Catalunya ha sido y es una sociedad profundamente transformada por las migraciones. No son algo nuevo, forman parte de la historia y han contribuido decisivamente a configurar la sociedad catalana. Creemos que cualquier análisis ha de partir de las migraciones como un hecho estructural. Representan una oportunidad, pero también comportan retos que hay que abordar atendiendo tanto al volumen y ritmo de llegada como a las capacidades de la sociedad de acogida.
Los nacidos en el extranjero son en Catalunya el 25,1% de la población ( media UE 9,9%, zona euro 11,7%, Francia 11,6%, Italia 11,7%, España 14,1%, Reino Unido 19%, Alemania 20,5%), mientras que era un 2,3% en el 2000: en solo 25 años Catalunya ha pasado de poco más de seis millones de habitantes a más de ocho. El ritmo de crecimiento ha sido muy superior al de la mayoría de países europeos. Y se ha dado en un contexto de políticas de inmigración deficientes y contradictorias en la UE (centros de deportación, Frontex...) y el Estado español, donde las regularizaciones extraordinarias evidencian deficiencias en las políticas de previsión, orientación y gestión.
Las migraciones incluyen dimensiones socioeconómicas, culturales, lingüísticas y nacionales. Suponen oportunidades de futuro, contribuyen a la actividad económica, compensan la baja natalidad y el envejecimiento, y aumentan la diversidad cultural. Pero también repercuten en problemáticas presentes como la vivienda, la educación, la sanidad, la pobreza y desigualdad o el uso social de las lenguas. Tensiones que se deben rehuir.
Catalunya tiene salarios y productividad relativamente bajos. El aumento del 7,8% de la población activa ha impulsado el PIB, pero no el PIB per cápita. Una situación a la que se añaden factores estructurales: riesgo de pobreza del 24,8%, de pobreza infantil del 36,5% (UE 24,3%, España 34%), un mercado de vivienda fuertemente tensionado y un sistema educativo que afronta una realidad demográfica, con más de un tercio de los menores (y más del 40% de los menores de cinco años) con origen directo o indirecto en la inmigración. Todo se da en el contexto de un déficit fiscal crónico (8% del PIB) y un constante déficit de inversiones estatales en infraestructuras (según datos de la UE, Idescat, INE, Cercle d’E conomia, Departament de Drets Socials).
Otro aspecto clave es la incidencia en la erosión del uso social del catalán. Si el país pierde la lengua, pierde el principal elemento de identidad nacional diferenciada. Hoy la política lingüística del Govern se revela aún más insuficiente. El catalán ha de ser eje de cohesión y herramienta de igualdad de oportunidades, pertenencia y participación. Pero Catalunya no tiene las herramientas políticas y económicas de un Estado, ni siquiera las competencias de otros territorios con políticas lingüísticas propias (Flandes, Quebec, cantones suizos).
En Catalunya la asunción de competencias y recursos en inmigración es una necesidad política y nacional
Hay que evitar algunas consecuencias que muestra la política comparada, como la guetización de poblaciones inmigradas con déficits de integración social y lingüística, o deficiencias en las políticas de acomodación democrática de la diversidad cultural.
Se deben clarificar los derechos y deberes de todo el mundo en una sociedad diversa y establecer acuerdos transversales sobre el sistema productivo y el Estado de bienestar. Es una exigencia que no puede esperar. Las necesidades de mano de obra, servicios y recursos se han de definir institucionalmente con participación de partidos, organizaciones sociales y agentes económicos; no solo desde las necesidades del empresariado. También hay que promover políticas de cooperación con los estados de origen y tránsito. La escuela pública y la FP, los servicios sociales y gobiernos locales son esenciales para evitar segregaciones, favorecer la movilidad social y garantizar oportunidades con recursos adaptados a las necesidades de cada centro y población.
Estos retos afectan a todas las sociedades europeas, pero en Catalunya se agravan porque no podemos decidir sobre aspectos clave: los flujos y sus ritmos, recursos, reducción de las entradas irregulares, derechos de trabajo y residencia, asilo o políticas de retorno. Catalunya necesita una política de inmigración específica, con objetivos claros, procedimientos de implementación, evaluación y revisión, así como la participación efectiva en las políticas de Estado. La asunción de competencias y recursos en inmigración no es cuestión de mera gestión o partido, sino una necesidad política y nacional.
El debate no puede abordarse desde el populismo, de derechas o izquierdas, que simplifica y señala culpables, ni desde un silencio que evita los problemas reales. Hay que reconocer los beneficios, necesidades y tensiones de las migraciones. Una gestión poco solvente debilita la capacidad y legitimación de las instituciones. Por eso hace falta un pacto nacional firme, duradero y que se cumpla, que haga de las migraciones un ámbito de consenso transversal con políticas estables más allá de ciclos electorales. El reto es garantizar derechos y deberes para todos, una vida digna, igualdad de oportunidades y cohesión social, reconociendo las características nacionales, lingüísticas y culturales del país. Nos jugamos buena parte del futuro colectivo de los ciudadanos de una sociedad queridamente moderna y democráticamente diversa.
Cercle de Política i Drets está formado por Josep Maria Argimon, Montse Ayats, Sebastià Guirado, Judith Macaya, Ferran Requejo, Rafael Ribó, Agustí Serra, Laia Serra, Carles Solà, Maite Vilalta. (Observadora, Simona Levi)