En el balance de sus primeros 200 días de gestión, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destaca como primer logro que supuestamente 8.084 personas se han visto beneficiadas en el marco de la Ley de Amnistía que promulgó.
Sin embargo, la ONG Foro Penal informó que en Venezuela aún existen 379 presos políticos y que más de 11 mil personas siguen “sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad”. En ese último grupo destaca el abogado y profesor universitario Perkins Rocha, asesor de María Corina Machado, quien salió de la cárcel, pero enfrenta arresto domiciliario y lleva un grillete electrónico en uno de sus tobillos.
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Aunque la mandataria interina dice estar impulsando un proceso de reconciliación nacional, Foro Penal recoge en su lista un total de 14 “presos recientemente reportados”. Por otro lado, con respecto a los 379, 26 son mujeres, 219 civiles, 160 militares y 40 tienen nacionalidad extranjera, incluido el abogado argentino Germán Giuliani.
De acuerdo con esta ONG, “desde 2014 se han registrado 19.171 detenciones políticas en Venezuela”. Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 a Nicolás Maduro sin presentar las actas de escrutinio, estallaron una serie de protestas ciudadanas que fueron sofocadas a sangre y fuego por los cuerpos de seguridad, arrojando un saldo de más de 20 muertos y 2 mil encarcelados.
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En un comunicado suscrito por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y organizaciones de defensoras de Derechos Humanos, afirman que “la realidad de los presos políticos continúa siendo crítica”.
“Pese a las narrativas oficiales, persisten las detenciones arbitrarias, las restricciones al debido proceso, el aislamiento, las desapariciones forzadas de corta duración, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las limitaciones al contacto con familiares y abogados”, detallan en el texto.
Los terremotos que golpearon la región centro-norte de Venezuela el 24 de junio habrían venido a empeorar la situación. “En El Rodeo I -cárcel que alberga presos políticos- persisten los riesgos estructurales por fracturas en literas de cemento y otras áreas de las celdas, donde los detenidos duermen con temor a posibles desprendimientos tras los recientes eventos sísmicos, ante la ausencia de evaluaciones técnicas independientes; a ello se suma que, en lo que va de año, los detenidos allí recluidos han sufrido dos arremetidas violentas e injustificadas, utilizadas como mecanismo de coacción”, denuncian.
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Clippve recuerda que “Delcy Rodríguez tiene la responsabilidad política e institucional de garantizar que todos los órganos bajo la dirección del Ejecutivo actúen conforme a la Constitución, respeten los derechos humanos y adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de quienes permanecen bajo custodia del Estado”.