El Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín impuso una sanción a Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS y exalcalde de Cali, junto a dos directivos de la entidad, tras comprobar que desobedecieron una orden judicial relacionada con el acceso a medicamentos para un paciente afiliado.
La resolución judicial señala que Ricardo Adolfo Echeverría Charicha, gerente regional de Salud de Antioquia, y Carlos Andrés Vasco Álvarez, gerente de la Regional Noroccidente, también deberán asumir la multa impuesta, equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. La causa está vinculada al caso de Eduardo Torres Pérez, quien debía recibir tratamiento para una enfermedad ocular.
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El incidente se originó cuando Torres Pérez obtuvo una tutela favorable que obligaba a la Nueva EPS a proveerle medicamentos como Dorzolamina, Timolol, Brimonidina y Latanoprost. La entidad disponía de un plazo de tres días para entregar los insumos, pero incumplió esta disposición, lo que llevó a la apertura de un proceso de desacato.
De acuerdo con el fallo, los funcionarios no presentaron argumentos o justificaciones satisfactorias que explicaran la omisión. El juez concluyó que hubo una actitud “evasiva y negligente” por parte de los responsables, quienes no cumplieron sin razón con la entrega de los medicamentos ordenados para el tratamiento durante doce meses.
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En términos prácticos, la sanción implica que Ospina y los dos gerentes regionales deberán pagar la multa, como consecuencia directa de no acatar la tutela que protegía el derecho a la salud del paciente. El juez fue enfático en que la conducta de los funcionarios vulneró la obligación de garantizar el acceso oportuno a tratamientos prescritos por orden médica.
La ministra de Salud designada Ana María Vesga afirmó que el gobierno de De la Espriella no liquidará la Nueva EPS cuando asuma el 7 de agosto, sino que buscará reducir su base de afiliados y evaluará una eventual capitalización para recuperar a la aseguradora más grande del país.
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La definición pesa sobre una entidad que concentra cerca de 12 millones de usuarios, una escala que la futura funcionaria considera incompatible con su situación financiera actual. Según dijo Vesga a Blu Radio, el nuevo Gobierno tomará medidas desde el inicio de la administración para garantizar la continuidad de la atención.
La ministra designada ubicó a la EPS entre las primeras pruebas de la nueva administración. Sostuvo que la prioridad será estabilizarla con un plan de choque que permita sostener la prestación de servicios mientras se determina con precisión su estado económico y administrativo.
Ese diagnóstico surgirá del proceso de empalme con el gobierno saliente. A partir de esa revisión, el Ministerio de Salud definirá junto con otras entidades del Estado el alcance de las decisiones sobre la aseguradora.
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Vesga fue explícita al señalar que no está sobre la mesa la liquidación de la Nueva EPS. La medida que sí considera necesaria es una reducción del número de afiliados, porque, según explicó al medio, la situación financiera de la entidad no le deja margen para seguir como la EPS con más usuarios del país.
La futura ministra no detalló qué mecanismo se usaría para disminuir esa base ni aclaró si la decisión implicaría traslados hacia otras EPS. Lo que sí planteó es que esa reducción hace parte de una estrategia para devolverle viabilidad financiera a la entidad y mejorar la prestación de los servicios.
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El punto central de esa estrategia, según la funcionaria designada, será proteger la atención de los pacientes. La instrucción política, de acuerdo con sus declaraciones, es evitar una interrupción del servicio mientras se intenta recuperar la operación de la aseguradora.
Entre las medidas inmediatas, Vesga anunció planes de choque para resolver problemas que hoy golpean de forma directa a los usuarios. Mencionó en particular el fortalecimiento de la entrega de medicamentos y la reducción de las dificultades para acceder a consultas con médicos especialistas.