El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, encabezado por su presidenta, Ariadna Montiel Reyes, presentó un posicionamiento en el que acusó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de utilizar sus denuncias ante el gobierno de Estados Unidos como una estrategia para “cubrirse de impunidad” frente a investigaciones en su contra en México.
De acuerdo con el documento leído por el CEN, “no hay propaganda ni denuncia en el extranjero que valga” cuando una investigación se acerca a Moreno o a su entorno, y acusó al priista de “confundir la rendición de cuentas con venganza” y de “disfrazar la impunidad de soberanía democrática”.
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El partido gobernante también cuestionó que el dirigente nacional del PRI haya acudido a pedir la intervención de un gobierno extranjero contra consejeras y consejeros del INE, a quienes previamente había defendido. “¿Dónde quedó aquello de que al INE no se toca ni un pelo?”, se preguntó el CEN en su posicionamiento.
El partido detalló un cronograma de denuncias e investigaciones contra Moreno, entre ellas:
- En 2022, la Fiscalía de Campeche presentó denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y promovió una primera solicitud de desafuero.
- En julio de ese proceso se presentó una segunda denuncia, relacionada con su periodo como gobernador del estado.
- En abril de 2026, la fiscalía especializada presentó nuevas pruebas, a la espera de que la Comisión de la Cámara de Diputados retome el tema en septiembre, con el inicio del nuevo periodo legislativo.
Según Morena, este contexto —y no una persecución política— explicaría los viajes de Moreno a Washington en febrero, mayo y agosto, en los que ha buscado que Estados Unidos declare al PRI como una organización vinculada al crimen organizado.
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El posicionamiento del CEN vinculó directamente estos antecedentes con la detención, un día antes, de Luis Antonio Espinosa Campos, contador señalado como representante de empresas del hermano de Alejandro Moreno, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. Según el documento, el detenido está acusado de recibir recursos del gobierno estatal hacia una empresa ligada a medios de comunicación fundados por la familia Moreno, sin que —de acuerdo con Morena— se acredite que el gobierno haya recibido los servicios contratados.
“Detrás de sus acusaciones en Washington está, de fondo, las investigaciones hacia sus actos de corrupción en el tiempo en que fue gobernador de Campeche”, señaló el CEN, calificando al dirigente priista y a su entorno de “traidores a la patria que buscan impunidad ante sus actos de corrupción”.
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El posicionamiento de Morena se dio a conocer horas después de que Alejandro Moreno publicara un mensaje en su cuenta de X en el que acusó al “narcogobierno de MORENA” de buscar contradecirlo por haber marchado en defensa del INE y ahora denunciar su actuación. El senador priista sostuvo que la denuncia presentada ante el Departamento de Estado de EU busca alertar sobre “el deterioro institucional que está viviendo México” y los intentos por silenciar a la oposición.
Moreno invocó además el artículo 61 constitucional, que protege la inviolabilidad de los legisladores por las opiniones que emiten en el ejercicio de su cargo, y afirmó que ni “ningún consejero, ningún funcionario y ningún gobierno” decidirá qué puede decir la oposición.
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El CEN sostuvo que Moreno “omite” que las disposiciones sobre calumnia electoral que ahora denuncia como censura surgieron de la reforma electoral de 2014, impulsada por el propio PRI, y afirmó que “el fuero protege una función, no a una persona”.
Como parte del mismo evento, Morena retomó el caso Ayotzinapa para señalar que fue durante gobiernos priistas cuando se construyó la llamada “verdad histórica”, y recordó que el exprocurador Jesús Murillo Karam permanece detenido, así como el proceso contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, señalado por presuntamente encubrir pruebas relacionadas con la investigación.
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