Perú puso en marcha una instancia de coordinación para identificar los principales obstáculos que afectan la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte y definir medidas que permitan avanzar con inversiones en puertos, aeropuertos y carreteras.
La iniciativa surgió de una reunión entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), en la que se analizaron restricciones vinculadas con las concesiones existentes y otros aspectos que atraviesan su desarrollo, como la gestión ambiental, la disponibilidad de terrenos y distintos procedimientos administrativos.
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Como primer paso, el MTC solicitó elaborar junto con 16 concesionarios un relevamiento consolidado de los problemas que actualmente condicionan los proyectos, acompañado por propuestas concretas para atenderlos. El objetivo es contar con una identificación común de las trabas que aparecen durante la ejecución y orientar las próximas acciones sobre cada sector.
La agenda tiene una relevancia particular para las cadenas de suministro porque incluye desde los accesos terrestres a los puertos hasta la infraestructura aeroportuaria y la capacidad de respuesta de la red vial, tres componentes que condicionan el movimiento de mercancías dentro del territorio peruano y su conexión con los mercados externos.
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Uno de los puntos centrales estuvo puesto en la infraestructura portuaria. Las autoridades y los representantes del sector plantearon avanzar con Mesas Técnicas Sectoriales destinadas a detectar las restricciones que enfrentan los diferentes proyectos y buscar soluciones antes de que se conviertan en nuevas demoras.
Dentro de esa discusión apareció específicamente la necesidad de desarrollar corredores logísticos que faciliten la entrada y salida de mercancías de las terminales portuarias.
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El planteo amplía el análisis más allá de las instalaciones ubicadas dentro de cada puerto. La eficiencia de una terminal también depende de las conexiones que permiten que la carga llegue desde las zonas productivas y pueda continuar su recorrido después de ser descargada.
Según lo discutido durante el encuentro, fortalecer estos corredores permitiría mejorar los accesos y la salida de mercaderías y acompañar la eficiencia operativa de los puertos. El comunicado no detalla qué obras o corredores serían priorizados ni establece montos o cronogramas de inversión, por lo que esas definiciones quedarán sujetas a las instancias posteriores de trabajo.
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La revisión también alcanzará a los proyectos aeroportuarios. En este caso, el análisis se concentró en los tiempos de evaluación y aprobación de los expedientes técnicos que deben atravesar las inversiones antes de comenzar su ejecución.
Las partes acordaron evaluar mecanismos que permitan agilizar esos procedimientos ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la intención de evitar que los plazos administrativos retrasen el comienzo de los proyectos.
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No se anunciaron modificaciones regulatorias concretas ni nuevos plazos máximos para las evaluaciones. El acuerdo, por el momento, consiste en revisar los mecanismos existentes e identificar alternativas para acelerar las aprobaciones.
Otro de los temas abordados fue la capacidad para intervenir rápidamente sobre las carreteras concesionadas cuando se producen emergencias.
Durante la reunión se propuso analizar procedimientos extraordinarios para agilizar permisos y autorizaciones en aquellas situaciones que requieran actuar dentro de las áreas de concesión. El MTC señaló que ya se encuentra trabajando sobre algunas de esas restricciones y acordó reforzar la coordinación con gobiernos regionales y locales.
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El objetivo planteado es evitar que los trámites administrativos dificulten una respuesta oportuna frente a afectaciones sobre la Red Vial Nacional.
La agenda incorpora además el sector de telecomunicaciones, donde se analizaron mecanismos para dar mayor previsibilidad a la renovación de concesiones y facilitar nuevas inversiones. También se identificaron alrededor de 2.000 localidades que actualmente disponen de cobertura 2G y que podrían acceder a servicios 4G o 5G si se resuelven determinadas restricciones regulatorias y administrativas.
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La próxima etapa estará marcada por el relevamiento solicitado a los concesionarios. Ese trabajo deberá reunir las principales dificultades que atraviesan las concesiones y posibles alternativas de solución, lo que permitirá definir posteriormente qué medidas pueden adoptarse en cada área.
Por ahora, el Gobierno peruano no anunció nuevos proyectos ni compromisos adicionales de inversión. La estrategia se concentra primero en identificar y remover obstáculos que afectan a infraestructura ya concesionada o en proceso de desarrollo, con especial atención sobre los accesos portuarios, los procedimientos aeroportuarios y la capacidad de respuesta de las carreteras.
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