Liberal sin neo
El beneficio inmediato es fácil de identificar.
Un punto de partida es que toda reducción o eliminación de impuestos es salubre; un quetzal adicional tiene más utilidad social en el bolsillo de quien lo ganó que en arcas de gobierno. Después de celebrar la eliminación del IUSI, es menester señalar que, políticamente, tiene un aroma extraño. Con una amplia mayoría multipartidaria, el 29 de julio el Congreso aprobó el decreto 18-2026, que elimina el IUSI para los inmuebles destinados a vivienda. El presidente Bernardo Arévalo debe decidir si lo sanciona o lo veta y ha planteado una pregunta pertinente: si responde a una necesidad genuina o a una política electorera.
La interrogante puede verse desde la perspectiva del análisis de opción pública (public choice), que estudia la política sin atribuir a los políticos virtudes o intereses distintos de los que tienen personas que participan en cualquier otra actividad. Conduce a preguntar qué incentivos tenían los diputados para votar a favor y quién se beneficia. El beneficio inmediato es fácil de identificar; los propietarios de viviendas dejarán de pagar IUSI, un impuesto antipático y oneroso. Es un beneficio visible y sencillo de entender; el Congreso queda bien visto.
El análisis de motivos empieza a tomar forma cuando se observa cómo se armó la coalición ganadora. La bancada de la UNE, que preside Sandra Torres, se unió a Todos, liderada por Felipe Alejos, y a Cabal, con Luis Aguirre a la cabeza, para reunir los votos necesarios. Los tres han tenido roces con dos alcaldes que tienen proyección nacional. Torres y Alejos han chocado con Neto Bran, alcalde de Mixco, desde que este abandonó las filas de la UNE en 2015 y rompió con Todos en 2020. Bran ya anunció que buscará la Presidencia en 2027. Aguirre procuró colocar a un aliado en la presidencia de la Anam a inicios de este año y perdió ese concurso frente a Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula.
En 2025, el IUSI recaudó aproximadamente Q1,854 millones, y dos tercios de lo recaudado se concentra en cinco municipios metropolitanos; la Ciudad de Guatemala percibió Q752 millones, que representa 40% del total. Algo se puede inferir del hecho de que las alcaldías de la capital y de Santa Catarina Pinula son del partido Unionista, que votó en contra del decreto. Mixco fue la segunda municipalidad que más recaudó por IUSI en 2025, ingresando Q167.7 millones.
La propuesta original era mucho más tibia que la que finalmente se aprobó; la enmienda que llevó a cero la tasa para vivienda obtuvo 121 votos. Una coalición tan amplia sugiere que la reducción tributaria ofrecía a diputados de distintas bancadas un beneficio político difícil de rechazar, además de afectar a comunas que recaudan montos significativos del impuesto, que son casualmente las que gobiernan los rivales de quienes impulsaron la reforma.
El análisis político es especulativo y no demuestra que el decreto haya sido diseñado para perjudicar a determinados alcaldes. Simplemente pretende identificar a los actores políticos que ganan poder en la coyuntura actual cuando se reduce la autonomía financiera de municipalidades que constituyen importantes plataformas electorales. Ni siquiera los diputados independientes electos con Semilla se atrevieron a votar en contra; nadie quiere cargar con la etiqueta de defender un tributo que la gente detesta.
Arévalo enfrenta un dilema sin salida limpia. Vetar lo expone a anular un claro alivio a las familias; sancionar lo obliga a firmar un decreto que lo incomoda porque tiene efectos sobre actores políticos. Para el contribuyente es irrelevante; pesa más, por mucho, el alivio.