Polanco Balladares, una nicaragüense de 23 años residente en Boynton Beach, fue detenida el 16 de julio tras una investigación por robos en tiendasTarget del condado de Palm Beach. Según las autoridades, usaba las cajas de autopago para no registrar artículos y acumuló mercancía valuada en USD 2,732.23.
El método era metódico. La mujer llenaba un carrito con productos, se dirigía a la caja de autopago y escaneaba únicamente artículos de bajo precio —a veces uno solo de USD 6.99— mientras colocaba en bolsas decenas de productos sin registrar. Las cámaras de vigilancia la muestran repitiéndolo en al menos cinco ocasiones.
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El primer incidente documentado ocurrió el 11 de junio en la tienda de Royal Palm Beach, sobre Okeechobee Boulevard. Ese día pagó dos artículos por USD 23.98 y salió con mercancía adicional valorada en USD 287.51.
Una semana después regresó al mismo establecimiento. En esa ocasión escaneó dos productos por USD 8.88 y retiró artículos no registrados por USD 455.89.
El golpe más cuantioso llegó el 2 de julio: pagó cinco productos por USD 38.28 y se llevó mercancía por USD 865.24. Ese mismo día, el departamento de protección de activos de Target denunció el caso ante las autoridades.
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Los detectives extendieron la investigación a una segunda tienda, en East Boynton Beach, donde hallaron dos incidentes adicionales del 10 y 15 de julio que el Departamento de Policía de Boynton Beach investigaba por separado.
El 16 de julio, con evidencia acumulada, los investigadores establecieron vigilancia en la tienda de Royal Palm Beach. Observaron a Polanco Balladares entrar, llenar un carrito y pagar un único artículo de USD 6.99 con bolsas vacías para ocultar el resto. La mercancía no pagada ese día ascendió a USD 1,123.59.
Al salir del local, agentes del sheriff siguieron su vehículo e hicieron una parada de tránsito. Fue arrestada en el acto y la mercancía fue recuperada.
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La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach concluyó que la acusada participó en tres o más robos dentro de un período de 120 días y obtuvo al menos 20 artículos. Las autoridades advirtieron que las pérdidas reales podrían ser mayores, ya que algunos productos visibles en las grabaciones no pudieron identificarse con precisión.
Enfrenta cargos por robo múltiple y fraude organizado sobre bienes valorados en menos de USD 20,000.
El caso de Polanco Balladares no es aislado. La técnica del “skip-scan” —omitir el escaneo en autopago— aparece en otras causas penales que involucran a ciudadanos extranjeros en Estados Unidos.
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Uno de esos casos involucra a Darwin Alberto Corea Calderón, un hondureño de 34 años sentenciado el 10 de julio a 24 meses de prisión federal. Corea operó entre 2022 y 2025 en más de una docena de tiendas Home Depot de Carolina del Norte y del Sur, combinó el skip-scan con un esquema de devoluciones fraudulentas y acumuló pérdidas superiores a USD 464,000. Tras cumplir su condena, quedará bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
En otro caso, Adrian Stoica, un ciudadano rumano que había ingresado ilegalmente al país en múltiples ocasiones, admitió ante un tribunal federal de San Luis haber defraudado a grandes tiendas en 20 estados con un truco de cambio de dinero en efectivo. Realizó al menos 170 transacciones fraudulentas entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, con pérdidas de al menos USD 161,000.
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Para los inmigrantes sin estatus legal, una acusación de hurto en tienda tiene consecuencias que van más allá de lo penal. La Ley Laken Riley, promulgada el 29 de enero de 2025, establece que cualquier inmigrante irregular arrestado o acusado de robo —sin importar el monto ni si existe condena— debe ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sin posibilidad de fianza.
La ley convierte una acusación de hurto, incluso menor, en detonante automático de detención migratoria indefinida. La Asociación Nacional de Abogados Penalistas la criticó por someter a personas a “detención obligatoria y prolongada basada en un mero arresto por delitos relacionados con el robo, incluido el hurto en tiendas”.
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El caso de Polanco Balladares se enmarca en ese nuevo escenario legal: la acusación por fraude organizado, aunque sobre bienes de menos de USD 20,000, la expone al sistema penal de Florida y a un proceso migratorio cuyo desenlace aún no ha sido informado por las autoridades.