La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen en Nicaragua una censura estructural y una persecución sistemática contra el periodismo independiente, un escenario que ha reducido casi por completo el trabajo reporteril en las calles y obligado a comunicadores a informar desde la clandestinidad, bajo vigilancia o desde el exilio. La advertencia fue presentada durante la 82 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Bogotá.
Más de 300 periodistas y trabajadores de medios se exiliaron desde 2018, mientras que al menos 58 comunicadores abandonaron la profesión en 2025 por precariedad económica, desempleo, cierres de espacios informativos y riesgo de represión. Las cifras fueron documentadas por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), según informó este domingo EFE.
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La salida de reporteros y el cierre de medios dejaron a 11 departamentos, equivalentes al 65% del territorio nacional, convertidos en “zonas de silencio informativo”, de acuerdo con la FLED. Los medios y periodistas que operan desde el exterior continúan proporcionando información a la población, aunque Nicaragua ya no cuenta con periódicos impresos en circulación.
El periodismo de calle, reemplazado por clandestinidad y vigilancia
La menor cantidad de agresiones físicas en la vía pública no supone una mejora de las garantías para la prensa. La SIP sostuvo que esa reducción responde a la desaparición del periodismo de campo dentro del país.
La organización describió la situación de esta manera: “La disminución de las agresiones físicas en la vía pública no refleja una mejora de las garantías, sino la práctica desaparición del periodismo de campo dentro del país, donde quienes continúan informando deben hacerlo de manera clandestina o bajo vigilancia constante”.
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La presión estatal se trasladó hacia el entorno digital y hacia recursos administrativos y legales, ante la reducción de periodistas que aún trabajan dentro de Nicaragua. En abril de 2025, la estatal Universidad Nacional de Ingeniería eliminó los dominios .com.ni de La Prensa, Onda Local y 100% Noticias.
Un mes después, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ordenó el cierre de Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos. El organismo alegó incumplimientos técnicos para ejecutar la medida.
Entre abril y junio de 2025, la FLED registró 28 agresiones digitales contra periodistas y sus familias. Los hechos incluyeron campañas de difamación, divulgación de datos personales y amenazas promovidas por redes de troles y perfiles vinculados al oficialismo.
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Las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos y al Código Penal incorporaron conceptos ambiguos relacionados con la “seguridad nacional”, la “soberanía” y la “estabilidad del Estado”. La SIP advirtió que estas categorías permiten restringir la divulgación de información que las autoridades consideren no autorizada.
En 2026 también se promovió una reforma constitucional que elevó a ese rango restricciones aplicables a personas calificadas oficialmente como “golpistas” o “traidoras a la patria”. Esas denominaciones han sido utilizadas contra periodistas.
El derecho de acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los reporteros independientes. La FLED también documentó intentos de reclutamiento de periodistas como informantes estatales.
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La Policía Nacional y otros agentes estatales fueron señalados como los principales responsables de seguimientos, restricciones de movilidad, decomisos de dispositivos e interrogatorios contra comunicadores.