Una investigación internacional por fraude contra migrantes latinoamericanos llevó a la captura de una mujer de 49 años en San Juan de Lurigancho, en Lima. La detenida era requerida por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una organización vinculada con extorsión, fraude y lavado de dinero.
La intervención se produjo cuando la mujer caminaba por una vía pública del distrito. Según la información policial, los agentes lograron ubicarla tras labores de seguimiento, en cumplimiento de una requisitoria vigente y de una notificación roja emitida por Interpol desde 2024.
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El caso está relacionado con una estructura delictiva que operó desde Lima y dirigió sus acciones contra personas hispanohablantes en Estados Unidos. La organización utilizaba llamadas telefónicas para ofrecer servicios falsos y recurría a amenazas para exigir pagos a quienes contactaba.
La captura contó con el apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos y de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú. La detenida quedó a disposición de las autoridades peruanas, en el marco del procedimiento de extradición solicitado por la justicia estadounidense.
De acuerdo con las investigaciones del caso, la red delictiva operaba desde una oficina clandestina en Lima, acondicionada como un centro de atención telefónica o call center. Desde ese lugar, sus integrantes contactaban a migrantes latinoamericanos con ofertas engañosas de cursos de inglés y otros productos.
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Para convencer a las víctimas, los implicados se hacían pasar por funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. La apariencia de legalidad de las llamadas formaba parte del mecanismo utilizado para conseguir que los afectados aceptaran las supuestas obligaciones de pago.
Las investigaciones estadounidenses atribuyen a la organización pérdidas superiores a los 15 millones de dólares y más de 30.000 personas afectadas. El esquema habría funcionado entre 2013 y 2018, periodo durante el cual los integrantes del grupo utilizaron distintas formas de presión para obtener dinero.
Entre las prácticas denunciadas figuraban las amenazas de deportación y las referencias a presuntas deudas pendientes. Los responsables recurrían a estos argumentos para intimidar a las víctimas y exigirles nuevos desembolsos, de acuerdo con los antecedentes del caso.
La mujer, identificada como Karount Jannet Toledo Vásquez, figuraba en los registros de Interpol con una notificación roja desde 2024. Esta alerta internacional estaba vinculada con la solicitud de las autoridades estadounidenses para localizarla y proceder con su detención con fines de extradición.
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Según la información difundida sobre la intervención, Toledo Vásquez ya había sido detenida en 2019, pero recuperó su libertad. Su reciente ubicación en San Juan de Lurigancho permitió a las autoridades concretar una nueva captura dentro del proceso judicial relacionado con la red.
La Embajada de Estados Unidos informó que el operativo contó con la participación del Servicio de Seguridad Diplomática y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), mediante la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divincco).
Por su parte, la Policía Nacional del Perú señaló que agentes especializados localizaron a la mujer en la vía pública y ejecutaron la orden correspondiente. Tras la intervención, fue trasladada a dependencias policiales para las diligencias de ley.
Karount Jannet Toledo Vásquez cuenta con una solicitud de extradición pasiva concedida para comparecer ante los tribunales de Estados Unidos. El requerimiento está relacionado con presuntos delitos de extorsión, fraude y lavado de dinero, de acuerdo con la información proporcionada sobre el expediente.
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El procedimiento implica la intervención de las autoridades judiciales peruanas, que deben cumplir las actuaciones correspondientes antes de la entrega de la persona requerida al país solicitante. Por ello, la captura no representa por sí misma el traslado inmediato a territorio estadounidense.
La detenida permanece a disposición de la justicia peruana mientras continúan las diligencias vinculadas con su extradición. Las entidades competentes deben coordinar las actuaciones necesarias para ejecutar el requerimiento internacional.
La Embajada de Estados Unidos indicó que la mujer era la última prófuga identificada de la organización investigada. Otros ciudadanos peruanos implicados en el mismo caso ya fueron extraditados a Estados Unidos, donde cumplen condena por su participación en los hechos.
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