Contraopa
Tras los testimonios de esta semana está ya acreditado que Plus Ultra hizo abonos con dinero público que desembocaron en cuentas del ex presidente sin que Moncloa vea escándalo.
Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero durante un mitin
Actualizado Domingo, 13 septiembre 2026 - 02:18
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Sólo lo que ya está acreditado en la investigación del caso Plus Ultra debería tener consecuencias ya como mínimo políticas. Los altos ejecutivos de la aerolínea han confirmado en sede judicial esta semana el pago a lo que llaman el grupo Zapatero de 530.000 euros (sin IVA) en concepto de comisión del 1% por haber ayudado en el rescate estatal de 53 millones de euros.
El receptor del dinero, Julio Martínez Martínez -alias Julito-, intermediario de Zapatero, confirma haber recibido el dinero. Y la Agencia Tributaria ha verificado que el propio ex líder del PSOE, cobró de la inefable Análisis Relevante -la sociedad contratada por Plus Ultra y administrada por Julito- 490.780 euros mientras que sus hijas se embolsaron otros 239.755 euros. Este nauseabundo circuito de pagos fue realizado además con dinero público, puesto que Plus Ultra avisó a la Sepi de que, entre los proveedores a los que tenía que pagar en cuanto recibiera el rescate figuraba Análisis Relevante, como publicó este diario. Plus Ultra tenía un déficit de caja de 48 millones y sólo podía cumplir con Julito con el dinero estatal prestado.
Es decir, está ya probado que Plus Ultra pagó el equivalente al1% del rescate a Martínez y que éste traspasó una cifra similar a Zapatero, con el horror adicional de que es dinero de origen público transferido a Plus Ultra desde el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas por acuerdo del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Tres de los cuatro principales protagonistas reconocen los hechos. El ex presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el ex CEO, Roberto Roselli, confirman que el pago era a cambio de que "el grupo Zapatero" les ayudara a arrancar el rescate a Sánchez. Y Julito sostiene que, en efecto, recibió el dinero por eso y que el que hizo las gestiones para merecer tamaña comisión fue Zapatero. Este último es el único que niega este relato. Admite los pagos para él y para sus hijas, pero se aferra a que fue a cambio de informes sobre la geopolítica mundial que facilitaba a Análisis Relevante.
Los directivos de Plus Ultra describen esos informes como una tapadera que ni siquiera leían, pero queda por dilucidar si Zapatero hizo gestiones para conseguir el rescate y qué connivencia tuvo en el Gobierno. De momento, ya sólo lo acreditado ensucia uno de los instrumentos que aprobó Bruselas al Ejecutivo para ayudar a las empresas en pandemia. Sin embargo, Sánchez no ve escándalo y, pese al circuito de pagos verificado por la propia Agencia Tributaria, relativizó el tema en su entrevista del pasado miércoles en TVE e incluso dijo contar con Zapatero para futuros mítines. No ve objeción a que predique la política social del PSOE en campaña electoral el que, como mínimo, ha trabajado para un comisionista de una empresa rescatada por su partido y eso sin contar el episodio de las joyas. Defiende a su predecesor, porque, entre otras cosas, si se prueba amaño en el rescate, el responsable último es el presidente.
La versión de Zapatero implica creer que Plus Ultra habría pagado a la trama de manera ingenua y por no hacer nada. Sin embargo, no pocos elementos también acreditados muestran que la aerolínea necesitaba algún padrino ante el Gobierno. Por un lado, el perito mercantil independiente que analizó sus cuentas, Pedro Martín Molina, sostiene que la empresa ya estaba en crisis antes de la pandemia y que, por tanto, no podía recibir la ayuda estatal. También se puso en evidencia en 2021 la dificultad de considerar "estratégica" para España a una aerolínea que sólo acreditaba una flota de cuatro aviones. Por otro lado, el juez instructor, José Luis Calama, pone en duda que cumpliera otro requisito, el de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social, por los datos contrapuestos detectados por la policía judicial. Y por si fuera poco, el juez ha puesto el foco en las últimas semanas en lo que publicó este diario el pasado julio y es si Plus Ultra cumplía el criterio número uno, el de ser una empresa española, puesto que los dos ex directivos de Plus Ultra atribuyen al venezolano, Rodolfo Reyes, el control real y efectivo de la empresa.
Sólo con lo que ya se sabe y a la espera del fin de la instrucción, alguna autocrítica y medida debería impulsar ya el PSOE, pero Sánchez se escudó en TVE en que los imputados "tienen derecho a mentir en sus declaraciones ante los jueces". Y agregó: "Espero que se pueda aclarar todo". Eso, a ver si se puede y con la colaboración de todos.