La disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre deja un rastro de proyectos y propuestas de Ley que se quedarán a medio camino, así como de compromisos más o menos formales que nunca se materializarán. A esta segunda categoría pertenece la prometida Ley de Agricultura Familiar. Un 15 de noviembre de hace casi 3 años, el hoy presidente del Gobierno Pedro Sánchez se sometía al voto del Congreso de los Diputados. En su discurso, lanzó 2 claros guiños al campo: la aprobación de una Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) y de una Ley de Agricultura Familiar. La primera, que no necesitaba el filtro del Parlamento, ya es una realidad desde el año pasado, y la segunda, ha pendido siempre del fino hilo del bloqueo político.
Sánchez delante de los diputados, que luego le confirmarían como presidente del Gobierno, apuntó que "vamos a aprobar una ley de agricultura familiar que va a favorecer este tipo de agricultura, que va a generar valor añadido social y vinculación con el territorio". El jefe del Ejecutivo había antecedido este compromiso con un espaldarazo al sector agrario: "España es una potencia mundial agroalimentaria y queremos que sigua siéndola", señalaba el presidente. Además añadía que iban a dedicar "una parte sustantiva de los fondos europeos a modernizar el sector".
La deseada norma, sin embargo, nunca pasó alcanzó la fase de borrador ni llegó a aterrizar en el Consejo de Ministros ni en el Congreso. La última referencia a la norma nonata fue a finales de junio de este año, la realizaba el ministro de Agricultura Luis Planas en la presentación del Anuario de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Planas, a pesar de apuntar que era "una prioridad para el Gobierno" y que "vamos a avanzar todo lo posible" admitía que, con las elecciones previstas para el siguiente año ya en el horizonte, era "un tiempo muy corto".
Bloqueo político y Bruselas
A lo que sí se comprometía era a tener "un texto sobre la mesa" antes de finalizar la presente legislatura, y añadía frente a una aritmética electoral endiablada un motivo más para su prudencia sobre una regulación que muchos ya daban por perdida entonces: la negociación de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034. El ministro advertía que la futura normativa debía estar "absolutamente en línea con la PAC y con el nuevo Reglamento", que se debe negociar durante este segundo semestre del año e inicios del siguiente.
En su opinión legislar sin tener en cuenta lo que se está negociando en Bruselas en estas semanas era caer en la "literatura política". La presidencia irlandesa, que abarca todo el segundo semestre de año, ha adoptado como una de sus prioridades la negociación de la nueva PAC posterior a 2027 que se se produce en paralelo de la del presupuesto comunitario (o Marco Financiero Plurinanual, MFP) para 2028-2034.
UPA: "Dificultad en la conformación de mayorías"
Desde UPA, que ha sido la organización agraria, que ha hecho de esta norma una de sus grandes reivindicaciones, no ocultaba ya este verano su frustración porque esta legislación se quedara en el tintero. Preguntados por este medio, en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos adelanta su "máximo respeto a la democracia y a los procedimientos mediante los cuales esta se articula" en referencia a la convocatoria anticipado de elecciones generales.
En esta organización agraria reconocen lamentan "la dificultad en la conformación de mayorías han causado un daño al sector agrario, al frenarse avances necesarios" y cita la crisis climática o la aplicación de la Ley de la Cadena Agroalimentario. UPA, añade, que "la legislatura ha venido marcada por la incertidumbre geopolítica causada por el Gobierno de Donald Trump y sus aliados" a los que acusa de provocar conflictos armados y comerciales "que están causando enormes problemas a nuestro sector agroalimentario".
Sobre la prometida Ley de Agricultura Familiar, en UPA, destacan que van a trabajar "en las próximas semanas" para que las fuerzas políticas incluyan en sus programas electorales propuestas como la citada normativa que incluyen dentro de "los retos inmensos" que le esperan al campo en la próxima legislatura 2026-2030 junto a la próxima Política Agraria Común, la crisis de costes de producción, la falta de relevo generacional o la emergencia climática.
En Unión de Uniones lamentan que temas como el de la Ley de Agricultura Familiar - "sobre la que nunca más se supo", lamentan- hayan quedado pendientes y consideran, que el proceso electoral, es "la oportunidad de reordenar las prioridades de la política agraria para la próxima legislatura" y mencionan temas como la citada norma o la reforma de los seguros agrarios "en lo que se ha avanzado nada". También buscarán que los programas electorales abran espacio a la agricultura.