Los inversores damnificados por la caída de la criptomoneda $LIBRA buscan llegar a la Cámara Federal de Casación Penal para que ese tribunal revise los fallos que los apartaron como querellantes en la causa. Los afectados presentaron sus recursos de casación este miércoles en Comodoro Py con la intención de volver a ser admitidos como acusadores particulares.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo del expediente, también rechazó como querellantes a los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. El equipo legal de los legisladores evalúa por estas horas presentar una apelación ante la Cámara Federal porteña.
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La Sala I del tribunal de apelaciones, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó el 4 de septiembre la exclusión de los inversores como querellantes en la causa penal donde se investiga una presunta estafa y maniobras de corrupción.
Con estos recursos de casacións, los afectados buscan recuperar el derecho a intervenir de forma activa en el expediente, controlar las pruebas y proponer medidas de investigación. Esa posición cobra especial relevancia en este caso a partir de los cuestionamientos que surgieron desde las querellas contra el fiscal Eduardo Taiano.
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La controversia en torno a este tema se originó a partir de una excepción de falta de acción que interpuso la defensa de Mauricio Gaspar Novelli, uno de los principales imputados en el expediente.
El abogado defensor del trader con llegada al presidente Javier Milei argumentó que las pérdidas económicas de los denunciantes no fueron el resultado de un delito, sino de la volatilidad propia de una “memecoin”, un mercado de alto riesgo que carece de regulación financiera. El juez Martínez De Giorgi hizo lugar a ese planteo el pasado 3 de julio y apartó a los cinco querellantes constituidos: Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo.
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Posteriormente, la Cámara Federal ratificó esa decisión y consideró que los inversores asumieron voluntariamente los riesgos de la operación y que no lograron demostrar un engaño concreto que los hubiera inducido a adquirir el token. Asimismo, la resolución judicial señaló que las billeteras virtuales utilizadas en la red Solana no requieren registro de identidad (KYC), lo que impidió acreditar fehacientemente la titularidad de los fondos y de los activos.
Ante este escenario, el grupo de inversores representados por el diputado Juan Grabois avanzó esta mañana con el recurso de casación para que sea el máximo tribunal penal federal el que dirima la cuestión. Lo propio hizo horas más tarde el damnificado Martín Romeo, que cuenta con la asistencia legal del abogado Nicolas Oszust.
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La Cámara debe decidir primero si concede el recurso. En caso contrario, los damnificados aún pueden insistir mediante una queja.
En su presentación, Grabois cuestionó la resolución por considerarla prematura y contradictoria con las constancias del expediente.
El escrito judicial advirtió que la Cámara equiparó erróneamente el riesgo de una inversión con un plan delictivo pre-programado, conocido en la jerga informática como “rug pull” o tirón de alfombra. Según la hipótesis de las víctimas, los creadores del token retiraron de forma coordinada la liquidez del mercado tras generar un entusiasmo artificial en el público.
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Además, recordaron que la legitimación de las querellas ya contaba con el respaldo de decisiones previas que adquirieron firmeza. En marzo de 2025, la Sala II de la Cámara Federal reconoció a los damnificados el derecho a ser parte del proceso bajo el criterio de que la condición de ofendido debe evaluarse de manera amplia en los inicios de la instrucción. Aquella resolución fue recurrida por las defensas, pero la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimaron los planteos, agotando las vías recursivas sobre ese punto. Por tal motivo, los recurrentes sostuvieron que la nueva exclusión vulneró el principio de cosa juzgada y afectó la seguridad jurídica.
Por otra parte, los damnificados criticaron la exigencia de probar la titularidad de las billeteras virtuales mediante estándares notariales imposibles de cumplir en un ecosistema descentralizado.
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En el caso de Martín Romeo, su defensa detalló -en instancias anteriores- que aportó actas notariales donde una escribana pública certificó el acceso a sus cuentas de Phantom y Lemon, junto con sus datos personales y el registro de las transacciones. Los abogados señalaron que requerir la demostración del origen lícito de los fondos para aceptar a una víctima como querellante constituye una exigencia inédita que invierte la carga de la prueba.
La causa $LIBRA investiga el lanzamiento del token ocurrido el 14 de febrero de 2025, promocionado mediante una publicación en la red social X por el presidente Javier Milei. El mensaje oficial indicaba que el proyecto privado se destinaría a financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. Tras el posteo, la cotización de la moneda digital subió de un centavo de dólar a casi cinco dólares, para luego desplomarse por completo en pocas horas debido a ventas masivas.
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Las auditorías técnicas y los informes de la Policía Federal detectaron que, segundos antes de la publicación presidencial, un grupo de billeteras virtuales vinculadas a los imputados ejecutó transacciones millonarias utilizando información privilegiada.
La investigación también abarca presuntos pagos de sobornos y tráfico de influencias para facilitar reuniones en la Casa Rosada entre los desarrolladores extranjeros, representados por Hayden Mark Davis, y el entorno presidencial.
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Con la exclusión de los inversores particulares confirmada por la Cámara, la acción penal quedó bajo el impulso exclusivo del fiscal Eduardo Taiano.