Editorial
La política alimentaria y las líneas para el cuidado del agua deben confluir, pues de proseguir la falta de lluvias, la situación podría ser inusitadamente crítica.
En Jalapa, Chiquimula y Baja Verapaz se concentra, por ahora, la pérdida casi total de cosechas de maíz, producto de la sequía imperante, generada por el llamado fenómeno de El Niño, que prácticamente ha convertido los primeros tres meses de la época lluviosa en una prolongación de la temporada seca. No son los únicos departamentos afectados, pero sí los que mayor riesgo nutricional presentan para miles de familias que dependen de este y otros cultivos para el consumo alimentario en el hogar, para la venta y también para la crianza de aves de corral. La situación comienza a mostrar visos de emergencia, pues la segunda siembra también se ve amenazada por las condiciones imperantes.
Las cifras de un reciente estudio de Oxfam, Acción contra el Hambre y otras entidades humanitarias destacan que, en un estudio nacional, ocho de cada 10 familias con pequeños cultivos han perdido la cosecha, del 75% hasta la totalidad. Pero la cuestión se agrava al tomar en cuenta que esto también repercute en la caída de los jornales, la falta de empleos alternativos y el riesgo de no poder pagar créditos adquiridos para la compra de fertilizantes.
En el Corredor Seco se estima que hay 51 mil hogares en 157 comunidades que ya están al borde del hambre. Se encuentran en los tres departamentos mencionados al inicio y también en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango. El mes de julio ha sido el más seco del 2026, pero falta verificar los datos de agosto, que también fue de muy poca precipitación. No se sabe cuánto más pueda durar esta carencia de lluvias, pero sí es necesario que las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo comiencen a visualizar un escenario que requiera una respuesta de ayuda alimentaria en estos territorios.
No es solo el maíz, sino también el frijol, cuyos sembradíos se perdieron totalmente para siete mil 116 hogares analizados, una cifra que puede seguir creciendo dadas las circunstancias. Es previsible que muchos más hogares necesiten comprar esos granos que no producirán, en un mercado impactado por el alza global de precios de combustibles y el efecto de un incremento en la demanda, lo cual contrasta con la limitada capacidad económica. De hecho, en los dos meses anteriores el precio del maíz aumento, en promedio, un 12%, pero la proporción puede ser mayor según el departamento analizado. Sin duda alguna, la cifra más alarmante es que para finales de este mes habrá 3.1 millones de guatemaltecos en riesgo de inseguridad alimentaria, una situación que golpea especialmente a la niñez.
Toda acción en favor de proveer auxilio nutricional debe estar libre de cualquier ruido o interés político, para enfocarse exclusivamente en las estrategias más eficientes para llegar a los hogares más necesitados. Existen proyectos de organismos internacionales, iglesias e iniciativa privada que ya están proveyendo nutrientes en ciertas regiones, pero ante la perspectiva actual se necesita de un informe oficial detallado, técnico y actualizado para la toma de decisiones.
Finalmente, autoridades y vecinos de áreas urbanas y rurales deben comenzar a tomar previsiones en cuanto al cuidado del agua, un elemento vital para la vida, pero que hasta ahora sigue manejándose de forma displicente entre quienes aún poseen este servicio con cierta regularidad. Pero también hay colonias y municipios en donde la escasez ya era frecuente y amenaza con volverse crónica. La política alimentaria y las líneas para el cuidado del agua deben confluir, pues de proseguir la falta de lluvias, la situación podría ser inusitadamente crítica.
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