
Luego de que la embajada de Colombia en Estados Unidos envió una nota formal al gobierno norteamericano para solicitar detalles sobre el operativo en el que un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) impactó de bala al ciudadano Joan Sebastián Durán Guerrero, la mañana del lunes 13 de julio de 2026, en una calle de Biddeford, en el estado de Maine, a las peticiones se sumó la Defensoría del Pueblo, además del presidente Gustavo Petro.
“Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, amigos y seres queridos”, señala el mensaje de la entidad al inicio del escrito, además de recalcar que “desde el momento en que se conocieron los hechos, solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre las acciones adelantadas por el Gobierno colombiano frente a este caso”.
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En la misma publicación se confirmó que desde la Cancillería se le indicó a la Defensoría que “la red consular de Colombia en los Estados Unidos realiza gestiones ante las autoridades de ese país para obtener información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento y el avance de las investigaciones, además de brindar asistencia y acompañamiento consular a sus familiares”.
Por todo lo anterior, desde la institución colombiana se hizo una petición expresa a las autoridades estadounidenses que lideran las pesquisas para aclarar lo que sucedió.
“Solicitamos a las autoridades competentes de los Estados Unidos que adelanten una investigación pronta, independiente, imparcial, exhaustiva y transparente que permita esclarecer plenamente las circunstancias en las que falleció Joan Sebastián y establecer las responsabilidades a que haya lugar, con pleno respeto de las garantías procesales y los derechos de sus familiares”, reza en la parte final de la publicación.
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Desde la Defensoría se añadió que se continuará “con el seguimiento a este caso”, dentro de las “competencias constitucionales, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos humanos de los colombianos en el exterior”, finaliza el mensaje de la institución, que soportó esta última declaración amparada en el Art. 282.1 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
El presidente Gustavo Petro calificó como “asesinato” la muerte del colombiano Joan Durán Guerrero, en un caso que quedó bajo investigación federal y que llevó al Gobierno colombiano a pedir explicaciones a las autoridades de Estados Unidos.
A través de la Embajada de Colombia en EE. UU., la misión diplomática también indicó que mantiene contacto con la familia y que está en condiciones de brindar asistencia consular.
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Según la primera versión que se conoció el mismo lunes, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos buscaban a otra persona e intentaron detener el vehículo de Durán Guerrero. Al avanzar en dirección a uno de los oficiales, un agente disparó; el colombiano quedó gravemente herido y murió a pesar de ser trasladado a un centro médico cercano.

Petro reaccionó desde su cuenta de X y sostuvo que lo ocurrido en Maine fue “un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los Estados Unidos”.
El mandatario también afirmó que al joven lo mataron por “creerlo un ser inferior” y por considerar que no tenía derechos.
El jefe de Estado sostuvo que Durán Guerrero, a quien describió como una persona con todos los derechos por su sola condición humana, era además “ciudadano con derechos en los Estados Unidos”.
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Al cierre de su publicación, Petro afirmó que Durán fue “víctima de estado” por una persecución y exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales.
El presidente agregó que esas prácticas están prohibidas “desde los tiempos del tribunal de Núremberg en todo el planeta”.
Durán Guerrero trabajaba como repartidor y era padre de familia, y hace poco más de tres años había tomado la decisión de migrar junto su esposa Karolina Rojas y su bebé recién nacida.