La Justicia de Comodoro Rivadavia resolvió mantener por otros seis meses la prisión preventiva de Mariela Altamirano, madre de Ángel Nicolás López, y de su padrastro, Michel González, por el supuesto crimen del niño de cuatro años. La medida vencerá el 13 de abril de 2027, salvo que antes se realice una audiencia que modifique su situación procesal, indicaron fuentes judiciales a Infobae.
La decisión se tomó el pasado martes 13 de octubre, durante una audiencia de revisión en la que también se amplió por seis meses el plazo de la investigación. La Fiscalía y la querella habían solicitado ambas prórrogas ante una pericia pendiente en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo inicio está previsto para el 21 de octubre.
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El caso investiga la muerte de Ángel, ocurrida el 5 de abril. Altamirano está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que González enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía.
El informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut sostuvo que el niño sufrió traumatismos craneoencefálicos múltiples, junto con una infección pulmonar. De acuerdo con la autopsia, la causa de muerte fue daño cerebral por hipoxia. La fiscalía sostiene, además, que se dio en un marco de presunto maltrato y abandono.
El fiscal general Facundo Oribones explicó que el Ministerio Público Fiscal pidió extender el plazo de investigación porque todavía debe realizarse una nueva evaluación forense. La medida fue solicitada por las defensas y se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El representante de la Fiscalía señaló que no hay fecha de finalización para ese estudio y que sus conclusiones podrían confirmar, modificar o requerir un nuevo análisis de la hipótesis acusatoria. Por ese motivo, requirió seis meses adicionales para recibir el dictamen, evaluarlo y definir la presentación de una eventual acusación.
La querella, que representa al padre del niño, acompañó el planteo. El abogado Roberto Castillo sostuvo que la investigación tiene características complejas porque debe reconstruir un hecho ocurrido en un ámbito privado y con una víctima que no puede declarar. En esa línea, señaló la relevancia de las declaraciones testimoniales, las pericias sobre teléfonos secuestrados, los estudios médicos y las juntas forenses.
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Durante la audiencia, el representante de la acusación particular afirmó que se tomaron más de 45 declaraciones testimoniales y que existe una prueba científica pendiente que puede incidir en la reconstrucción de los hechos y en la estrategia de las partes.
Las defensoras de Altamirano y González no objetaron el pedido de ampliación. Ambas remarcaron que la pericia ante la Corte Suprema había sido requerida por las propias defensas y que su resultado puede aportar elementos para esclarecer el caso.
El juez Martín Cosmandro resolvió conceder la prórroga de la investigación por seis meses. Aclaró, de todos modos, que ese plazo no determina en forma automática la continuidad de las medidas de coerción, que deben analizarse de manera independiente.
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En el segundo tramo de la audiencia, la Fiscalía pidió que Altamirano y González continuaran detenidos. Oribones planteó que las circunstancias que motivaron la prisión preventiva en abril no cambiaron y sostuvo que, con el avance del expediente, se acentuó el riesgo de fuga.
El fiscal argumentó que los imputados no tendrían arraigo en Comodoro Rivadavia y que su hija de un año se encuentra con familiares en otra provincia. También hizo referencia a la gravedad de las imputaciones y a la expectativa de una pena que no sería de cumplimiento condicional en caso de una condena.
La Fiscalía agregó que todavía deben preservarse testimonios de personas vinculadas al entorno de los acusados hasta una eventual instancia de juicio. Según el planteo, la libertad de Altamirano y González podría afectar esas declaraciones.
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La querella adhirió al pedido y desarrolló argumentos relacionados con los riesgos procesales. Castillo mencionó la falta de arraigo, supuestas conductas orientadas a eliminar información de teléfonos y prender fuego algunos elementos —quizás de prueba— mientras Ángel permanecía internado; y la existencia de testigos cercanos a la pareja.
También hizo referencia a antecedentes de violencia que, según expuso, involucrarían a Altamirano en Misiones. La defensa respondió que esos datos no forman parte del legajo de esta causa y cuestionó que se los utilizara en el debate sobre la prisión preventiva.
En tanto, la defensora de Altamirano sostuvo que la medida cautelar debe tener como único objetivo garantizar el desarrollo del proceso y cuestionó algunos de los argumentos de la querella vinculados a posibles hechos futuros o a la situación de otros niños.
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De todos modos, señaló que no contaba con elementos nuevos para solicitar una morigeración de la prisión preventiva. Indicó que la medida puede revisarse si aparecen circunstancias que permitan replantear la situación de su asistida, en especial después de la pericia pendiente.
La defensa de González adoptó una postura similar. Su abogada informó que no tenía, por el momento, un domicilio que permitiera proponer una alternativa a la detención. Aclaró que trabaja sobre esa posibilidad, pero que en esta audiencia consentiría, de manera excepcional, la continuidad de la prisión preventiva.
Ambas defensas remarcaron que rige el estado de inocencia de los imputados hasta que exista una sentencia firme.
Al fundamentar su decisión, el juez señaló que el peligro de fuga aparece con mayor intensidad que el riesgo de entorpecimiento. Consideró la falta de arraigo en la ciudad, la posibilidad de que los imputados se desplacen a otros lugares del país y la gravedad de los delitos atribuidos.
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Antes del cierre, Mariela Altamirano pidió recibir tratamiento psicológico. Además, planteó dificultades para mantener contacto con su hija, a quien, según dijo, ve dos veces por semana durante una hora.
“Necesito un tratamiento psicológico”, expresó ante el juez. También manifestó que tiene escasa comunicación con la niña y solicitó que se autorice el uso de un teléfono con redes sociales para realizar gestiones relacionadas con transferencias y recursos destinados a su hija.
“Estoy casi sin comunicación”, aseguró ante el juez Cosmandro, quien indicó que el pedido quedaría en manos de su defensa, que deberá encauzarlo ante el juez natural de la causa.
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