Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República busca obligar a las empresas hidroeléctricas en Guatemala a financiar la electrificación de las comunidades aledañas a sus instalaciones.
La iniciativa, promovida por el diputado por Alta Verapaz, Fidencio Lima Pop, plantea remediar la disparidad de miles de familias que habitan en las inmediaciones de las mayores generadoras de energía del país sin disponer de acceso al suministro eléctrico domiciliario.
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El problema afecta con particular severidad al departamento de Alta Verapaz, la circunscripción con mayor presencia de plantas hidroeléctricas en Guatemala.
En la región operan complejos de gran envergadura como la central Chixoy, construida durante el régimen del general Romeo Lucas García, junto a proyectos como Zachichá, Pozo Seco, las cuatro fases de Renace y la hidroeléctrica Oxec.
Sin embargo, la cobertura del servicio eléctrico en dicho territorio alcanza únicamente al 24% de la población local.
Durante la presentación formal de la propuesta, Fidencio Lima Pop expuso las carencias que enfrentan los habitantes rurales instalados junto a las presas de acumulación e infraestructura hídrica.
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“Alta Verapaz es el que más produce la energía y es el que menos tiene”, afirmó el legislador, quien puntualizó que en el municipio de Cahabón existen 27 comunidades rurales situadas en el entorno directo a la hidroeléctrica Oxec pero carecen de servicio eléctrico.
Asimismo, indicó que los pobladores cercanos a Renace, en el municipio de San Pedro Carchá, disponen solo de paneles solares provistos por entidades ambientales, lo que resulta insuficiente para cubrir sus requerimientos cotidianos.
“A esta población también le gustaría tener una refrigeradora, le gustaría también contar con los servicios básicos de la energía eléctrica”, declaró Lima Pop.
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La Ley de Beneficio Energético para Comunidades Aledañas a Centrales Hidroeléctricas fundamenta sus disposiciones en el artículo 129 de la Constitución de Guatemala, normativa que declara de urgencia nacional la electrificación del territorio con base en principios de justicia social y desarrollo equitativo.
El texto legal establece que los costos requeridos para la instalación de postes, líneas de conducción, tendido eléctrico y la expansión de las redes de distribución correrán a cargo de las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de las centrales hidroeléctricas.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) tendrá la atribución de definir bajo criterios técnicos qué poblaciones corresponden a la categoría de comunidades aledañas, evaluando la proximidad territorial, la ubicación geográfica dentro de la cuenca hídrica y la cercanía con embalses o casas de máquinas.
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Para evitar distorsiones en el mercado energético, la iniciativa prevé limitar la cobertura prioritaria a un margen de consumo básico mensual por cada vivienda. En caso de que el uso sobrepase dicho tope, el usuario deberá abonar la tarifa comercial o residencial regulada.
El proyecto aclara que la norma no otorga un derecho a la gratuidad irrestricta ni transfiere la distribución final a las empresas generadoras, sino que establece un beneficio vinculado al aprovechamiento de los recursos hídricos de dominio público.
Luego de su entrega formal ante la dirección legislativa del Congreso de la República, la iniciativa deberá agendarse en el Pleno para ser remitida a la Comisión de Energía y Minas.
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En esa instancia de trabajo parlamentario, los diputados llevarán a cabo los análisis técnicos y jurídicos correspondientes para emitir un dictamen.
Posteriormente, el expediente retornará al Pleno de diputados, donde el pleno someterá la propuesta a debate para definir su aprobación o rechazo final como ley de la República en Guatemala.