Esneyder Negrete
Bogotá, 3 ago (EFE).- Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, cambió la forma de gobernar con la inclusión de sectores sociales que nunca habían tenido acceso al poder y la mejora de sus condiciones de vida, pero su gestión estuvo marcada por serios problemas de corrupción.
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Cuando asumió el poder, el 7 de agosto de 2022, Petro presentó su elección como un punto de inflexión en la historia del país y proclamó el comienzo de "la Colombia de lo posible", una frase con la que resumió su promesa de abrir las puertas del Estado a los sectores históricamente excluidos.
Esa visión quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 'Colombia, potencia mundial de la vida' y también en la conformación de su Gobierno, en el que por primera vez líderes indígenas, afrocolombianos, campesinos y representantes de organizaciones sociales ocuparon cargos de alta responsabilidad en el Ejecutivo.
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Petro reivindica como los logros de su mandato la reforma agraria, una de las principales deudas históricas del país y compromiso del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC, así como la reducción de la pobreza.
En contraste, el mayor golpe a su legado lo dio la corrupción, precisamente uno de los males que prometió combatir.
Escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la investigación por corrupción contra su hijo y otras denuncias contra funcionarios del Gobierno, como dos ministros suyos que estuvieron presos, opacan el final de su periodo que concluye este 7 de agosto cuando asuma el ultraderechista Abelardo de la Espriella.
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Según el balance oficial, su Gobierno formalizó los derechos de propiedad sobre más de 2,28 millones de hectáreas, entregó 351.000 hectáreas a familias campesinas e incorporó otras 806.081 hectáreas al Fondo de Tierras para impulsar una redistribución más equitativa de la propiedad rural.
Otro resultado que convirtió en emblema de su gestión fue la reducción de la pobreza, al punto que, tras conocerse las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), aseguró: "Hemos sacado a cuatro millones de personas de la pobreza monetaria y a casi dos millones de la pobreza extrema", un resultado que calificó como "el mayor avance social del país".
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Según el DANE, la pobreza monetaria pasó del 36,6 % en 2022 al 28 % en 2025, mientras que la pobreza extrema cayó del 13,8 % al 9,6 %.
Pero no todas las transformaciones prometidas se concretaron porque la reforma a la salud, una apuesta de su Gobierno, nunca logró ser aprobada en los términos planteados por el Ejecutivo y naufragó en el Congreso donde Petro no logró consolidar mayorías a lo largo del mandato.
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Tampoco la política de 'paz total', con la que convocó en su discurso de posesión a que "todos los armados dejaran las armas en las nebulosas del pasado" para que "la paz fuera posible", consiguió ese propósito, pues la persistencia de la violencia en distintas regiones del país impidió alcanzar los resultados esperados.
A la 'paz total' también le atribuyen distintos centros de análisis el fortalecimiento de las organizaciones armadas que, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), reunían al cierre de 2025 más de 27.000 integrantes, entre combatientes y redes de apoyo, un 23,5 % más que un año antes, mientras las disputas entre esos grupos alcanzaban el nivel más alto de la última década.
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El escándalo de la UNGRD, considerado el mayor caso de corrupción del cuatrienio, destapó un entramado de desvío de recursos públicos y compra de apoyos políticos que dio lugar a investigaciones contra altos funcionarios, congresistas y contratistas.
A ello se sumaron las pesquisas derivadas de las declaraciones de Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario, sobre la presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022, así como las controversias que involucraron a dos de los colaboradores más cercanos del presidente, Laura Sarabia y Armando Benedetti.
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En la recta final del Gobierno surgieron nuevas denuncias por presunto tráfico de influencias y corrupción que salpicaron a personas cercanas al mandatario, entre ellas la joven Juliana Guerrero, investigada por presuntos cobros irregulares a empresarios y falsedad documental.
Además está el caso de presunto nepotismo en la Aeronáutica Civil por la contratación de familiares de Gabriela Muñoz, otra joven cercana al mandatario, hechos que dieron lugar a solicitudes de investigación por parte de los organismos de control.
Aunque Petro ha defendido que su Gobierno actuó con transparencia y pidió que la justicia actúe "caiga quien caiga", esos episodios terminaron debilitando una de las principales promesas con las que llegó al poder: ejercer una política distinta a la de los Gobiernos tradicionales. EFE
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