Las autoridades de salud mental de distintas provincias advirtieron sobre el incremento sostenido de la demanda de atención y la presión que atraviesan los sistemas públicos. La situación fue expuesta este jueves en el Senado de la Nación, en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
El informe federal fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y reúne información de las máximas autoridades de salud mental de 14 jurisdicciones, que en conjunto representan al 70,85% de la población argentina. Además, participaron del encuentro las provincias de Entre Ríos y Río Negro.
Uno de los principales datos del relevamiento es el crecimiento de las consultas ambulatorias por salud mental, que aumentaron un 23% durante el último año. A esto se suma el incremento de las internaciones, que entre 2023 y 2026 crecieron un 42%, con una suba del 12% solamente durante el último año.
El relevamiento también detectó una mayor demanda entre niñas, niños y adolescentes, así como entre personas que perdieron la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga y comenzaron a recurrir al sistema público.
Las autoridades provinciales vincularon este escenario con el deterioro de las condiciones sociales y económicas, la pérdida de empleo y el debilitamiento de las redes de apoyo. Según plantearon, estos factores incrementan la presión sobre los sistemas públicos de salud mental, que en los últimos años debieron ampliar sus capacidades de atención.
Las 14 jurisdicciones incluidas en el informe cuentan con dispositivos de salud mental en el primer nivel de atención y realizan internaciones en hospitales generales. Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en hospitales generales.
Además, 13 de las 14 provincias relevadas informaron ampliaciones de camas de internación y de sus redes comunitarias, que incluyen equipos territoriales, centros de día, viviendas asistidas y dispositivos destinados al abordaje de los consumos problemáticos.
A pesar de estas medidas, las autoridades provinciales señalaron que las capacidades existentes se encuentran sobreexigidas ante el crecimiento sostenido de los padecimientos. También identificaron dificultades para completar equipos con algunas disciplinas consideradas críticas y remarcaron que las provincias debieron asumir con recursos propios responsabilidades que anteriormente contaban con apoyo del Estado nacional.
En ese contexto, plantearon como principales necesidades el aumento de la inversión, la ampliación de infraestructura y recursos humanos, el fortalecimiento de la red pública, la garantía de acceso a medicamentos y la producción de información epidemiológica nacional de calidad.
También consideraron necesario recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios para mantener una estrategia federal y actualizada sobre uno de los problemas de mayor prevalencia epidemiológica.
La presentación del informe coincidió con el debate en el Congreso de una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. Las autoridades provinciales manifestaron su preocupación porque consideran que los cambios propuestos no resuelven los principales problemas que atraviesan actualmente los sistemas de atención y podrían generar nuevas barreras para el acceso.
Según plantearon, la reforma elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.
Por ese motivo, las provincias sostienen que el escenario actual requiere fortalecer las políticas públicas existentes, incrementar los recursos destinados a salud mental y recuperar una estrategia federal que permita responder de manera coordinada al aumento de la demanda.
Las provincias que aportaron información al relevamiento fueron Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (AIAS). Además participaron del encuentro las provincias de Entre Ríos y Río Negro.
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