La junta directiva de Ecopetrol, ahora con una mayoría diferente tras la salida de tres integrantes afines al petrismo, aprobó el inicio de una auditoría forense interna. El propósito es esclarecer al menos cinco episodios recientes de presunta corrupción, expuestos a través de denuncias anónimas, grabaciones y testimonios de extrabajadores de la compañía estatal.
La decisión se oficializó bajo el liderazgo de Luis Felipe Henao, presidente de la junta y representante de los fondos de pensiones, que instruyó el aseguramiento de documentos y correos electrónicos tanto de la casa matriz como de sus filiales. Estas acciones, coordinadas con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, buscan resguardar pruebas sobre contratos en sectores de gas, energía solar y nombramientos ejecutivos que habrían tenido un alto costo económico para la empresa.
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En medio de las pesquisas internas, se ha identificado el alias de ‘el bachiller’, un personaje que, según fuentes de la estatal y de organismos de investigación, habría financiado el ascenso de al menos dos vicepresidentes y otros directivos.
Un ejecutivo vinculado a la investigación precisó: “Por el regreso de uno de ellos, que había sido sacado de Ecopetrol por el llamado escándalo del derrame de Lizama y por un caso de corrupción en Casanare, se habrían desembolsado 5 mil millones de pesos”.
El empresario, conocido como Jaime A., no solo estaría vinculado a la asignación irregular de altos cargos, sino también a contratos y actos de influencia en la zona de Barrancabermeja. Desde la estatal se sugiere que “incluso, se habla de que hizo un importante aporte oculto a una reciente campaña política”.
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El nuevo proceso de auditoría responde a la acumulación de indicios sobre irregularidades en Ecopetrol. Los casos incluyen testimonios, grabaciones y documentos en custodia, así como la participación de figuras externas y extranjeras en la asignación de contratos y la toma de decisiones estratégicas.
Entre los personajes mencionados en los audios, figura ‘la costilla’, señalado por beneficiar contratos de mantenimiento y exigir sobornos a cambio de adjudicaciones, incluso fuera del país. En las conversaciones aparecen los nombres de los catalanes Xavier Vendrell y Manel Grau, cercanos a Verónica Alcocer y al expresidente Gustavo Petro.
El mismo ejecutivo que colabora en la investigación interna aseguró: “Se están documentando reuniones en las que ejecutivos de Ecopetrol iban a rendir cuentas y a llevar información de términos de referencia de millonarios procesos”.
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El proceso de auditoría también contempla negocios frustrados, como la compra de gas a través de la oficina de Houston. Según las versiones recogidas, la transacción no se concretó por la negativa de Juan Carlos Hurtado, presidente interino, y de Ricardo Roa, que fue reincorporado por un breve periodo.
La investigación interna de Ecopetrol se centra en reconstruir cómo se conformaron redes de poder y cuáles fueron los mecanismos que permitieron supuestos pagos por cargos directivos y contratos millonarios. El nuevo presidente de la junta, Henao, ha delegado a Ricardo Rodríguez Yee la tarea de indagar estos hechos en su rol de responsable del área de cumplimiento.
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El exdirectivo Luis Enrique Rojas se convirtió en pieza clave al declarar que fue convocado a una reunión por Grau, en representación de Alcocer, para negociar apoyos a cambio de designaciones. La propia Eva Ferrer, exasesora cercana a Alcocer, reconoció haber promovido un proyecto conjunto con Ecopetrol, aunque aseguró que nunca se concretó ni involucró a la entonces primera dama.
Uno de los puntos más sensibles es el caso del apartamento 901, compra por la que se abrió un proceso por tráfico de influencias, vinculado a presiones atribuidas al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a su pareja, Julián Caicedo. Roa ha rechazado firmemente todas las acusaciones.
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El juicio por la adquisición del inmueble y la relación con la empresa Gaxi —controlada por Juan Guillermo Mancera, exagente de policía—, destaca la complejidad de las conexiones investigadas. La defensa de Rojas subrayó el papel de Caicedo como supuesto agente de presión, detalle que Roa niega rotundamente.
La auditoría forense también revisará la compra de Termomorichal I y II al difunto empresario William Vélez. Aunque Roa se declaró impedido por su relación previa con Vélez, se indagará por qué la adquisición, inicialmente prevista sin costo, terminó suponiendo un desembolso de USD 42 millones.
La investigación interna de Ecopetrol busca establecer responsabilidades y aclarar si figuras políticas, empresariales y extranjeras intervinieron de forma indebida en la distribución de cargos y contratos. La documentación recopilada será clave para determinar la magnitud de los hechos y sus eventuales consecuencias en la estatal petrolera.
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La decisión de realizar la auditoría surgió tras la salida de tres miembros afines al petrismo en la junta directiva, lo que abrió paso a una nueva mayoría que impulsó la investigación de fondo. Se están resguardando pruebas y siguiendo líneas que involucran a figuras nacionales e internacionales en presuntos actos de corrupción dentro de la compañía de hidrocarburos.