El Govern y Renfe ultiman estos días la formalización del contrato programa entre la Generalitat y la empresa ferroviaria para el servicio de Rodalies, un acuerdo histórico que llevaba pendiente desde que se realizó el traspaso de las competencias en el 2010.
La firma de este documento determina los servicios concretos que la operadora pública debe prestar y garantiza que seguirá haciéndose cargo de este transporte público en Catalunya hasta el año 2028, con el horizonte de culminar entonces el cambio del modelo actual al de la empresa mixta Rodalies de Catalunya. Resuelve así de una tacada la necesidad de disponer de un contrato puente hasta que se culmine el traspaso y permite avanzarse a los requerimientos normativos europeos que, por el contrario, obligarían a sacar a concurso público el servicio de Rodalies.
Según ha podido saber La Vanguardia , el contrato programa podría sellarse en una semana si se liman algunos flecos que aún se resisten. Ambas partes trabajan con la intención de fijar una compensación económica para estos tres años de unos 1.400 millones de euros, a razón de más de 460 millones anuales, una cifra superior a los alrededor de 300 millones que el Estado viene transfiriendo anualmente para compensar el déficit de explotación del servicio ferroviario. Aunque desde hace dos años es la Generalitat, como titular del servicio, quien formalmente paga a la operadora la diferencia entre lo que cuesta poner los trenes en marcha y lo que se recauda con los billetes, esa partida no sale de las cuentas del Ejecutivo catalán, sino que depende directamente de otra transferencia previa que le hace el Gobierno central a la Generalitat y que se recoge en los presupuestos generales del Estado. El importe del nuevo contrato incluiría el conjunto de obligaciones económicas, refuerzos del servicio y planes alternativos de transporte.
El documento incluye un compromiso de 1.400 millones en tres años para el día a día del servicio ferroviario
Al margen de la cantidad económica, esta vinculación supone un hecho trascendental para garantizar las condiciones de funcionamiento del servicio. Para el Govern de la Generalitat representa clarificar y ordenar los derechos y las obligaciones de ambas partes, que venían dándose hasta ahora por inercia y con rifirrafes constantes.
Desde hace casi dos décadas, el déficit de inversión del Estado en la infraestructura ha alimentado el enfrentamiento entre la Generalitat y Renfe por las deficiencias en el servicio. Desde que en el año 2010, bajo el gobierno del socialista José Montilla en Catalunya, se realizó un traspaso parcial de Rodalies, el servicio se ha convertido en instrumento de presión política.
El traspaso permitió a la Generalitat tener la potestad de fijar tarifas, horarios y frecuencias, mientras que las vías, las catenarias y las estaciones siguieron en manos de Adif, y los trenes y el personal, de Renfe. Pero también otorgó un estatus distinto a la Administración catalana, que sustituyó al Estado como cliente de Renfe Operadora. Esta nueva condición fue aprovechada por los sucesivos gobiernos independentistas para proclamar su descontento con el servicio que prestaba la empresa pública.
Más ladrones de cobre reincidentes
El robo de cable en la red de Rodalies se ha convertido en una prioridad de los responsables de la infraestructura y de los Mossos después de varios años al alza sin ponerle remedio. El cuerpo policial ha activado el plan Via para tratar de frenar una escalada delincuencial que se ha convertido en la principal causa de retrasos en Rodalies durante el mes de septiembre, según el Ministerio de Transportes. Solo en el mes de septiembre se perpetraron 35 robos de cableado en la red de Rodalies, siendo la R3 el foco predilecto de los ladrones. Fue ahí precisamente donde ayer los Mossos detuvieron a dos hombres cargados de cable de cobre ferroviario. Los individuos acumulan 27 detenciones. En esta ocasión, al menos, pudieron recuperar el material y devolvérselo a Adif.
Pese a aquel traspaso, el contrato programa quedó en el tintero. Firmarlo habría blindado la exclusividad de Renfe como operador ferroviario en Catalunya sin garantías de que solventaran las deficiencias estructurales que ya presentaba el servicio, como se encargaron de denunciar los gobiernos soberanistas desde el de Artur Mas.
En los últimos años, las disputas han acabado incluso en los tribunales por la incapacidad de ponerse de acuerdo sobre quién debía pagar algunas mejoras del plan de acción, como la prolongación de circulaciones de Mataró hasta Arenys de Mar, por las que la Generalitat pagaba sin problemas desde el 2010, hasta que dejó de hacerlo de la noche a la mañana en el 2017. Una sentencia judicial obligó a la Generalitat a pagar más de 80 millones a Renfe, aunque finalmente el pago se resolvió tras un acuerdo político en el 2024 con ERC.
