Dar sostenibilidad al sistema público de pensiones fue el objetivo que se marcó el Gobierno al impulsar su reforma. Optó por prolongar la vida laboral mediante incentivos a la jubilación demorada y endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. En este contexto, un informe de Fedea plantea dar un paso más y elevar las cotizaciones de las profesiones que mantienen mecanismos para adelantar el retiro.
La propuesta defendida por Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, consiste en generalizar la “cotización recargada” allí donde todavía no se aplica y vincular todo coeficiente reductor a un proceso obligatorio de reciclaje profesional durante los diez últimos años de vida laboral, con medidas que permitan recolocar al trabajador en su propia empresa, en las administraciones públicas o mediante subvenciones.
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El documento de Granado, que presentará el 25 de septiembre en la II Jornada sobre el Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social, organizada por Fedea, señala que el sistema de Seguridad Social ha evolucionado desde un entramado de estructuras mutualistas hacia un modelo de cobertura cada vez más universal, pero algunas reglas heredadas de aquella etapa continúan vigentes.
Así ocurre con determinados colectivos profesionales que mantienen condiciones especiales de jubilación por las características de sus trabajos, incluso cuando las condiciones laborales y tecnológicas han cambiado de forma sustancial. Entre estas profesiones se encuentran las de maquinistas de ferrocarril, estibadores portuarios o pilotos de aviación, todas ellas actividades que conservan mecanismos vinculados a riesgos y condiciones de trabajo de “otras épocas”.
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El documento plantea que si la prevención de riesgos laborales, la adaptación de los puestos y la transformación tecnológica permiten reducir esos peligros, ¿tiene sentido mantener indefinidamente una jubilación anticipada asociada a determinadas ocupaciones?
Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.
Los coeficientes reductores parten de una concepción del sistema que trata de compensar las dificultades específicas de determinados trabajos. Sin embargo, el informe cuestiona que estas ventajas no siempre vayan acompañadas de una cotización adicional que permita compensar el mayor coste que supone para el sistema adelantar la jubilación. El resultado, según el informe, es una diferencia entre trabajadores que permanecen en activo hasta edades cada vez más avanzadas y otros colectivos que pueden abandonar antes el mercado laboral.
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“Estos coeficientes reductores no se financian aplicando medidas de cotización recargada que, al menos, palíen parcialmente el agravio de otros trabajadores, que van a trabajar a edades cada vez más avanzadas mientras las edades de jubilación de esta auténtica aristocracia obrera continúan inalterables, mientras cobran el resto de los trabajadores salarios muy inferiores”, recoge el documento.
El planteamiento para acabar con esta desigualdad no pasa necesariamente por eliminar de forma inmediata los coeficientes reductores, explica Granado. La alternativa, a su juicio, es introducir una “cotización recargada sin perder tiempo” para las ocupaciones que mantengan los coeficientes reductores, con un periodo transitorio que permita adaptar las reglas mediante el diálogo social. De esta manera, el coste de una jubilación anticipada quedaría parcialmente compensado por mayores aportaciones durante la vida laboral.
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El informe plantea que si una actividad requiere que sus trabajadores abandonen el puesto varios años antes de la edad ordinaria porque deteriora su salud o implica riesgos excesivos, la respuesta no debería limitarse a compensar ese riesgo con una prestación, sino que la prevención debería actuar antes.
La legislación de prevención de riesgos laborales, las políticas activas de empleo y las ayudas para adaptar los puestos de trabajo ya apuntan en esa dirección. El objetivo, indica Granado, sería conseguir que las personas con problemas de salud puedan permanecer dentro del mercado laboral siempre que sea posible, mediante modificaciones de sus condiciones de trabajo o mediante su traslado a otras funciones.
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En ese escenario, la jubilación anticipada dejaría de ser la única salida para determinadas profesiones. El trabajador podría iniciar durante los últimos años de su vida laboral un proceso de transición hacia una ocupación diferente. El cambio permitiría sustituir progresivamente el trabajo de mayor exigencia física o riesgo por tareas compatibles con la edad y las capacidades del empleado.
La propuesta plantea que la existencia de un coeficiente reductor debería ir acompañada de un proceso de reciclaje profesional durante los últimos diez años de la vida laboral ordinaria previa a la jubilación anticipada. El trabajador podría formarse para desempeñar una nueva ocupación dentro de la misma empresa o acudir a un centro de formación para facilitar su recolocación.
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La Administración tendría además un papel relevante. En el sector público, determinados puestos podrían reservarse para trabajadores procedentes de actividades con especial desgaste. En las empresas privadas, las subvenciones públicas podrían facilitar la adaptación y reducir las dificultades económicas y organizativas que implica recolocar a trabajadores con una trayectoria profesional muy especializada.
La idea supone cambiar el enfoque de la jubilación anticipada. En lugar de aceptar que determinadas profesiones deben mantenerse asociadas al deterioro físico hasta que llegue el momento de retirarse, se trataría de anticipar el cambio de actividad. El trabajador seguiría formando parte del mercado laboral, pero en un puesto diferente y menos exigente.
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El debate sobre los coeficientes reductores refleja, según el informe, una tensión entre dos modelos. El primero consiste en mantener mecanismos especiales para compensar a quienes desempeñan trabajos especialmente duros o peligrosos. El segundo apuesta por transformar esos puestos, reducir sus riesgos y facilitar la transición hacia otras ocupaciones antes de que el deterioro de la salud obligue a abandonar definitivamente la actividad.
La dificultad, según el documento, está en aplicar el cambio sin generar un perjuicio inmediato a los trabajadores que actualmente dependen de estos mecanismos. Por eso, cualquier modificación debería contar con periodos transitorios y formar parte de las negociaciones entre Gobierno, sindicatos y empresarios.
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