
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió calma ante el riesgo de nuevos disturbios durante las protestas previstas para el 31 de octubre, a seis meses de las elecciones presidenciales, y advirtió que el país necesita un debate democrático y no una escalada de violencia. El mandatario descartó por el momento declarar el estado de emergencia, aunque aclaró que esa posibilidad no está excluida, y aseguró que el Gobierno mantendrá los dispositivos de seguridad necesarios para evitar nuevos incidentes.
“No es normal que, a seis meses de unas elecciones presidenciales, nuestro país esté en este estado de ebullición”, afirmó Macron durante una visita a Marsella el lunes, donde se reunió con el alcalde, Benoît Payan, y recorrió las instalaciones del Ayuntamiento, parcialmente vandalizadas durante los disturbios del 17 de octubre. Ante la prensa, el jefe de Estado advirtió que el riesgo de nuevos incidentes el próximo sábado continúa elevado y pidió evitar que se repitan las escenas de caos de la jornada anterior.
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El mandatario sostuvo que los desacuerdos deben expresarse a través del debate y la confrontación de propuestas, en lugar de derivar en episodios violentos. “Los desacuerdos deben poder expresarse, las propuestas confrontarse y los franceses elegir libremente su futuro”, escribió en un extenso mensaje en redes sociales después de su visita a la ciudad mediterránea.
Macron también defendió el derecho de los ciudadanos a manifestarse, aunque estableció una distinción entre las movilizaciones y los actos de vandalismo. “Manifestarse es un derecho. Destruir nunca lo será”, expresó en su mensaje, en el que rechazó los saqueos, los ataques contra las instituciones y los episodios de violencia registrados durante las protestas.
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El presidente agradeció a las fuerzas de seguridad por su despliegue y aseguró que el Estado mantendrá su compromiso con el restablecimiento del orden. “Seguiremos aguantando”, dijo a los agentes, al reconocer que la situación todavía no está controlada.
“Si hacemos bien nuestro trabajo colectivamente, este movimiento se calmará porque responderemos a las expectativas legítimas y porque el orden se mantendrá. Pero no hay nada hecho”, afirmó Macron, quien llamó a actuar con determinación y humildad frente a la crisis.
El Gobierno mantendrá los dispositivos de seguridad necesarios para las próximas movilizaciones y trabajará para establecer itinerarios de manifestación fuera de los centros urbanos. El objetivo, según explicó el mandatario, es proteger a los residentes y permitir la recuperación de la actividad económica en las zonas afectadas por los disturbios. Las autoridades ya restringieron algunos recorridos e impusieron toques de queda parciales en determinadas localidades.
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Las demandas económicas y estudiantiles
Macron reconoció que el encarecimiento del coste de la vida y las preocupaciones de los estudiantes por sus condiciones de estudio y su futuro alimentan las protestas, convocadas por sindicatos y los llamados ‘chalecos amarillos’.
El presidente afirmó que pidió al Gobierno que responda a las “demandas legítimas en la raíz del movimiento social”. Entre las iniciativas mencionadas figura el encuentro que el primer ministro, Sébastien Lecornu, mantuvo con representantes estudiantiles para abordar los reclamos vinculados con el poder adquisitivo y los servicios públicos, que impulsaron el actual ciclo de movilizaciones.
El Ejecutivo también prevé reuniones con representantes sindicales y empresariales para analizar las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores. Macron señaló que las respuestas a esas demandas deben formar parte de los esfuerzos para reducir las tensiones, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener el orden público.
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El Gobierno puso en marcha medidas de apoyo para los comerciantes afectados por los saqueos y para aquellos que debieron cerrar sus establecimientos como consecuencia de los disturbios. Entre las iniciativas figura un fondo de asistencia que contará con la colaboración de las administraciones locales y el sector privado.
Además, las autoridades trabajan con compañías aseguradoras y entidades bancarias para acelerar el pago de indemnizaciones y facilitar la financiación de nuevos pedidos. El objetivo es ayudar a los negocios perjudicados a retomar su actividad y limitar las consecuencias económicas de los episodios de violencia.
(Con información de EFE)