5 de agosto, 2026 - 07h00
Ceuta volvió a hundirse bajo el peso de una tragedia que el mundo ya ha visto antes, solo que esta vez con una magnitud que empequeñece lo anterior. En apenas dos días, decenas de miles de personas cruzaron a nado o bordeando los espigones de El Tarajal y Benzú. Docenas murieron ahogadas o aplastadas contra las rocas.
Conviene decirlo sin tapujos: la migración irregular no es un derecho ni una alternativa legítima frente a un sistema que no funciona. Los Estados de tránsito y destino no solo tienen derecho a controlar sus fronteras; tienen la obligación de hacerlo, de impedir el cruce ilegal y de combatir con firmeza a quienes lucran con él, siempre dentro del respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
España y Marruecos deben responder con orden, ley y contención. Pero conviene decir algo que suele omitirse: ese control, por eficaz que sea, ataca el síntoma, no la enfermedad. El verdadero causante de la tragedia no está en el espigón de El Tarajal, sino miles de kilómetros atrás, en los países que expulsan a su gente.
Y ahí es donde la clase política prefiere mirar hacia otro lado y convertir el drama en materia prima de campaña. A Ceuta llegaron dirigentes de ultraderecha y sus altavoces digitales a pedir expulsiones frente a las cámaras, mientras del otro lado se organizaban contramanifestaciones igual de encendidas. El Gobierno central, que se mantiene en oficina sin una gota de sangre en la cara, tardó en movilizar al Ejército, la presidencia autonómica pidió una emergencia nacional que le fue negada, y la oposición acusó de tardanza e insuficiencia. Todos discutieron sobre la frontera. Nadie señaló con la misma vehemencia a los Gobiernos de origen, que son quienes de verdad provocan estas oleadas.
Porque nadie cruza una frontera a nado, arriesgando morir aplastado contra una roca, por capricho. Se hace porque el Estado de origen fracasó: no protegió derechos elementales o nunca construyó las condiciones mínimas para progresar en casa. Seguridad, salud, educación, trabajo: cuando un gobierno no garantiza ni una de esas cuatro cosas, es él y no España ni Marruecos quien empuja a su gente hacia la ilegalidad ajena. Exigir el control fronterizo sin señalar esto es curar la fiebre e ignorar la infección.
América Latina conoce este patrón mejor que nadie. Venezuela, Haití, Nicaragua, y en menor medida Ecuador, han producido éxodos masivos no por decisiones caprichosas de sus ciudadanos, sino por regímenes y Gobiernos incapaces –o directamente responsables– de garantizarles seguridad, salud, educación y empleo. Esos son los verdaderos artífices de la migración irregular, no los países que reciben, con razón, el impacto de las fronteras desbordadas.
Ceuta debería dejar una lección clara. Sí, España y Marruecos deben controlar su frontera y combatir la migración ilegal dentro de la ley. Pero mientras la comunidad internacional siga tratando estas crisis como un problema exclusivo de quien recibe y no como la consecuencia directa del fracaso de quien expulsa, que es la raíz del problema, seguiremos contando cadáveres en las playas y llamándolo, equivocadamente, un problema migratorio. (O)