Oaxaca de Juárez.— De última hora, Lisbeth Mondragón tuvo que parir en casa, después de que en el Centro de Salud de Teotitlán del Valle, Oaxaca, le dijeron que no podían atenderla por falta de personal; pese a que ya tenía ocho centímetros de dilatación la enviaron a otro municipio, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tlacolula de Matamoros, pero por la premura, ella y su esposo decidieron hablarle a la partera.
“Gracias a Dios aceptó Anel [la partera], porque yo ya estaba con ocho de dilatación y aun así nos dijeron que no podían atenderme. La verdad tenía miedo”, cuenta Lisbeth.
Recuerda que durante el embarazo, “desde el centro de Salud me metieron el miedo de que mi bebé venía demasiado grande y mi cuerpo era muy pequeño. Había muchas posibilidades de que yo no pudiera tener un parto natural, y sí se pudo”, dice con una sonrisa en el rostro, acompañada de la partera Anel González.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) define a la violencia obstétrica como “cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o sicológico durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos”.
Lisbeth Mondragón explica que en el Centro de Salud de su comunidad le negaron la atención por falta de personal. Foto: Juana García
Además, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales A. C. (Redin) expone que los Centros de Salud en comunidades indígenas no cuentan con intérpretes en lenguas locales, lo que genera una barrera lingüística y, por ende, violencia obstétrica.
“Si no hay intérpretes, hay una barrera lingüística y, por lo tanto, hay una violencia obstétrica, en donde se estigmatiza a las mujeres indígenas, como esto del porqué tienen muchos hijos. Además, se les hace firmar para someterlas a operaciones para ya no tener hijos; se les obliga a usar algún implante anticonceptivo porque ni siquiera entienden lo que les dice el médico”, puntualiza el director de la Redin, Eduardo Marguth.
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Anel González Bautista, partera y médica tradicional del pueblo zapoteco Teotitlán del Valle, dice que todas las mujeres deben estar acompañadas durante el nacimiento de su bebé, como un acto de amor y dignidad, “nuestro trabajo es el acompañamiento, estar con la paciente, conocernos (...) porque al final de cuentas, la partería es un trabajo colectivo, en equipo”.
Anel, quien lleva 15 años de partera y ha acompañado 108 partos, cuenta que entre los mayores desafíos para desarrollar su trabajo está el poder cambiar “la idea de que los embarazos son dolorosos y con mucho miedo”, que es lo que muchos médicos les han hecho creer a muchas mujeres.
El GIRE indica que las expresiones de la violencia obstétrica pueden ser físicas y sicológicas: “Están las prácticas invasivas, por ejemplo: las cesáreas, cuando se practican sin que exista justificación para realizarlas; la esterilización no consentida o forzada; el suministro injustificado de medicamentos; el retraso de la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto”.
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Aunque al principio Lisbeth había contemplado la posibilidad de que su parto lo atendiera una partera, conforme fue avanzando su embarazo el personal de salud le dijo que eso no era viable, debido a que su bebé “estaba muy grande” y era necesario practicarle cesárea.
“A pesar de que tengo el apoyo del Centro de Salud, de que trabajo con ellos, ellos mismos les transmiten el miedo a las embarazadas. Por un lado, nos dicen que apoyemos en las labores de parto y por el otro que con nosotras no”, detalla Anel.
Insiste que “la partería no es un juego, es algo muy delicado (...) porque es la vida de dos personas que están en nuestras manos, la de la madre y la del bebé”.
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Sin embargo, las políticas públicas para resguardar los conocimientos de la partería han sido cada vez menos favorables para ejercerla; cada año hay menos parteras, aunque en sus comunidades no haya servicios de salud.
Las políticas del Estado han asumido que los conocimientos y métodos de las parteras tradicionales constituyen un peligro para la higiene, la salud y la vida de la madre y del recién nacido.
Tanto que en el estado de Oaxaca apenas y se reconocen mil 486 parteras y parteros tradicionales capacitados en 257 municipios, según datos oficiales en 2025.
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A esto, se suma el señalamiento histórico de la mortalidad materna. Los programas institucionales han responsabilizado a las parteras por las altas tasas de mortalidad materna, lo que ha servido como justificación para subordinar su práctica y forzar la institucionalización del parto en los hospitales.
Apenas en agosto pasado, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que se instaló el Comité Estatal de Partería 2026, una estrategia orientada a integrar la partería tradicional en los sistemas de salud de la entidad.
Lejos de que esta “estrategia” sea en beneficio de las parteras y médicas tradicionales, señalan que más bien es una forma de saqueo y control del Estado sobre los conocimientos ancestrales de las mujeres que, de generación en generación, han ayudado a otras mujeres a parir en un contexto digno, familiar y colectivo.
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