Carlos Mazón ha encontrado en los tribunales el argumento para volver a guardar silencio sobre la DANA. El expresidente de la Generalitat Valenciana ha regresado este lunes al Congreso diez meses después de su primera comparecencia y ha decidido no responder a las preguntas sobre su actuación durante la tragedia del 29 de octubre de 2024. Su explicación: desde entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado investigarle, la Audiencia Provincial de Valencia ha admitido su personación en la causa de Catarroja y él dispone ahora de acceso a las diligencias judiciales.
“Ahora que tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción”, ha señalado Mazón al inicio de su intervención. El exdirigente del PP ha convertido así su situación procesal en el eje de su segunda comparecencia ante la comisión de investigación de la Cámara Baja.
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“El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado”, ha añadido. A su juicio, la principal novedad desde su primera comparecencia, celebrada en noviembre de 2025, es el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que rechazó investigar su actuación en la gestión de la emergencia. Mazón ha destacado que la decisión fue adoptada por unanimidad por los cinco magistrados que integran la Sala y ha defendido que el pronunciamiento descarta su responsabilidad penal.
El expresidente valenciano ha ido incluso un paso más allá al referirse al auto como una “sentencia firme”, pese a que jurídicamente se trata de un auto. Y ha llegado a agradecer que el PSOE presentara una querella contra él ante el Tribunal Supremo por su primera comparecencia parlamentaria.
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“Agradezco que el PSOE me haya denunciado ante el Supremo porque ha provocado la resolución por unanimidad que me exonera de cualquier responsabilidad”, ha afirmado. Mazón ha utilizado de esta forma la propia ofensiva judicial del PSPV contra él como argumento para reivindicar el pronunciamiento posterior del TSJCV.
La frase tiene además una derivada judicial todavía abierta. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido precisamente al alto tribunal que recabe el auto del TSJCV que rechazó investigar a Mazón para valorar la querella por falso testimonio presentada por cuatro diputados socialistas por su declaración ante la comisión del Congreso de noviembre de 2025. El Ministerio Público pretende analizar si lo que dijo entonces puede tener relevancia penal.
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El argumento de Mazón parte de un dato cierto: el TSJCV rechazó investigar penalmente al entonces presidente de la Generalitat. Pero esa decisión no supone el cierre de la causa que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, sobre la gestión de la DANA. De hecho, la investigación continúa abierta. La Audiencia Provincial de Valencia estimó en junio el recurso presentado por Mazón y permitió que se personara en el procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. La resolución tuvo en cuenta que seguían pendientes diligencias que podían aportar información relevante sobre una eventual responsabilidad futura del aforado.
Y la propia jueza ha prorrogado recientemente la instrucción otros seis meses, hasta abril de 2027. Ruiz Tobarra justificó la decisión por la complejidad y gravedad de la causa y por la necesidad de practicar nuevas diligencias, entre ellas declaraciones de perjudicados, testigos y peritos. También está pendiente la obtención de nuevos mensajes relacionados con José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete de Mazón.
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Es precisamente esa circunstancia la que Mazón utiliza ahora para justificar su silencio. Su defensa había acudido el pasado 1 de septiembre al juzgado de Catarroja para solicitar que se concretara si existía alguna línea de investigación abierta respecto de una eventual responsabilidad penal del expresidente y, en caso contrario, que quedara constancia expresa de ello.
La jueza respondió que el juzgado no era competente para acordar el sobreseimiento solicitado por la defensa debido a la condición de aforado de Mazón. También recordó que no está investigado en la causa y que podía apartarse del procedimiento si así lo consideraba. La magistrada señaló además que la tesis exculpatoria planteada por Mazón podía tener consecuencias para la situación procesal de Salomé Pradas, que sí está investigada.
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La defensa de Mazón sostiene, por su parte, que la responsabilidad de la gestión de la emergencia correspondía al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y niega que el expresidente tuviera una posición de garante o impartiera instrucciones para modificar o retrasar el envío del sistema ES-Alert.
Aunque ha rechazado contestar a las preguntas de los grupos, Mazón sí ha aprovechado su intervención inicial para reivindicar algunas de las explicaciones que ya ofreció en su primera comparecencia y para responder de forma puntual a cuestiones planteadas durante la sesión.
Ante una pregunta sobre su papel en la emergencia, ha negado que tuviera la facultad de declarar la situación de emergencia. También ha defendido que su presencia o ausencia del Cecopi no determina quién podía adoptar las decisiones operativas. “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”, ha respondido cuando se le ha planteado si estaba ausente o dando órdenes durante las horas críticas de la tarde del 29 de octubre.
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Mazón ha rechazado además que la comisión esté aportando cuestiones que no hubiera explicado ya. “No me extraña que me hayan llamado por segunda vez. A todo esto ya respondí sobradamente. Se ve que ese día estaban a otra cosa”, ha afirmado.
Su intervención vuelve a poner sobre la mesa la explicación que ofreció en noviembre de 2025 sobre las horas previas al envío del ES-Alert. Entonces aseguró que a las 19.43 horas “nadie sabía que la gente se estaba ahogando” y sostuvo que no se tuvo conocimiento de las primeras víctimas mortales hasta bien entrada la madrugada. También negó tener responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia y cuestionó la información que, según él, proporcionaron organismos estatales como Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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En aquella primera comparecencia el expresident también defendió que “nada hubiera cambiado” si hubiera estado en el Cecopi y sostuvo que la decisión de enviar el ES-Alert ya estaba tomada antes de la llamada que mantuvo con Salomé Pradas a las 19.43 horas.