
El gobierno nacional puso en marcha un nuevo instrumento para la focalización de subsidios: el Registro Universal de Ingresos (RUI), cuya base es el Registro Social de Hogares (RSH). Este sistema articula información del Sisbén, que sigue vigente, y de otras fuentes oficiales para determinar la clasificación socioeconómica de cada hogar.
El RUI se convirtió desde el 1 de agosto de 2026 en una herramienta central para la orientación del gasto social. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) lidera la implementación de esta plataforma digital, que permite identificar, clasificar y certificar la situación socioeconómica de los hogares en todo el país. El objetivo es fortalecer la entrega de subsidios y programas sociales a quienes realmente lo necesitan.
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A partir de la entrada en operaciones del sistema, los ciudadanos pueden consultar su clasificación y descargar el certificado que respalda la información socioeconómica de su núcleo familiar.
Este documento será solicitado en trámites relacionados con ayudas estatales y transferencias monetarias. El proceso de transición contempla que el RUI y el Sisbén funcionen de manera paralela hasta completar la migración al nuevo modelo.

El certificado del RUI acredita la posición socioeconómica asignada a cada hogar, lo que permite a las entidades estatales focalizar subsidios, transferencias y otros programas.
A continuación, se describe el procedimiento detallado para descargar el certificado del RUI desde el portal oficial del DNP:
1. Acceda al sitio web de la Ventanilla Social del DNP: ventanillasocial.dnp.gov.co
2. Seleccione la opción Consulta RUI.
3. Elija el tipo de documento de identidad (cédula, tarjeta de identidad, etc.).
4. Ingrese el número de documento sin puntos ni caracteres especiales.
5. Presione el botón Consultar para que el sistema valide la información registrada.
6. Una vez validados los datos, revise la información desplegada sobre su hogar y la clasificación vigente.
7. Haga clic en Imprimir o Descargar para obtener el certificado en formato PDF.

Durante los primeros días de funcionamiento, el sistema puede presentar intermitencias o demoras debido a la alta demanda. Si esto ocurre, la recomendación oficial es intentar el trámite en horarios distintos.
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La arquitectura del RUI integra registros administrativos provenientes de más de 40 entidades públicas, entre ellas la Registraduría Nacional, la DIAN, la Pila y ministerios clave como Educación y Salud. El sistema también permite a los ciudadanos aportar información mediante autodeclaraciones, lo que facilita la actualización de datos.
La automatización de los procesos y la generación de reportes estadísticos mejoran la planeación y evaluación de políticas públicas. Con este modelo, las entidades territoriales pueden acceder a datos consolidados para orientar de manera precisa la asignación de subsidios.
El sistema prioriza la protección de la privacidad de los datos personales. Los usuarios tienen derecho a solicitar la actualización o rectificación de su información a través de la Ventanilla Social, tanto en línea como en las dependencias locales habilitadas.
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El nuevo esquema de clasificación del RUI agrupa a los hogares en cuatro grandes categorías, cada una subdividida en grupos específicos:
A1 - A5: Pobreza extrema (cinco subgrupos, de A1 a A5).B1 - B7: Pobreza moderada (siete subgrupos, de B1 a B7). C1 - C18: Vulnerabilidad (dieciocho subgrupos, de C1 a C18). D1 - D21: Ni pobre ni vulnerable (veintiún subgrupos, de D1 a D21).
Esta clasificación permitirá una focalización más precisa de los programas sociales y facilitará la respuesta ante situaciones de emergencia o crisis social.
Si un ciudadano detecta que la información registrada en el RUI está desactualizada o contiene errores, puede solicitar la actualización correspondiente. Para ello, debe acudir a la Ventanilla Social de su alcaldía local, donde recibirá asesoría para corregir los datos y garantizar que la clasificación refleje su realidad socioeconómica.
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La actualización constante de la información es clave para asegurar que la focalización de recursos públicos sea justa y eficiente.