
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en octubre de 2023 en la Alhambra, durante la III Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).
Efe Europa Press
Tribunales
Afirma que ni la esposa de Sánchez ni su asistente obtuvieron "beneficio directo o indirecto" de la cátedra desarrollada en la Universidad Complutense.
Más información: El Gobierno presiona ya desde Moncloa al jurado: "En este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente"
Publicada 7 octubre 2026 12:00h
Actualizada 7 octubre 2026 12:10h
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Las claves
La Fiscalía de Madrid pide la absolución de Begoña Gómez y de su asistente, Cristina Álvarez, al considerar que los hechos no constituyen delito.
Gómez será juzgada por un jurado en 2027 por presunta malversación y tráfico de influencias, tras excluirse dos imputaciones vinculadas a la cátedra de la UCM.
El fiscal sostiene que Gómez no cobró ni obtuvo beneficio por la cátedra y que no presionó a empresas como Indra, Telefónica o Google para lograr patrocinios.
Hazte Oír, única acusación popular, solicita 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez.
La Fiscalía de Madrid ha vuelto a pedir la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el escrito de conclusiones provisionales que defenderá en el juicio por Jurado que se celebrará el próximo año ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El nuevo escrito es consecuencia de la eliminación por la Audiencia de dos de las imputaciones (apropiación indebida y corrupción en los negocios) apreciadas por el juez instructor, Juan Carlos Peinado en relación con la actividad de Begoña Gómez en la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que dirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
La esposa de Pedro Sánchez será juzgada por malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en una fecha aún no determinada de 2027. Las actuaciones no se han remitido aún desde el Juzgado a la Audiencia Provincial.
El fiscal sigue defendiendo que los hechos atribuidos a Gómez "no son constitutivos de infracción penal".
El escrito de conclusiones también pide la absolución de su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez. Para ella, la asociación Hazte Oír, que encabeza la acción popular -única parte acusadora- pide seis años de cárcel, mientras que para Begoña Gómez se solicitan 13 años de prisión.
El fiscal destaca que Gómez ya venía trabajando para la Universidad Complutense de Madrid antes de crearse la cátedra en octubre de 2020 y que no recibió remuneración alguna por esta actividad.
También sostiene que en el marco de la cátedra Extraordinaria, Gómez "mantuvo reuniones con diversas empresas y directivos dirigidas a lograr colaboraciones con el proyecto de creación de un 'software' gratuito" para pequeñas y medianas empresas.
Esas sociedades (Indra, Telefónica, Google) "interesadas en el ámbito de la sostenibilidad, destinan parte de sus recursos a estas actividades por cuestiones de imagen corporativa, y sin ánimo de lucro".
"Ni sociedades y empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado", defiende el fiscal.
Considera que ni Begoña Gómez ni su asistente "obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la cátedra de transformación social competitiva y sus patrocinios".
"Ninguna de las investigadas", afirma, "se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del 'software' informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas".
El fiscal propone como testigos a los cargos y funcionarios de la UCM que tuvieron relación con la cátedra y a directivos de las empresas que la patrocinaron.
El único cargo en activo en el Gobierno al que llama a declarar es Raúl Díaz, responsable de la administración y coordinación del personal en el Palacio de la Moncloa.
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