Con el contrato programa firmado, todas estas disputas llegarán a su fin. El documento que se aprobará fija las condiciones jurídicas, técnicas y económicas del servicio de Rodalies. Por tanto, en él se incluirá de forma explícita la definición de la asistencia que debe prestar Renfe, los estándares de calidad, el régimen económico y los mecanismos de seguimiento de control. Además, se creará una comisión de seguimiento con capacidad para supervisar el cumplimento del contrato, hacer modificaciones en el servicio, resolver controversias y aprobar liquidaciones económicas.
La firma de un contrato programa llevaba pendiente desde el 2010 y nunca se había culminado
El documento aporta estabilidad al servicio y a la labor política realizada hasta ahora por el Govern de Salvador Illa con los nuevos traspasos de competencias acordados. El nuevo escenario abarca del 2026 al 2028, de manera que también permite ganar tiempo hasta que la nueva empresa mixta –50,1% de Renfe y 49,9% de la Generalitat– gane músculo y realice los trámites necesarios para disponer de la licencia de empresa ferroviaria y el certificado de seguridad, trámites que acaban de iniciarse y que se alargarán fácilmente durante todo el 2027. Pese a que el consejo de administración de la empresa se constituyó en enero, sigue teniendo un único trabajador, su consejero delegado, Òscar Playà, que compagina la tarea con la dirección operativa de Rodalies en Renfe.
En la firma del nuevo documento hay otra derivada que no es menor. Un reglamento europeo establece que a medio plazo deberán salir a concurso público todos los servicios ferroviarios considerados obligaciones de servicio público (OSP), lo que incluye tanto Rodalies como las Cercanías del resto de las comunidades autónomas. Solo la adjudicación directa a una empresa pública de ámbito regional puede sortear la nueva normativa, y Rodalies de Catalunya es precisamente esa fórmula, que evitará que operadores públicos o privados de otros países como la SNCF francesa puedan hacerse con los servicios regionales, como ha pasado en los corredores de alta velocidad liberalizados.
La fórmula que se utilice en Catalunya será analizada con detalle desde Madrid, puesto que probablemente deberá replicarse alguna similar en el resto de los núcleos de Cercanías con los respectivos gobiernos autonómicos.
Si la fórmula escogida para Catalunya da buenos resultados, Renfe podría replicarla en el resto de España
Llegar hasta este escenario no ha sido fácil, aunque en algún momento estuvo cerca de celebrarse el acuerdo que está a punto de sellarse. A lo largo de todos esos años, los técnicos del Ministerio de Transportes y del Departament de Territori han trabajado en diversas versiones del documento. En el 2013 llegó a pactarse uno en el órgano mixto de coordinación entre Generalitat y Renfe, pero nunca se llegó a tramitar.
Se volvió a estar cerca de conseguirlo en el 2020, cuando el entonces secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, y sus homólogos de Madrid, bajo las órdenes del ministro José Luis Ábalos, llegaron a acordar un contrato programa a 15 años vista que permitía a Renfe amortizar la compra de los nuevos trenes que entrarán en servicio en los próximos meses. El Govern de Quim Torra lo frenó por motivos políticos, y ya no se volvió a hablar de ello hasta que ERC asumió la presidencia del Govern y la consellera Ester Capella firmó un pequeño contrato en el 2024, acotado a las Rodalies de Lleida y limitado en el tiempo, hasta que se transfieran a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), previsiblemente, el año que viene.
Con los socialistas de nuevo al frente del Govern, y en el marco de las negociaciones de la empresa mixta, se reactivaron las conversaciones que han derivado en el actual hito. Pero para que sea una realidad deberán limarse los últimos flecos y que el acuerdo sea ratificado en las próximas semanas por el Consell Executiu y el Consejo de Ministros.
Redactor de la sección de Política. En La Vanguardia desde 2009. Licenciado en Filosofía por la UB y en Periodismo por la URL
Redactor de La Vanguardia especializado en infraestructuras, movilidad y urbanismo. También escribe de ferias y congresos. Antes siguió la actualidad de l'Hospitalet y el Baix Llobregat, donde está ligado a proyectos de información local