Han transcurrido poco más de dos semanas desde que el Presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional los principales lineamientos de la agenda en seguridad, y de los aplausos iniciales se ha pasado a un ambiente de fuertes cuestionamientos que no solo han provenido de la oposición, sino incluso de sectores del propio oficialismo, al punto que algunos parlamentarios pusieron en duda la concurrencia de sus votos. La razón de fondo se debe al contenido y orientación de algunos de los cambios constitucionales que el Ejecutivo ha propuesto como parte de dicha reforma, los que lejos de contribuir a una sensación de mayor seguridad y afianzamiento del Estado de Derecho, han abierto críticas no solo sobre su pertinencia, sino especialmente porque encierran el riesgo de empezar a consolidar precedentes que podrían afectar gravemente las garantías de las personas y con ello la democracia misma.
Un aspecto que desde ya merece reparos es la intención de impedir que aquellos condenados por crimen organizado y terrorismo accedan a una serie de prestaciones financiadas con fondos públicos, restricción que se prolongaría 15 años después de cumplida la condena -la inconveniencia de una propuesta como esta ya fue analizada en estas mismas páginas, haciendo ver sus efectos contraproducentes para los propios objetivos de la agenda de seguridad-, pero el foco de los mayores reparos ha estado en la pretensión de introducir un nuevo estado de excepción por motivo de seguridad pública, el cual ha resultado sumamente polémico. Este contempla que pueda extenderse hasta por 120 días, prorrogables por igual plazo a voluntad del Presidente de la República; solo en caso de una nueva prórroga recién ahí se requerirá el acuerdo del Congreso. Mientras dure este estado de excepción, el Mandatario contará con las facultades de suspender o restringir la libertad personal, de locomoción y el derecho de reunión. Asimismo, podrá restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, como también disponer de requisiciones de bienes.
Es fácil darse cuenta de los riesgos que conlleva un estado de excepción que se pueda prolongar durante 240 días sin control del Congreso, y que mientras tanto una serie de derechos fundamentales puedan ser discrecionalmente intervenidos. Desde luego, cabe preguntarse por qué razón La Moneda optó por una propuesta de esta naturaleza, sin calibrar los alcances de algo así. El gobierno ha argumentado que el Estado requiere contar con herramientas mucho más efectivas para poder combatir el crimen organizado, especialmente si hay zonas cooptadas por peligrosos carteles, lo que amerita una intervención a gran escala, sin escollos burocráticos y además con la posibilidad de poder contar con el refuerzo de las Fuerzas Armadas.
No cabe duda de que el crimen organizado es una de las mayores amenazas que enfrenta el país, pero antes de crear un nuevo estado de excepción -que además implica reabrir el expediente de las reformas constitucionales, lo que podría despertar el apetito de otros sectores por promover nuevos cambios a la Carta Fundamental- cabría preguntarse si no era pertinente evaluar antes la efectividad de una treintena de proyectos de ley ya presentados o que el gobierno ingresará pronto, todos ellos como parte de la agenda de seguridad, lo que cuando menos permitiría contar con un diagnóstico más acabado de si acaso se requiere otro estado de excepción y si medidas tan invasivas para la población se justifican como algo excepcional.
Hay una dimensión todavía más compleja, al no haberse calibrado los efectos de naturalizar que un mandatario pueda suspender una serie de garantías sin control del Congreso y posiblemente tampoco por parte del Poder Judicial. Esta lógica rompe los contrapesos que la Carta Fundamental ha establecido entre distintos poderes del Estado, justamente como forma de impedir que un estamento concentre excesivo poder, especialmente cuando están en juego garantías fundamentales. Entregar potestades desmedidas al gobierno, aun bajo el pretexto de la seguridad, nos podría poner en un camino similar por el que ya han transitado otros países, donde por razones similares los gobernantes han terminado sofocando la libertad de expresión o han justificado la persecución de adversarios políticos, erosionando con ello las bases mismas de la democracia. Es alentador por lo mismo que se hayan levantado tantas voces de alerta y tan transversales -entre ellas la del propio presidente del Partido Nacional Libertario, quien hizo ver que se contemplan restricciones extremadamente invasivas a derechos protegidos por la Constitución, y por ello la necesidad de ponerle cotos-, que acertadamente han advertido sobre los riesgos ya señalados.
Por supuesto que cabe valorar que senadores del Partido Republicano y de Renovación Nacional hayan acordado indicaciones para que el nuevo estado de excepción cuente con aprobación inmediata del Congreso y revisión cada 30 días, además de dejar fuera la afectación de las comunicaciones de las personas. El gobierno también ha dado señales de estar dispuesto a acoger cambios a su propuesta y establecer cierto tipo de control y rendición de cuentas, lo que también sería un paso bienvenido -aunque el ministro de Seguridad ha seguido defendiendo la necesidad de intervenir las comunicaciones, si bien de manera “temporal y acotada”-, pero ello no obsta para mantener en pie las objeciones de fondo a la creación de un nuevo estado de excepción -que por lo demás seguiría comprometiendo una serie de otras garantías personales-, como asimismo lo clarificador que resultaría escuchar por parte del gobierno un reconocimiento a que se cometió un error -fruto de la improvisación o el apresuramiento- y que no se calibraron bien los alcances de una propuesta de este tipo.
El Mandatario no podría ignorar que al tratar en forma algo liviana las garantías constitucionales en la reforma que él propuso ha dado pie para alimentar las suspicacias de la oposición en cuanto al autoritarismo de la “ultraderecha”, o a sus pulsiones iliberales, un asunto que por lo demás el propio Presidente Kast abordó a comienzos de esta semana, durante el cambio de mando en la Federación de Medios de Comunicación Social. Allí, junto con defender la libertad de prensa, desestimó cualquier actitud iliberal, e incluso exhortó a que si “alguna vez alguien podría decir que hemos abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático”. Sería por lo mismo clarificador que, si estas son las convicciones del Mandatario, exista coherencia y el gobierno modifique su propia propuesta, sin perjuicio de los aportes que surjan en el debate legislativo. De esa forma contribuiría a desactivar las aprensiones y permitiría volver a centrar la discusión en los temas propiamente de seguridad, foco que nunca se debió haber perdido.