La Fundación Barbechando, integrada por productores que siguen la agenda parlamentaria del sector, articuló una jornada con diputados y senadores de todo el arco político para analizar diferentes aspectos tributarios relacionados con el campo.
11 de septiembre 2026, 08:57hs
En medio del debate por el Presupuesto 2027, la polémica por la elevada carga tributaria del agro llega al Congreso y productores agropecuarios se reunieron con legisladores de diferentes espacios. (Foto: Nicolás González/TN)
En medio del debate por el Presupuesto 2027, la polémica por la elevada carga tributaria del agro llega al Congreso y productores agropecuarios se reunieron con legisladores de diferentes espacios.
La Fundación Barbechando, integrada por productores que siguen la agenda legislativa del campo, articuló esta semana una jornada con legisladores de todo el arco político para analizar diferentes aspectos relacionados con el sector agropecuario.
Los legisladores presentes en la jornada fueron Martín Ardohain (PRO-La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA - Entre Rios), titulares de las comisiones de Agricutura en Diputados y el Senado, respectivamente-, Emamnuel Bianchetti (PRO - Misiones), Francisco Morchio (LLA-Entre Rios), Luis Picat (LLA - Córdoba), Alejandra Torres (Provincias Unidas - Córdoba), Javier Sánchez Wrba (PRO - Buenos Aires), Silvana Schneider (UCR - Chaco) y Eduardo Falcone (MID - Buenos Aires).
Dentro de las temáticas en discusión del Presupuesto se encuentran la logística, la infraestructura de rutas y el transporte de carga, la educación e innovación y la carga impositiva, entre otras. Todas forman parte de una agenda amplia que atraviesa al sector y que requiere de políticas públicas que contemplen las particularidades de la actividad.
La partida constituye una herramienta central para definir las prioridades del Estado y dar previsibilidad a las políticas públicas.
Los productores buscan que el debate por la elevada carga tributaria al sector se debata en el Congreso. (Foto: BCCBA).
Su discusión en el parlamento permite ordenar los recursos disponibles, establecer qué áreas serán prioritarias y evaluar cómo las decisiones del Estado impactan sobre los distintos sectores productivos, destacaron desde Barbechando.
En este sentido, el debate de la carga impositiva en el sector ocupó el lugar central de la actividad. En la jornada, se remarcó que el agro argentino destina el 62% de su renta al pago de impuestos, según el último Índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).
En el análisis se incluyó la mirada del impacto impositivo en todos los niveles juridisccionales: nacional, provincial y municipal.
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Sin embargo, según Antonela Semadini, economista de FADA, el mayor impacto siguen siendo los impuestos no coparticipables.
Del resultado económico de una hectárea agrícola, apenas el 8% queda como ganancia del productor, el Estado se queda con la mayor parte y el 30% va destinado al alquiler de la tierra. La presión es mayor en trigo (cerca del 74%), luego continua girasol (68%), soja (62%) y maíz (60%).
Las claves del Presupuesto 2027
Sin embargo, hay una gran porción oculta del costo impositivo, que no se calcula, según el contador tributarista Mariano Echegaray Ferrer como el saldo técnico del IVA, el saldo de libre disponibilidad y los costos de la gestión administrativa.
El saldo técnico se genera porque el agro, por sus propias características de tasas diferenciales de IVA (21% sobre insumos contra 10,5% sobre la venta de granos), estacionalidad de la producción, financiamiento del capital de trabajo y altas inversiones en bienes de capital, acumula sistemáticamente más crédito fiscal que débito.
Según un relevamiento de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) que el contador citó en la jornada, ese saldo promedia $36.500 por hectárea y en la agricultura extensiva representaría unos US$ 770 millones inmovilizados al cierre de la campaña 2025/26: el equivalente al 7% de todo el gasto en implantación y desarrollo de cultivos de una campaña.
Además, el mecanismo para devolver ese saldo para las inversiones en bienes de capital perdió su capacidad real porque las partidas presupuestarias no se actualizaron: eran $15.000 millones en el 2019 -US$394 millones-. y en el 2026 la actualización fue de $30.000 millones -US$21 millones. Es decir, se duplicó en pesos pero perdió más del 90% de su poder de compra en dólares.
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Si proyectamos, por ejemplo, contra la inversión en maquinaria agrícola del primer semestre de 2026 ($1.381.300 millones), con lo asignado a la partida, no se cubre ni un 20% de la totalidad de inmovilización de saldos de IVA, advirtió Echegaray Ferrer.
A esto se suma el saldo de libre disponibilidad: cuando el productor vende, el comprador le retiene entre 5% y 8% del IVA según su “estado de riesgo fiscal” en el sistema SISA, y esa retención recién se reintegra, en el mejor de los casos, a los 75 días. La propuesta fue convertir el saldo técnico en un bono que el productor pueda usar como garantía de crédito, en lugar de mantenerlo congelado y sin uso durante años.
“El Presupuesto 2027 es una oportunidad concreta para instalar esta discusión en la agenda del Congreso”, planteó Barbechando.
La entidad seguirá “acercando a los legisladores nacionales la información técnica y el diálogo con el sector necesarios para que estas problemáticas encuentren respuestas efectivas a una problemática histórica del sector”.
Consideran que “avanzar hacia una reforma impositiva integral del sector agropecuario es parte de los desafíos fundamentales para impulsar la competitividad del sector”.