22 de septiembre, 2026 - 06h47
Al quedar sin opciones, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) dispuso que los segmentos de alto consumo industrial AV1/AV2 estén obligados a desconectarse un día laborable a la semana, por compensar un sábado o domingo. Asegura que podría ahorrar 1.000 MW, entre 20 y 25 % de la demanda diaria.
Una alerta de que hay que adoptar medidas ante la emergencia del severo estiaje en el marco del fenómeno de El Niño, que afecta el caudal de los ríos en la cuenca amazónica, cuyo registro es muy inferior al promedio histórico.
La gestión de los embalses mediante la compra de energía a Colombia dejó ser viable toda vez que nuestros vecinos tienen que hacer su propia economía de reservorios ante la misma amenaza. Y pretender vender energía a 80 y hasta 92 centavos el kilovatio/hora resulta obsceno.
La desconexión prevista para los consumidores industriales que se preveía a partir del 15 de diciembre de 2026 se adelanta en una versión light que ha sido consensuada con los gremios representativos de Guayaquil y Durán, que, según el ministro Juan Carlos Blum, representan el 90 % del consumo nacional. En total, son 167 grupos industriales en la categoría AV1 y otros cinco de la AV2 (dos acerías, dos grandes mineras y Petroecuador) que han debido desarrollar en año y medio sus propias soluciones de autogeneración. Sin embargo, de acuerdo con la Cámara de Industrias porteña, esta disponibilidad no alcanzaría sino al 60 % de la demanda.
La crisis energética de 2024, sin necesidad del decreto mandatorio, impulsó al segmento industrial a procurar sus propias soluciones de autogeneración, estimándose entre 470 y 500 MW la potencia que podría entregar a la red pública eventualmente en caso de necesidad. De modo propio ha habido otros aportes con pequeñas plantas fotovoltaicas que el año pasado sumaron 110 MW. Y está previsto que en octubre entre a funcionar el primer proyecto de energía solar a escala en Santa Elena de 70 MW, habiendo otros en fase de construcción. En el corto plazo no representa una solución, pero ante la actual circunstancia cada megavatio cuenta.
Hay apremio de permitir que una decena de proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC), que fueron concesionados bajo el régimen de proceso público de selección (PPS), pueda migrar a un modelo de autogeneración por iniciativa privada no solicitada, previsto en la Ley Antipagones II, que por regulación de Arconel pueden beneficiarse de tarifas más competitivas. De otro modo, el conjunto de proyectos que suma 700 MW habrá caído.
El anuncio del ministro Blum de la recontratación de dos barcazas turcas de 100 MW c/u y de una tercera de 260 MW a gas natural, que estaría operativa en diciembre, apunta a encarar un escenario sombrío. Además, con una reforma inminente: el tarifario de suministro a tales segmentos industriales deberá responder a costos reales, sin quedar sujeto a forma alguna de subsidio.
El momento que atraviesa el país, al margen de la desconexión selectiva, debe conducir a la aprobación de una nueva ley eléctrica que sirva al efecto de modernizar un sistema energético en estado crítico. (O)