Madrid, 19 sep (EFE).- El proyecto de real decreto de gestión de los riesgos de inundación ha cerrado esta semana el plazo de información pública con más de 300 alegaciones; esta normativa reforzaría las medidas de protección de las nuevas viviendas construidas en zonas inundables, evitando tragedias como la provocada por la dana de Valencia en 2024.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) abrió el plazo de observaciones el pasado 16 julio, un proceso en el que se han presentado más de 300 alegaciones, según fuentes ministeriales.
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El proyecto de real decreto exige que el riesgo de inundación figure en las escrituras y el registro cuando se lleve a cabo la compraventa de un bien en zona inundable; también establece obligaciones tanto para nuevas viviendas construidas en zonas inundables como para edificios ya construidos.
En el primer caso, las viviendas deberán levantarse al menos un metro por encima de la cota de agua y no podrán tener garajes subterráneos, sótanos o cualquier edificación bajo rasante.
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En el segundo, los edificios ya construidos tendrán que someterse a procesos de adaptación y defensa, con medidas que permitan reducir las consecuencias de las inundaciones, el fenómeno natural más dañino en España.
Otras de las medidas incluidas en el texto establecen que no se podrán construir nuevos equipamientos o servicios esenciales, centros deportivos cubiertos, superficies comerciales o zonas de acampada en zonas inundables de suelo rural; en el caso de suelo urbanizado, se podrá construir al menos un metro por encima de la cota de inundación, pero sin espacios bajo rasante.
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En cuanto a la compraventa, además de informar del riesgo de inundación que afecta a ese inmueble, el real decreto establece el pago por servicios ambientales: si hay un terreno sobre el que hay que trabajar para disminuir el riesgo de inundación, no haría falta expropiarlo, pero se indemnizaría a sus dueños.
Para evitar que la población se olvide de ellas, salvo en episodios de dimensiones de la dana de 2024, se va a dotar de rango legal al catálogo nacional de inundaciones históricas como una gran base de datos.
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Esta medida contempla que los municipios señalen la altura a la que llegó el agua en pasadas riadas.
Fuentes del ministerio afirmaban en julio que el proyecto de real decreto es fruto "de una reflexión profunda" tras la dana de octubre de 2024 respecto a si la normativa "era robusta para afrontar los efectos del cambio climático". EFE
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