica cuando se trata de drones de recreación.
Pero cuando se van a realizar trabajos aéreos deben cumplir con los requisitos establecidos en la ley, como cualquier otra aeronave: contar con un permiso de operación y una certificación.
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