Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 4,547 denuncias criminales por estafas y otros fraudes, frente a 3,987 en el mismo período de 2025. La diferencia fue de 560 casos, equivalente a un aumento del 14%. Las cifras son preliminares y corresponden a hechos puestos en conocimiento de la institución, no a condenas.
La estafa común concentró 4,196 registros, más de nueve de cada diez casos del total. Esta categoría sumó 384 noticias criminales más que un año antes, cuando se habían contabilizado 3,812. Por su volumen, sigue siendo el principal delito del grupo y explica buena parte del incremento observado en 2026.
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El segundo cambio más marcado apareció en la modificación o manipulación de programas informáticos. Los registros pasaron de 52 entre enero y agosto de 2025 a 228 en igual período de 2026: 176 casos adicionales, un alza de 338%. Aunque representa una fracción menor del total, fue la categoría con el mayor crecimiento relativo.
La clasificación del Ministerio Público permite distinguir ambos delitos, pero no detalla en estos cuadros cómo se cometió cada hecho. Por ello, los 228 registros informáticos no pueden atribuirse, sin información adicional, a mensajes falsos, suplantaciones o una plataforma específica. El aumento describe una categoría penal, no identifica por sí solo un método de fraude.
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La estafa agravada, en cambio, bajó de 107 a 94 registros, una reducción de 13 casos. También descendió el fraude en servicios públicos, de ocho a siete, mientras que el cobro indebido de un seguro pasó de cinco a ninguno. Estas variaciones fueron menores en número que el crecimiento de la estafa común y los delitos informáticos.
Otras categorías tuvieron cifras reducidas, aunque algunas mostraron saltos visibles. Las denuncias criminales por prenda hipotecaria sobre bien ajeno aumentaron de tres a 21. El reporte de 2026 consignó, además, un caso de alteración o manipulación de instrumentos de medición.
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Por mes, marzo registró el máximo de 2026, con 615 noticias criminales. Le siguieron agosto, con 577, y enero y julio, con 575 cada uno. Febrero presentó la menor cifra, 523. El reporte muestra así registros durante todo el período, sin que el dato de un mes baste para establecer una tendencia futura.
La mayor cantidad de casos se concentró en la provincia de Panamá, con 2,607, seguida de Panamá Oeste, con 615, y Chiriquí, con 405. San Miguelito aparece por separado con 244 registros. Panamá reunió cerca del 57% del total nacional, aunque los informes no ofrecen tasas por población para comparar el riesgo entre territorios.
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En términos interanuales, Panamá Oeste pasó de 462 a 615 casos, un aumento de 153, mientras la provincia de Panamá subió de 2,288 a 2,607, es decir, 319 más. Chiriquí avanzó de 349 a 405. Los Santos registró 96 frente a 70, un crecimiento porcentual importante sobre una base más pequeña.
No todas las áreas mostraron incrementos. Veraguas bajó de 116 a 99 registros, Herrera de 112 a 100 y Coclé de 140 a 134. Bocas del Toro permaneció en 45. Estas diferencias muestran que el aumento nacional no se distribuyó de manera uniforme y que las cifras provinciales requieren leerse junto con su volumen inicial.
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Como contexto sobre la experiencia de los consumidores, un estudio de Experian publicado en septiembre de 2026 señala que el 68% de sus encuestados recibió al menos un intento de fraude durante el último año.
Entre quienes estuvieron expuestos, el 62% dijo que el intento no se materializó. La encuesta mide experiencias declaradas; no equivale al registro penal.
El estudio también encontró que el 64% de los encuestados no había recibido capacitación o información para evitar fraudes y que la mitad no sabía cómo reportar uno. Esos hallazgos ayudan a entender las dificultades de prevención y denuncia, pero no permiten explicar por sí solos el aumento de las noticias criminales registradas por el Ministerio Público.
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