La Fiscalía General del Estado de Michoacán requirió por tercera vez los celulares de Carlos Manzo a Grecia Quiroz García para someterlos a peritajes dentro de la investigación por el homicidio del exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, en una diligencia que también incluyó la notificación de avances a la alcaldesa en su calidad de víctima indirecta y que volvió a colocar bajo revisión una línea sobre el entorno cercano de la víctima.
La solicitud buscó que uno o ambos equipos fueran descritos y analizados pericialmente para integrarlos a la carpeta de investigación. La Fiscalía de Michoacán sostuvo que esa medida formó parte de las actuaciones ministeriales y técnicas abiertas para esclarecer de manera integral el crimen.
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Quiroz, viuda del exedil y actual alcaldesa de Uruapan, ya se había negado en dos ocasiones anteriores a entregar los dispositivos al argumentar desconfianza en la fiscalía local. En esta ocasión, la dependencia volvió a notificarle formalmente el requerimiento y le informó sobre las diligencias realizadas y las líneas que seguían en desarrollo.
El homicidio de Manzo ocurrió durante un evento público del Festival de las Velas, en el centro de Uruapan. Desde entonces, las autoridades detuvieron a personas presuntamente relacionadas con la planeación y ejecución del ataque y mantuvieron abiertas distintas líneas para establecer tanto la participación de una estructura criminal como posibles responsabilidades dentro del círculo cercano del exalcalde. Sin embargo, el Secretario de seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que van 31 detenidos y que el crimen fue ordenado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Entre los puntos que siguieron bajo análisis estuvo la seguridad que rodeaba a Manzo y la posible filtración de información sobre sus movimientos. En ese contexto, la fiscalía mantuvo abierta una línea sobre el posible vínculo entre Quiroz y Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado por su presunta participación en el asesinato.
Una exsecretaria particular de Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, declaró en una ampliación de denuncia que García Rivero habría llegado al Ayuntamiento por recomendación de Quiroz y que mantenía una relación cercana con ella. También señaló un presunto vínculo entre la alcaldesa y ese exfuncionario, por lo que la autoridad debía corroborar esos dichos y determinar si guardaban relación con el homicidio.
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De acuerdo con autoridades federales, García Rivero habría proporcionado al Cártel Jalisco Nueva Generación información sobre las actividades y movimientos de Manzo. Esa hipótesis se sumó a las indagatorias sobre la forma en que fue posible ejecutar el ataque durante un acto público.
Frente a los señalamientos de la exsecretaria, Quiroz cuestionó que la ampliación de declaración se presentara varios meses después del crimen. La alcaldesa preguntó: “¿Por qué después de nueve meses se le ocurrió o por qué se le despertó la imaginación?”.
También emplazó a Méndez Rodríguez a explicar por qué esperó tanto tiempo para aportar la información que decía tener. En otra declaración, sostuvo: “Hay que preguntarle por qué esperó tanto tiempo si, como dice ella, tenía la información de primera mano y los argumentos”.
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La presidenta municipal reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones y volvió a solicitar que la FGR asumiera la conducción del caso. A la par, aclaró que sus encuentros con servidores públicos federales respondieron únicamente a tareas de coordinación en beneficio del municipio.
Un día antes del nuevo requerimiento, Juan Manzo Rodríguez, hermano del exalcalde, pidió a Ernestina Godoy Ramos que la FGR atrajera la indagatoria e incluyera a integrantes del círculo cercano de su familiar, entre ellos Grecia Quiroz. Sostuvo que la carpeta cumplía con tres condiciones para la atracción: conectividad con la delincuencia organizada, falta de exhaustividad de la fiscalía local e irregularidades en la escena del crimen.
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En su exposición, afirmó que había varios detenidos que ya habían vinculado su participación con células criminales. También sostuvo que funcionarios municipales obtuvieron de manera ilegal los teléfonos de Carlos Manzo y que esos equipos no fueron presentados ante la fiscalía.
El pasado 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch afirmó que, con base en testimonios de algunos detenidos, el móvil del asesinato fue que una organización criminal consideró que las acciones de Manzo representaban una “provocación”. Esa declaración se conoció después de la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual y financiero del crimen.
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La Fiscalía de Michoacán indicó que tanto el requerimiento de los teléfonos como la comunicación de avances se sustentaron en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Añadió que continuaría con las diligencias ministeriales y periciales necesarias, bajo principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso.
• La FGE pidió por tercera vez a Grecia Quiroz los teléfonos de Carlos Manzo para peritarlos e integrarlos a la investigación por su homicidio.
• La indagatoria mantuvo abierta una línea sobre Samuel García Rivero, exfuncionario municipal, y la posible filtración de información sobre los movimientos del exalcalde.
• Quiroz cuestionó la declaración tardía de la exsecretaria Yesenia Méndez y reiteró su petición para que la FGR atraiga el caso.